La propuesta de Alan García para que el Estado asuma la defensa de los militares acusados de violar los derechos humanos durante la época de la violencia política, es una medida que busca consagrar la impunidad, y además pone en cuestión la función tuitiva del Estado, que se refiere a la protección de los más desvalidos, alertó el director de la Asociación Pro Derechos Humanos, Aprodeh, Miguel Jugo .

Asimismo, señaló que es una medida inequitativa, pues el Estado termina protegiendo a los mandos militares acusados de un delito, que por lo demás tienen abogados y estudios prestigiosos; en tanto que no se atiende a las víctimas que no cuentan con recursos para ejercer su defensa. Miguel Jugo recordó que muchos casos se vienen aclarando por confesión de los mismos perpetradores, y lo que se quiere ahora es darles protección y de esa manera exhortarlos a guardar silencio.

El representante de APRODEH condenó que de nuevo se levante la tesis que sostiene que cuando se investigan violaciones a los derechos humanos, se mancilla a las Fuerzas Armadas, y por lo tanto, estas deben protegerse. De esa manera solo contradicen lo que ellos mismos han señalado, en el sentido de que no hubo órdenes, ni una política violadora de derechos humanos, sino que solo fueron excesos.

Miguel Jugo remarcó más adelante que la medida anunciada por Alan García tiene como de sus principales beneficiarios al actual primer vicepresidente de la República, el vicealmirante Luis Giampietri, cabeza visible de la impunidad en el Perú, quien juega a defender lo indefendible y a librar a los militares violadores de derechos humanos; además de fortalecerlo políticamente.

El director de Aprodeh, señaló también que las víctimas de las violaciones también deberían tener una atención privilegiada del Estado, como ha sucedido en las experiencias chilenasy argentinas. Agregó que “En nuestro país reinan el racismo, la discriminación y la inequidad y estas personas no importan para el Estado, pese a que según la Defensoría del Pueblo más de 1,300 personas se encuentran sin defensa legal. Este tema no interesa a este gobierno”.

Aprodeh seguirá dando apoyo legal a las víctimas, así como informando a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA sobre esta situación; en tanto, que las organizaciones de víctimas deben seguir exigiendo la atención del Estado y comprometer también a los gobiernos locales y regionales, remarcó Miguel Jugo.