La Confederación Campesina del Perú, se dirige a la opinión pública del país, para expresar su apreciación en torno a la difícil situación por la que atraviesa la agricultura peruana y la gran mayoría de los productores, en especial las comunidades campesinas y los pequeños productores.

Esta valoración - en primer término - la realizamos tomando en cuenta los principales acontecimientos que han sucedido en el transcurso del año 2004; para luego pasar a un análisis mucho más detallado, sobre los impactos que traen consigo, las medidas económicas y sociales que implementa el gobierno.

Queremos dejar constancia que nuestro balance, que ponemos a disposición de todos, se ha enriquecido con la información y el debate que se produjo en el VIII Conveagro Nacional, que se realizó el 2 y 3 de setiembre.

I. EL AGRO EN EL ESCENARIO DEL 2004

El 2 de enero 2004, los agricultores y el pueblo peruano, nos enterábamos de la reducción de los aranceles para el trigo, concretándose de esta manera, el sistemático trabajo de lobby que realizan las empresas importadoras y molineras con los altos funcionarios del MEF y del MINAG. En efecto, el 31 de diciembre del 2003, el gobierno decretó la rebaja de los aranceles al trigo importado, de 25 a 17%; siguiéndose de esta manera con la desprotección del agro (política de fronteras abiertas), a la cual nos tiene sometido - desde hace más de una década - el modelo neoliberal.

El 14 de enero, se firma la Plataforma de Consenso de los Gremios Agrarios, donde brilla por su ausencia el planteamiento central de exigir la modificación de la Política Económica vigente, que si levanta la Plataforma Unitaria del CUNGA; y por otro lado, están en segundo plano, por decir lo menos, las demandas de los pequeños productores de la costa, selva y principalmente de la sierra, que en conjunto constituimos cerca del 84% del total de productores que existen en el país.

El 20 de febrero, se firma la llamada Carta Verde entre el gobierno y algunos sectores de Conveagro y gremios de exportadores, que a parte de no contemplar la propuesta de modificar la política económica vigente y con la excepción del numeral Nº 9, referida a la defensa de la producción nacional; los demás numerales (11) son declaraciones líricas, sin políticas concretas, que otorgan el espacio necesario y suficiente para que el gobierno siga aplicando su política neoliberal.

En esa misma fecha (20 de febrero) el gobierno lanza su Plan de Relanzamiento Agrario 2004-2006, que a decir verdad, es la repetición de políticas que implementó la dictadura Fujimorista y que fundamentalmente favorecen a pequeños sectores del agro exportador y a algunos sectores de los medianos productores, que al igual que los primeros, se ubican principalmente en la costa. Por otra parte, el 24 de febrero, el diario El Comercio, informaba al país, que según el BCRP, en el año del 2003, se había producido la inversión pública más baja de los últimos 30 años y que esta apenas llegaba al 1.7% del PBI.

En marzo - abril, los agricultores, la opinión especializada y pública en general, tomaba conciencia plena de que la agricultura esta afectada por un cuadro generalizado de sequía, que no solo afectaría la producción agropecuaria del año 2004 sino que se extendería, incluso al año 2005. En mayo, a la sequía climatológica, se añadía la sequía de inversión, cuando el MEF, informaba (Diario Gestión), que la inversión publica en el año de 2004 volvería a caer respecto al año anterior y que esta apenas representaría la cifra 1.3% del PBI.

En los meses de mayo-junio, se inicia las negociaciones del TLC con el gobierno de EEUU y en ese proceso que dura hasta la fecha, el presidente Toledo afirmó que el TLC, se firma Si ó Si; y el ministro de MINCETUR, Alfredo Ferrero, señala que por “30 productos agropecuarios no se va dejar de firmar el TLC”. Más aún, en todo este mismo proceso del TLC, el gobierno no levanta, el compromiso expresado en el ítem Nº 9 de la Carta Verde, que señala la necesidad perentoria de corregir las distorsiones que generan los precios internacionales subsidiados, como tampoco en el plano interno del país, ha tomado medias concretas correctivas para defender la producción nacional.

Prácticamente, los negociadores gubernamentales, sólo se han abocado a tratar de consolidar las concesiones que EEUU otorga a través del APTDEA, aceptando con suma facilidad las llamadas canastas de desgravación, que significa la renuncia a un manejo soberano de nuestra política de aranceles para defender la producción nacional.

