DISCRIMINACIÓN SOCIAL Y CULTURAL
La discriminación contra los indígenas es histórica, y en el caso de las mujeres indígenas y campesinas, esta discriminación es doble. Más de la mitad de la población es indígena y mujer, mayoritariamente quechuas y aymaras; y en la Amazonía se estima unas 200 mil personas provenientes de 48 grupos étnicos diferentes. Esta parte de la población sufre la invasión de sus tierras, el saqueo de sus recursos naturales, la discriminación cultural y la falta de reconocimiento a sus instituciones, como son las comunidades campesinas y las comunidades nativas. La discriminación intensifica los sentimientos de inferioridad y la sensación de ser ciudadanos de segunda categoría y es un atentado contra la diversidad cultural de nuestro país.
Las mujeres constituyen más de la mitad de la población del país. Según el último censo nacional de población realizado en 1993, las mujeres son el 51.39%. Asimismo, el 29.9% es población rural. En toda la cadena social, las mujeres indígenas y campesinas, son las más excluidas. Si bien comparten la situación de pobreza de sus hogares y de sus comunidades con los varones, las mujeres presentan mayores desventajas por su condición de analfabetas, indocumentadas y por no tener acceso a la tierra, crédito y otros recursos. En la Constitución Política de 1993 se eliminaron 53 artículos que protegían los derechos económicos, sociales y culturales. El proyecto de Reforma Constitucional que se elaboró en el Congreso en el año 2003, elimina el reconocimiento de la propiedad comunal como una de las formas de propiedad reconocidas en el país. En consideración a que estos problemas están estrictamente relacionados con derechos constitucionales de la mujer, se hace cada vez más necesaria la convocatoria a una Asamblea Constituyente, para que con participación democrática, se reconstruya la institucionalidad con una nueva visión de país y permita una nueva gobernabilidad equitativa, con justicia solidaria y con equidad de género.
Por otra parte, en la época de violencia política, las víctimas fueron mayoritariamente indígenas y campesinas, y entre ellas figuran dirigentes campesinos y campesinas, sindicales, magisteriales, barriales y de organizaciones de mujeres. Debido a que la amplia mayoría de las víctimas provenían de la sierra rural, todos estos abusos fueron cubiertos con el manto de la impunidad. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), nos ha permitido poder conocer la verdad, y exigir justicia y reparación, para que la violencia no se repita. Hemos visto con dolor en el año 2003, por la pantalla de televisión, las audiencias públicas donde la mayoría eran mujeres quechua hablantes, los testimonios de los casos de violencia. Cuando se presentaron las conclusiones de la CVR, en el departamento de Ayacucho, la CCP también se hizo presente, en la marcha conjuntamente con la delegación de la Federación Agraria Departamental de Ayacucho (FADA), para exigir mecanismos para el cumplimiento de las recomendaciones de la CVR, justicia social y reparación individual y colectiva.
De otro lado, hasta la fecha el Congreso de la República no aprueba la Ley de Igualdad de Oportunidades, la que es de urgente necesidad, para que señale claramente las obligaciones del Estado en sus diferentes niveles de gobierno (nacional, regional y local), y podamos contar con una legislación que permita revertir las brechas de género, las que actualmente se expresan en mayor analfabetismo de las mujeres, muerte a causa de complicaciones del embarazo o parto, menor acceso a recursos o a empleo, violencia física, psicológica y sexual, embarazo adolescente y que se traducen en discriminación, exclusión e injusticia para ellas.
Cambiar esta situación y contar con igualdad de oportunidades con los varones, requiere el establecimiento de mecanismos que promuevan la participación de la mujer en la toma de decisiones, tanto en el ámbito de la política nacional, como en la vida comunitaria. Este esfuerzo, debe de partir desde los sectores e instituciones estatales.
La incorporación de la equidad de género en las políticas públicas, requiere de:
Una voluntad política para el cambio al más alto nivel de las instancias del Estado, desde donde se toman decisiones sobre las políticas públicas, las prioridades nacionales y la asignación del presupuesto fiscal.
La existencia de un mecanismo permanente, autónomo y descentralizado, con recursos financieros, con equipos técnicos actualizados; coordinados con las organizaciones de mujeres y la sociedad civil.
