Es indudable que la agroexportación es una actividad muy rentable y por ello se ha convertido en el tema de moda cada vez que se habla de desarrollar el país. Por ello, el gobierno se ha preocupado de darle una serie de beneficios para impulsarla como es la firma del TLC hasta las gollerías tributarias de las que goza. Sin embargo, esta actividad tiene también otros rostros, no tan presentables, por lo que muchos se encargan de esconderlos.

Enrique Fernández Maldonado Mujica, estudioso de esta problemática se encargó de analizar en la II Escuela Nacional Campesina, esas otras realidades que esconde la agroexportación. En Ica, por ejemplo, se ha incrementado notablemente el número de empresas que se dedican a la agroexportación, sobre todo de espárragos; y uno de sus más connotados empresarios es el ex ministro fujimorista de agricultura, José Chimpler, hoy prominente director del Banco Central de Reserva, nombrado por el actual gobierno aprista. Las ganancias de los agroexportadores se incrementado casi al doble en los últimos años.

Sin embargo, los peones agrícolas que laboran en esta actividad no perciben necesariamente esta bonanza de los ingresos, y aquí empieza a generarse una gran desigualdad en la distribución de estos ingresos. Estos trabajadores ganaban apenas 16 soles diarios en el año 2000, trabajando jornadas de hasta 10 horas, e incluyendo algunos pocos beneficios. Hoy ganan casi 20 soles diarios, pero en ese monto están incluidas sus vacaciones y compensación por tiempo de servicios. Los ejecutivos de las empresas han pasado de ganar 3,690 a 6,100 soles.

Fernández Maldonado, explica que si bien la agroexportación abre la posibilidad de nuevas fuentes laborales, el problema es la calidad del trabajo. Además de las jornadas de más de 10 horas, las condiciones son precarias, no tienen seguridad en el transporte a los campos de cultivos, no les pagan sobretiempos, muchos laboran a destajo, solo algunos tienen acceso a seguridad social, no cuentan con herramientas adecuadas, están expuestos a diversas enfermedades y sin posibilidades de sindicalizarse.

Y todos estos atropellos se amparan en la ley 27460 de Promoción Agraria que tenía un carácter temporal, pero que ha sido prorrogada, para seguir favoreciendo a los exportadores; y todo ello, con el apoyo del Apra. Por ello, Fernández Maldonado plantea exigir la inconstitucionalidad de esta norma legal que ampara la sobre explotación de los trabajadores agrícolas.