Entre enero y julio del presente año, el hecho más importante que ha ocurrido en el escenario nacional y agrario, es que sectores del movimiento campesino y agrario, se lanzaron a la lucha, donde destacó el movimiento de los cocaleros, de las Comunidades Campesinas del norte del país (Piura y Cajamarca) en conflicto con las empresas mineras (Majaz y Yanacocha), así como también el explosivo movimiento del pueblo y de las comunidades campesinas de la provincia de El Collao (Ilave), que además de ser una lucha por la democracia, es también una lucha por el desarrollo agrario y rural. Estas luchas sectoriales convergieron hacia una medida de lucha nacional; que desembocó en la participación de la CCP en el exitoso paro cívico nacional del 14 de julio, cuyas demandas centrales han sido la modificación de la política económica y una nueva Constitución Política.

En este sucinto recuento, no podemos dejar de mencionar - el mensaje que el presidente Alejandro Toledo pronunció el 28 de julio, que para la mayoría de los analistas agrarios, ha tenido escasa trascendencia con relación a la solución de los verdaderos problemas que tiene el agro peruano. El gobierno, no ha podido mostrar verdaderos resultados que indiquen que las políticas macroeconómicas y agrarias que implementa, están revirtiendo la gran crisis que vive la agricultura peruana.

En cambio, el discurso presidencial, ha estado lleno de oraciones altisonantes a las que nos tiene acostumbrados Toledo, como aquellas frases sin contenido, donde señala “que su gobierno ha hecho grandes esfuerzos para devolverle prioridad al sector”. Cuando, el gobierno, ha mostrado algunos indicadores supuestamente positivos, como veremos más adelante, estos principalmente son resultados de factores transitorios o de esfuerzos de los propios productores, antes que fruto de políticas del Estado.

Incluso, presentó indicadores que no corresponden a la verdad, como es el caso de la disminución de la pobreza en el país. Por ello, no dejó de llamar la atención - hasta sorprendió a propios y extraños - cuando el presidente Toledo afirmo que durante su gobierno (tres años), la pobreza disminuyó en el conjunto del país, así como en los ámbitos urbanos y rurales. Como dice la editorial de la revista Agro Noticias (Nº 292): “No pasaron ni minutos y los conocedores de la materia empezaron a desbaratar tal aseveración, hasta pulverizarla en los días subsiguientes”.

Luego de ello, el gobierno no ha tenido la valentía política de señalar que se equivocó ó de salir a decir por lo menos, que estuvo mal informado por parte de sus asesores, que arreglan estadísticas y no conocen la realidad que vive el pueblo peruano, en particular el agrario y el campesino. Ahora, luego de esta breve y rápida lectura del escenario, pasemos a examinar la dimensión real de los problemas por los que atraviesa la agricultura peruana.

II. LA CRISIS DEL AGRO SE PROFUNDIZA Y LA POBREZA SE EXTIENDE

A pesar de los anuncios y promesas reiteradas del gobierno - como el último mensaje presidencial - de atender las necesidades del agro y de las comunidades campesinas, lo cierto es que la crisis de este sector no sólo se mantiene sino que se ha agudizado. Todo hace prever que no solo terminaremos mal el año del 2004, sino que la campaña agropecuaria 2004-2005, arrastrará la pesada carga de este año, agregándose los impactos negativos que tiene el alza del petróleo y su derivados, la falta de financiamiento, la ausencia de políticas para mejorar los precios en chacra. Todo lo cual hará mucho más insostenible la situación de los cientos de miles de pequeños productores y de las comunidades campesinas. Veamos:

2.1 El campo soporta una sequía prolongada.

Desde los últimos meses del año 2003, el régimen pluvial comenzó a reducirse, y ahora podemos decir, que transcurrido 9 meses del año 2004, el Perú está viviendo un año de plena sequía. Como todos sabemos, después de un año de sequía viene un año seco, que afectará también a la producción del año 2005. La falta de verdaderos planes de prevención del parte del Estado y del MINAG, así como la ausencia de los recursos necesarios para atenderlas, han transformado estos fenómenos climatológicos en verdaderas catástrofes económico-sociales, cuyas victimas mayoritariamente son los pequeños productores.

Ante las últimas emergencias causadas por las nevadas y friajes del sur andino, el Presidente Toledo en su mensaje del último 28 de julio, ha anunciado apenas la entrega de 15 millones de soles, que obviamente serán insuficientes, porque sólo Puno, requiere no menos de 20 millones de soles. Ante esta situación, diversas federaciones campesinas y de productores agrarios sobre todo de la sierra como las de Puno, Cusco, Huancavelica, Ayacucho, entre otras, vienen demandando y movilizándose desde comienzos de año por la declaratoria de la emergencia agraria y no han sido escuchados por el gobierno.