EN EL AMBITO LEGAL
Existen avances en la esfera legal, en temas como discriminación de género, violencia de género, mujer rural y política para la igualdad de oportunidades. También podemos señalar la ratificación del gobierno del protocolo Facultativo de la CEDAW y del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
En el marco de la aprobación de la “Ley de Protección frente a la Violencia Familiar” (Ley N° 26260), en 1993 y teniendo en cuenta su reciente modificatoria a través de la Ley N° 27306, donde se incluye la violencia sexual como otra forma de violencia familiar, se vienen brindando y fortaleciendo diversos servicios sociales como las Defensorías del Niño y el Adolescente, los Centros de Emergencia de la Mujer a cargo del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social MIMDES; los Módulos de Atención al Maltrato Infantil (MAMIS), a través del Ministerio de Salud, las Comisarías de la Mujer y los Centros de Atención a la Comunidad Educativa.
Así mismo la aprobación de la Ley de Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes Rurales, el 22 de Noviembre del 2001, que establece mecanismos y presupuestos para mejorar la situación y condición de las niñas y adolescentes de las zonas rurales en relación a su acceso educativo.
EMPLEO Y EDUCACIÓN
Las mujeres son las que tienen el menor acceso a la poca oferta de trabajo que existe en el Perú; y una de las causas principales es el menor nivel educativo. Al respecto, en la PEA nacional, son claras las mayores ventajas de los hombres, dado que tienen un menor porcentaje de personas sin ningún nivel educativo (3%(, frente a las mujeres, las que en su respectiva PEA, tienen 11%, concentradas fundamentalmente en el área rural, en la que los hombres tienen cerca de 4 veces menor porcentaje que las mujeres (6% y 24.5% respectivamente); en la secundaria igualmente los hombres tienen una mayor participación. El porcentaje de la PEA femenina sin instrucción está representada básicamente por las mujeres adultas mayores.
Las mujeres, cumplen también el rol de trabajadoras en la familia y no son remuneradas, en especial en el área rural, ya que ahí la gran mayoría (54%) se encuentra en esa condición; mientras que en las ciudades no sobrepasa el 13%. Esto determina la condición de dependencia del hogar o del esposo.
COMERCIALIZACION
La Ley de Comercialización por parte del PRONAA, sigue sin reglamentación. Según la declaración al diario La Republica del 29/02/2004, el Presidente de CONVEAGRO, Luis Zúñiga Rosas, dijo que las cifras oficiales nos muestran que el Estado gasta aproximadamente 500 millones de dólares al año en compra de productos agropecuarios. De estas compras el 70% son productos extranjeros, con excepción del arroz que se compra a los productores nacionales; la soya, la avena y la leche en polvo son extranjeros. En el programa del Vaso de Leche el porcentaje de productos extranjeros llega al 95%.
La compra a los pequeños productores por parte del PRONAA, es una exigencia que se repite en las plataformas agrarias, tanto de la CCP, del CUNGA, como en la plataforma agraria de consenso.
LA VIOLENCIA DOMESTICA
Según el informe difundido por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), a noviembre del 2003, el 32% de los casos denunciados corresponde a mujeres entre los 26 y 35 años de edad. El Centro de Emergencia de la Mujer de la Ciudad de Puno, es el que se ubica en primer lugar con 12 mil casos denunciados. La violencia doméstica es un flagelo aún más grave en las zonas rurales. Casi todas las mujeres alguna vez unidas, viven o han vivido con su pareja situaciones de violencia; el 41% de las mujeres señalan que alguna vez han sido agredidas físicamente; un 83% algunas veces y un 16% frecuentemente . Las mujeres que son o han sido frecuentemente agredidas por su esposo o compañero, son en mayor proporción mujeres de 45 a 49 años de edad (23%), sin educación 26%, y separadas, viudas o divorciadas el 32% .
También se estima que 8 de cada 10 casos de abuso sexual tienen como agresor a un miembro del entorno familiar de la víctima y 6 de cada 10 embarazos en niñas de 11 a 14 años de edad son producto del incesto o violación .
