Para la CCP, el conflicto de Combayo videncia los límites de la política que aplica el gobierno aprista frente al poder minero, y que se resume en estirar la mano para mendigar el “óbolo voluntario” de las poderosas transnacionales mineras; es decir, pedir limosnas, en vez de ejercer el poder soberano del Estado y el pueblo peruano para hacer respetar sus derechos como propietarios de los recursos naturales.

En un comunicado en el que respaldan la lucha de los campesinos de Combayo y rechaza la prepotencia de Yanacocha, la CCP señala que este conflicto es consecuencia tambén de “la impunidad de una empresa que amparándose en cuestionados contratos de estabilidad tributaria, hoy se niega a pagar impuestos a las sobreganancias por altos precios del oro, así como las regalías que ordena la ley aprobada en el Congreso y ratificada por el Tribunal Constitucional”.

Para la CCP, la actitud del gobierno frente a la minería, es coherente con sus políticas expuestas por Alan García el 28 de julio, que centra sus expectativas de desarrollo en la gran inversión extranjera que se resumen en la frase: inversión minera: ahora o nunca. “No ha pasado ni un mes, y ya estamos viendo lo efectos de este anuncio. Por ello, requiere mostrarse complaciente con el poder minero y darle las mayores garantías para dichas inversiones, por lo cual anuncia que “pondrá orden” frente a los reclamos de los pueblos, lo que no es otra cosa que anunciar mayor represión y criminalización de las protestas sociales, acusando al movimiento rondero y campesino de estar infiltrado por la izquierda extremista”, remarca el comunicado.

YANACOCHA DECIDE SOBRE EXPLOTAR EL RECURSO AGUA PARA SEGURAR SUS SOBREGANANCIAS
“Es bueno remarcar el contexto en que se produce este conflicto. En menos de 14 años, Yanacocha se ha convertido en la primera empresa productora de oro en América Latina y la tercera en el mundo, y sus ganancias se optimizan por los bajos costos de producción y los altos precios que tienen el mercado internacional. En el 2003, el costo de producción de una onza de oro era de 110 dólares aproximadamente, y el precio de venta de 320 dólares la onza. Ahora, en 2006, el costo de producción es de 135 dólares, mientras que el precio se ha disparado a la suma de 650 dólares la onza”, sostiene la CCP.

Agrega que “Conocedores de esta realidad, Yanacocha, ha entrado a una fase de intensificar y ampliar sus operaciones para aprovechar al máximo esta coyuntura internacional de buenos precios, a lo que se agrega el hecho de que el precio del oro seguirá subiendo por la decisión de algunos países y grandes empresas de acumular sus reservas en oro, reemplazándolos por el alicaído dólar, que cada día se devalúa más. Por ello, según los expertos, a fines de este año el precio podría llegar al “techo” de 1,000 dólares la onza”.

“Esta sobre explotación minera demanda una mayor utilización del agua, lo que pone en riesgo los acuíferos y otras fuentes de agua de la cual también se alimenta la población y la actividad agropecuaria. No le falta razón, pues al padre Marco Arana, cuando señala que la razón central del conflicto, es el agua, sin desconocer otros que mientras Yanacocha es un emporio de riqueza la gran mayoría del pueblo cajamarquino sigue sumido en el atraso y la pobreza”, sostiene la central campesina.

SOLUCIONES DE FONDO Y SALIDAS COYUNTURALES

Frente al conflicto de Combayo y ante la instalación de la mesa de diálogo, la CCP, consecuente con la defensa de los derechos de los hombres y mujeres de la sociedad rural peruana expresa y demanda los siguientes puntos:

1. Expresar nuestro más decidido apoyo y solidaridad con la lucha emprendida por los pobladores y comuneros de Combayo, por la defensa de sus recursos naturales, sobre todo del agua, y por el respeto de sus derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, que son violados por la acción irresponsable de la minera Yanacocha.

2. Solidarizarse con la familia del campesino Isidro Llanos Chevarría, asesinado el 2 de agosto por los cuerpos de seguridad de la empresa Yanacocha, y exigir a las autoridades una exhaustiva e imparcial investigación para sancionar a los responsables de su muerte.

3. Expresar nuestra solidaridad con el Padre Marco Arana, quien ha sido objeto de tendenciosas campañas por parte del gobierno aprista y de los poderosos medios de comunicación, que sin ningún tapujo desinforman a la opinión pública, y buscan desprestigiar su calidad de experto en temas ambientales y defensor de los derechos del pueblo cajamarquino.

4. Rechazar la política limosnera que ha puesto en marcha el gobierno aprista, que lejos de ejercer su soberanía, acepta el “óbolo voluntario” que ofrece el poder minero, que además plantea ser el administrador de estos recursos, convirtiéndose en la práctica en poder pública, en la medida en que los gobiernos locales tendrán que presentar sus demandas no al Estado sino a las empresas mineras. Todo ello, a cambio de que se mantenga los contratos de estabilidad tributaria, y las grandes empresas, entre ellas Yanacocha, no paguen regalías, de que no se aplique el impuesto a la sobreganancias mineras y que estas no prevean fondos a los gobiernos municipales para el desarrollo local y agrario.

5. Exigir que en la mesa de negociaciones a instalarse en Cajamarca, la empresa Yanacocha respete el consumo de agua previsto; que se realice un nuevo estudio del potencial de agua, y que se garantice el agua para consumo humano y para la actividad agropecuaria. Asimismo, que se instale una Autoridad Ambiental Autónoma que vele por el cumplimiento de los compromisos que se establezcan.

6. Exigir que se respete la vocación productiva de los pueblos agrarios y campesinos, y que se respete su voluntad soberana de decidir si aceptan actividades productivas que ponen en riesgo sus recursos naturales, como el agua, los suelos, los pastos y el aire.

7. Exigir que se prohíba la actividad minera en zonas como las nacientes de las cuencas acuíferas y de los ríos, que abastecen no solo la actividad agropecuaria sino también las necesidades humanas de las poblaciones.