2.2 El año 2004, es ya un año recesivo para el agro.

Por los efectos de la sequía y la persistencia de una política económica neoliberal, así como por la ausencia de verdaderas políticas sectoriales para el agro, este sector enfrenta una grave recesión en el 2004. De acuerdo a las proyecciones de las cifras oficiales del INEI, en los primeros 7 meses del presente año, el PBI Agropecuario registra una caída del 2.1% con respecto a los mismos meses del año anterior, particularmente, la caída será más pronunciada en el sector agrícola (-5%), que como sabemos representa como promedio cerca del 60% del Valor Bruto de la producción agropecuaria.

Esto significa que la oferta agropecuaria va a disminuir, afectando el consumo per cápita; a su vez esta contracción de la producción genera escasez, lo que contribuirá al incremento de los precios de los alimentos que serán fundamentalmente aprovechados por los mayoristas, y no por los productores en chacra. Es decir, se agudizará la situación de pobreza y miseria que atraviesa el campo y particularmente las comunidades campesinas.

2.3 Una escasa, por no decir nula, inversión pública para la transformación productiva del agro y en particular de la pequeña agricultura.

En el año 2003, la inversión pública fue apenas de US $ 973.6 millones, que según el BCR, constituyó la cifra más baja de los últimos 30 años y que sólo representa el 1.7% del PBI. Para el año 2004, el gobierno solo ha programado la inversión de US $ 805 millones, cayendo, en cerca de 178 millones de dólares, respecto al 2003, lo que sólo representa el 1.3% del PBI. El Premier Carlos Ferrero, el 31 de agosto (ver diario Gestión) ha anunciado que la inversión pública, aún seguirá baja en el 2005. Todo esto no hace sino confirmar que la política neoliberal que implementa el gobierno se basa en la disminución sistemática de la inversión pública.

Como ya sabemos, del total de esta escasa inversión pública, como promedio aproximadamente sólo el 15 % se dedica a la agricultura, lo que resulta insignificante para resolver los grandes problemas del agro, con la agravante de que básicamente se dirige a la infraestructura de llamada agricultura de punta de la costa, que se concentra en la gran infraestructura de riego. Es decir, a los pequeños productores, sólo les llegan migajas que además no están dirigidas a la producción y transformación. Ante esta situación, la CCP ha venido demandando que la inversión pública, se incremente en 25% del total del Presupuesto General de la República y que de este monto, un 50 % se destine al agro de manera descentralizada, para atender las necesidades productivas y sociales, principalmente de las comunidades campesinas y la pequeña producción.

2.4 Las importaciones siguen creciendo y entran al país como Pedro en su casa

El 28 de julio, el presidente Toledo informó pomposamente al país: “Actualmente, en promedio, de cada 10 toneladas de alimentos consumidos en el país, solo una es importada”. El Ministro del MINAG, el ing. Álvaro Quijandría, en su discurso Fortaleciendo el Agro, añade: “Se ha reducido la brecha de dependencia alimentaria. Actualmente, en promedio, sólo una tonelada de alimentos de cada 10 consumidas, son importadas”

¿Será verdad tanta belleza? ¿Estarán disminuyendo, tanto las importaciones, como las importaciones per cápita, como para decir que nos en caminamos hacia la reducción de la brecha de la dependencia alimentaria? ó ¿Sólo estamos ante informaciones sesgadas y parciales que dan base para artificios y conclusiones, también sesgadas y parciales? Veamos:

Para manejar bien el análisis sobre este tema, es bueno recordar que según las informaciones del MINAG (Infamación es Poder. Agosto del 2000), en la década de los 80s, el promedio anual las importaciones agropecuarias fueron de 527 millones de dólares; y que en la década de los 90s (época del fujimorismo), este promedio anual se incrementó espectacularmente hasta llegar a la cifra de 1,166 millones de dólares y el año de de 1998, fue el año punta de estas importaciones que ascendieron a la cifra 1,253 millones de dólares. Asimismo, la importación per cápita de la década de los 80s fue de 107 Kg. / hab. / año (promedio anual) y creció a 147 Kg. / hab. / año, en la década de los 90s.

Como fruto de la recesión de 1999 al 2002, las importaciones sufrieron una leve reducción respecto a la década de los 90s, que tuvieron como promedio anual la cifra de 930 millones de dólares. Superada la recesión, nuevamente las importaciones agropecuarias en especial la de los alimentos (trigo, maíz amarillo duro, oleaginosas, soya y otros), están volviendo a crecer con el mismo - ritmo y valor en dólares- que crecieron en la década del fujimorismo. En efecto, según la propia información del MINAG, presentada en la VIII CONVEAGRO, en el 2003, las importaciones ascendieron a cifra de 1,032 millones de dólares y en el 2004 subirán (proyección) a la cifra de 1,205 millones de dólares.