Consideramos que este problema social debe ser afrontado también, por la salud pública, debido a que los profesionales de la salud pueden detectar desde el inicio a las mujeres golpeadas. En los últimos años, las instituciones del sector público y de la sociedad civil involucradas en la erradicación de la violencia familiar y sexual, han conformado instancias de coordinación y consenso a fin de unificar esfuerzos y potenciar su accionar, entre estas redes tenemos la “Mesa Nacional para la Prevención y Atención de Violencia Familiar”.
DEFENSORIAS COMUNITARIAS
La CCP considera, que las instituciones que se han formado para la prevención y tratamiento de la violencia, tienen serias limitaciones para prevenir y atender los casos de violencia doméstica en las Comunidades Campesinas y en el sector rural; para este efecto, están funcionando en varios lugares del país, las Defensorías Comunitarias. Estas instituciones funcionan con personal voluntario y sin ningún presupuesto para materiales para registrar los casos y hacerles seguimiento, ni dinero para acompañar a la víctima a los exámenes legales y otros trámites necesarios para la denuncia y seguimiento. Pero tienen la ventaja de que las lideresas o líderes de la Comunidad elegidos para estos menesteres tienen ascendencia moral entre los habitantes y cuando es necesario lo ponen a debate en la Asamblea de la Comunidad, la que acuerda las recomendaciones o sanciones pertinentes.
SALUD REPRODUCTIVA
En lo relativo a la salud, debemos indicar que la mortalidad de las mujeres está por debajo de la mortalidad de varones a lo largo de las diversas etapas del ciclo de vida . Perú se caracteriza por tener una de las tasas de mortalidad de las mujeres más altas de Latinoamérica, principalmente por una alta tasa de mortalidad materna, que alcanzó las 185 defunciones por 100 mil nacidos vivos en el año 2000 ; y está estrechamente relacionada con la cobertura de los servicios de salud y por tanto por causas evitables. Así por ejemplo, tenemos que el 47% de estas mujeres fallece por hemorragias después del parto; el 12% por hipertensión arterial inducida por el embarazo; El 15% por infecciones del parto y del post parto; por aborto 5% y por parto obstruido 1% .
Las condiciones para la maternidad de las mujeres no son buenas. Sólo el 49.5% de los partos se producen en un centro de salud y con la atención de profesionales del área. Por un lado las condiciones físicas y de salud no son las deseables, y por otro lado los servicios estatales no logran cubrir la demanda.
Con respecto a la atención en los centros de salud, a los que son obligadas todas las mujeres, con cargo a que si no lo hacen paguen una multa al momento de inscribir al hijo o hija nacidos, las compañeras campesinas presentan muchas quejas, empezando la lista con la lejanía del centro de salud, seguido de maltrato de los profesionales de la salud, la falta de medicinas en estos centros y el no respeto a sus formas ancestrales de dar a luz.
ACCESO A LA PROPIEDAD DE LA TIERRA
En el área rural la pobreza y la discriminación están muy vinculadas al desigual acceso a la tierra. La única fuente de información oficial de que se dispone es la que proviene del Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) 1994. En él se señala que del total de mujeres productoras individuales censadas sólo un 4.7% contaba con títulos de propiedad debidamente registrados, en el caso de los hombres esta cifra llegaba al 14.7%. Entre las razones que se dan están, las desventajas que tienen las mujeres como las altas tasas de analfabetismo, bajos niveles de acceso al información y falta de documentación legal, así como las conductas discriminatorias por parte de los operadores que tienden a dar la titularidad a los hombres en tanto jefes de familia; y sólo ante la ausencia de él se otorga a las mujeres
CREDITO
Con respecto al crédito, todavía sigue siendo bajo el porcentaje de créditos solicitados por las mujeres, y por ende la cantidad de mujeres beneficiarias y los montos otorgados son aún insuficientes . Entre las principales dificultades o causas de desaliento que enfrentan las mujeres para tener acceso al crédito están, los excesivos requisitos y la carencia de garantías subsidiarias o aval; sin embargo también se señala prejuicios socio-culturales tales como “que no confían en una mujer” .
CAPACITACION TECNOLÓGICA
Sobre la capacitación técnica, según III CENAGRO sólo el 7% de las mujeres pequeñas productoras recibió capacitación de un 76% que demandó este servicio. Existe por tanto la necesidad de ampliarla, y no sólo limitarse con formación práctica, sino que también debería integrarse en un programa global más amplio que incluya mecanismos de financiación, apoyo para acceder al mercado, acceso a nuevas tecnologías, entre otros aspectos.
