En una reciente presentación en Lima, el senador chileno Jaime Gazmuri se preocupaba por el creciente alejamiento de los chilenos –especialmente los jóvenes– de la política partidaria y electoral, mientras daba cuenta de la movilización juvenil y de nuevos sectores sociales en masivas protestas y brotes de violencia en un país que muchos, como el Apra, consideran un modelo a imitar. Los viejos partidos peruanos y los fujimontesinistas envidiaban el sistema de los partidos chilenos, pero Gazmuri se preocupaba. Parece que la crisis del sistema de representación política que recorre América Latina toca las puertas al vecino del sur y que allí la gente también se va cansando con la forma cómo se maneja el Estado, la economía –siempre al servicio de los poderosos– y con las enormes desigualdades entre ricos y pobres que hay en Chile.
Curiosamente, era el día siguiente de la llamada \"interpelación\" al premier Jorge del Castillo. Esta había constituido un penoso espec- táculo de la inoperatividad del sistema político para ejercer un elemental control frente a la impunidad de quienes han saqueado las arcas del Estado, lucrado de la función pública y aprovechado del poder. Del Castillo quedó impune, blindado en la escena parlamentaria, a pesar de la evidencia de que no solo había nombrado a Pandolfi –ex primer ministro fujimontesinista procesado y prohibido por 10 años de ejercer función publica– sino que éste había ejercido función por varios meses a propuesta del propio presidente García y hasta negoció créditos con el Banco Mundial, aunque –como Montesinos– lo hiciera \"ad honórem\".
Paralelamente, un masivo paro regional –que dejó dos muertos– sacudió Áncash y nos recordó la existencia del país real y sus cansancios ante el abuso del centralismo o de la evidencia de cómo la riqueza minera solo deja migajas al país y las regiones, fuera de la teatral escena parlamentaria. Como vemos, el gobierno ha cambiado para que nada cambie. Se quiere seguir manejando el Perú con los viejos estilos de siempre: los amarres a trastienda, como lo revela el caso Del Castillo-Pandolfi y la alianza Apra-fujimontesinismo. Con razón se dice que somos un país de oportunidades perdidas.
Sin embargo, contrasta cómo otros pueblos vecinos –Bolivia o Ecuador, por ejemplo– viven hoy procesos de cambios profundos basados en la decisión de la gente de asumir un protagonismo político y romper con sistemas que los excluyen del espacio político, convirtiendo a los ciudadanos y los movimientos sociales en invitados de piedra de una política manejada por argollas que sirven a los intereses de poderosas minorías y excluyen la voz, los derechos y la participación de las mayorías.
En Ecuador, hace varios años, los pueblos indígenas y los movimientos sociales vienen batallando por recuperar sus recursos naturales y el timón del manejo económico y del Estado para el progreso y el desarrollo del país. La batalla por una Constituyente que reforme integralmente el Estado y el manejo económico refleja la decisión de cambio de un pueblo que, mientras escribo esta nota, vota masivamente por el cambio contra los viejos argolleros de siempre, y trabajosamente busca darse formas de organización para conducir el cambio y abrir canales de participación y control bajo el gobierno de Correa.
En Bolivia, hace casi 12 años, un conjunto de organizaciones populares (Confederación Campesina de Bolivia-CSUTCB, Confederación de Colonizadores-CSTSC, Federación Nacional de Mujeres Campesinas-Bartolina Sisa y los cocaleros), cansados de ser manipulados y engañados, decidieron construir un Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos para contar con su propia representación política. Se prestaron el nombre de MAS y se lanzaron a decidir sus políticas y elegir a sus propios candidatos para los cargos públicos. Ganaron presencia municipal y parlamentaria, fueron incorporando a nuevas organizaciones sociales y construyendo con la lucha política social, organización y liderazgos alternativos, hasta llevar a la victoria a Evo Morales e incluir a los excluidos de siempre al manejo de los destinos del país y del Estado, por primera vez en su historia. Y, claro, junto a la recuperación de sus recursos naturales y de la renta que generan, se lanzan a construir nuevas formas de representación política –en la que se rinde cuenta a las organizaciones sociales y al pueblo, y estos controlan el poder– impulsando una Constituyente que institucionalice una nueva política.
Mientras tanto, en el Perú, seguimos con la Constitución fujimontesinista, los recursos naturales entregados a las transnacionales y la tradicional manipulación política alanista, perdiendo el carro del cambio latinoamericano. Seguimos sin renovar la política, tarea de quienes luchamos por el cambio.