Y no podía de ser de otra manera, ya que el gobierno no ha aplicado ninguna medida significativa para corregir la distorsión que generan los precios internaciones de las importaciones subsidias que ingresan al país. Por el contrario, el año del 2003 se negó y cerró todas las puertas para atender la propuesta del CUNGA de elevar los aranceles del maíz amarillo duro, el algodón y las carnes. El 2004, comenzó con la decisión del gobierno de rebajar los aranceles del trigo importado que es el producto de mayor valor entre las importaciones que ingresan al mercado peruano. Como tampoco, después del 20 febrero a la fecha, ha aplicado ni ha tomado una medida concreta para defender la producción nacional, echando al tarro de la basura, el compromiso que adquirió cuando firmó la Carta Verde (numeral Nº 9).

Finalmente, respecto a los artificios realizados por el gobierno que quieren dar a entender que cada vez consumimos menos productos importados, hay que señalar lo siguiente. Como se sabe y es de dominio público, en los tres últimos años, la producción nacional de la leche, azúcar y el arroz, han crecido principalmente como resultado de que se abrió un margen para este crecimiento, derivado de que las importaciones de estos productos se han encarecido en estos mismos años, más que por la franja de precios, porque se han incrementado los precios internacionales de estos productos. Es decir, este crecimiento se ha producido por los movimientos de mercado (encarecimiento de la oferta internacional); y obviamente, por el propio esfuerzo de los productores, antes que sean fruto de una política de defensa de la producción nacional agropecuaria.

Todo esto significa también señalar y recalcar que el crecimiento de la producción nacional de la leche, azúcar y arroz, no logró detener la tendencia de crecimiento de las importaciones agropecuarias. En todo caso, de no haberse producido el encarecimiento de la oferta internacional, las importaciones se habrían incrementado, aún más. Desde estos hechos, se hace más que evidente que la brecha de dependencia alimentaria, así como nuestra vulnerabilidad, se han incrementado; y se incrementarán en la medida que siga vigente el modelo neoliberal.

2.5 Los precios de los productos en chacra no mejoran. Algunas golondrinas no hacen el verano.

Como ya lo ha manifestado la CCP en diversas oportunidades, uno de los factores que impide la rentabilidad del agro nacional y el incremento de los ingresos de los productores, son los bajos precios de los productos agropecuarios, como consecuencia de la política neoliberal que:

(a) Permite, la competencia desleal de los productos importados, que además de arrinconar la producción nacional, contribuye de manera decisiva a la caída de precios ;

(b) Mantiene sistemáticamente una demanda deprimida (capacidad adquisitiva) de la población, que se consolidó en la década de los 90s y que continua hasta la fecha; y

(c) Al hecho de que no existan políticas de sostenimientos de precios y otras medidas; que permitan no solo mejorar los ingresos de los productores, sino corregir el desigual intercambio entre la ciudad y el campo, que se desenvuelve en contra de los productores y campesinos.

Como expresión directa de estas políticas, en las 2 últimas décadas, estamos viviendo un cuadro generalizado de caída sistemática de los precios agropecuarios. Veamos:

Según, el propio documento del MINAG sobre “Lineamientos de Política Agraria para el Perú”, de agosto del 2001 y de sus estadísticas (Pág. 13) que toman como base el año de 1979, revela que el índice de precios reales agrarios en 1985 era de aproximadamente cerca de 100; mientras que en el año del 2000, este mismo índice era apenas de 40. Es decir, que el conjunto los precios agropecuarios reales agrarios del año 2000, perdieron su valor en cerca de 60 % respecto a 1985.

A esta situación hay que agregar que entre 1999 hasta 2002, vivimos un proceso recesivo, que siguió acentuando la caída de los precios agropecuarios, hecho que llevó, al entonces Ministro Ing. A. Quijandría, en abril del 2003, afirmar lo siguiente: “Primero, admito que los precios agrarios han acumulado un retrazo promedio de 25% en los últimos 4 años”.

Es decir, estamos ante una de las políticas más perversas que afectan brutalmente a los productores agrarios desde hace más de una década, en especial desde que se impuso la política neoliberal, cuya corrección, requiere de cambios de políticas macroeconómicas y sectoriales, que permitan abrir un proceso de recuperación generalizada de los precios agropecuarios. Y esto es precisamente lo que no ocurre con la política que implementa el gobierno actual.

De este modo, la afirmación realizada por el presidente Toledo, en su mensaje del 28 de julio, en el sentido de “Se vienen recuperando los precios al productor en arroz, algodón, papa, café, azúcar y leche, entre otros”, es una verdad a medias y como toda verdad a medias es también una falacia.

Porque, si bien es cierto, que han subido los precios de estos productos; también es cierto que estos pequeños incrementos, son transitorios y están fuera del control de las políticas del gobierno (menor oferta por la sequía, incremento momentáneo de los precios internacionales y otros); pero sobre todo, están bastante lejos de