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA MUJER
Si bien se ha incrementado la participación de las mujeres en los procesos electorales, aún existen brechas en el ejercicio del poder entre mujeres y varones, no sólo por razones, étnicas, raciales, geográficas; sino que también se las excluye socialmente de participar en las decisiones que conciernen a la solución de problemas colectivos. Esta exclusión no solo de advierte en las zonas rurales, también ocurre en zonas urbanas. Hay que remarcar que en el año 2001, las electoras hábiles representaban el 50% de la población electoral, es decir unas 7 millones 487,868 electoras. (ONPE 2001).
Un informe sobre la participación de las mujeres en la dirección de los partidos políticos, nos muestra que la mayor participación la tiene el APRA con 22.7%, Acción Popular (20%), Partido Popular Cristiano (16.6%), Perú Posible (15%), Somos Perú (12.5%), Frente Independiente Moralizador 11.1%). (Revista Cuarto Femenino. Enero del 2004).
La aplicación de los mecanismos de cuotas , han dado resultados positivos. Para el período de 1995-1998, fueron elegidos 92% de varones candidatos para ocupar cargos como regidores y, el 8% lo conformaron las mujeres. En cambio en el período de 1999-2002, las cifras aumentaron, en cuanto a mujeres regidoras a 24% y disminuyó la de varones. En las elecciones parlamentarias, en 1995 el porcentaje de participación de las mujeres fue de 11%, mientras que el de los varones de 89%. En las elecciones generales del 2000, fueron elegidas 22% de mujeres candidatas y 88% de varones. En cambio en las elecciones excepcionales del 2001, la representación de las mujeres disminuyó a 18%. En este proceso se aplicó el distrito electoral múltiple. Sin embargo hubo problemas en la aplicación de la cuota afectando los resultados en 3 departamentos del país.
El principal impedimento para el ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres, en especial de las zonas rurales y urbano marginales es su situación de indocumentación. Según el censo de 1996, del total de mujeres de 16 a 49 años de edad, el 5,2%, es decir, aproximadamente 312 mil, no cuentan con un documento de identificación (partida de nacimiento, libreta militar, libreta electoral, etc). El mayor porcentaje de mujeres indocumentadas residen en el área rural (53,1%). Esto las inhabilita para elegir, ser elegidas y acceder a recursos productivos.
LA PARTICIPACION DE LA MUJER EN EL MOVIMIENTO SOCIAL
Las mujeres cuentan con importantes organizaciones como el vaso de leche, club de madres, comedores populares, wawa wasis; y en las zonas rurales los comités de productoras. Tienen también en muchos lugares, escuelas de formación para lideresas. Estas diversas formas de organización que surgieron para enfrentar la crisis económica crecieron y se multiplicaron y son una muestra palpable de la capacidad de gestión de las mujeres. En nuestras federaciones campesinas de base, están organizadas tanto en organizaciones autónomas de mujeres como en las federaciones mixtas.
Estos gremios de campesinas han participado activamente en el paro nacional agrario del 25 y 26 de septiembre. Desde las dirigentas nacionales de la CCP hasta las dirigentas de los gremios distritales, han realizado el trabajo conjunto de convocatoria, organización y preparación de propuestas para abrir el diálogo. En las marchas de protesta es muy común ver a las dirigentes mujeres encabezando la movilización. En la última medida de lucha, las mujeres campesinas regidoras de Puno, encabezaban las delegaciones de sus provincias. Un indicador del grado de avance en la sustentación de las propuestas lo mostraron las lideresas productoras de la hoja de coca, en la televisión nacional, cuando realizaron la negociación con el Primer Ministro, luego de su marcha de sacrificio a principios del año 2003.
La CCP ha tomado como suya la reivindicación de la mujer en la lucha contra la violencia doméstica y plantea como alternativa la conformación masiva de las Defensorías Comunitarias, planteando para esto una partida especial en el presupuesto en la que están contempladas las casa de refugio que funcionan en las ciudades, pero que no existen en el campo.