Cada día resulta más claro el amarre de Alan García con el continuismo de la política económica neoliberal, protegiendo los privilegios de los más poderosos y negándose a asumir los cambios prometidos al país. Sería absolutamente irresponsable -en un país que reclamó abrumadoramente reformas profundas en las pasadas elecciones- aceptar pasivamente y en forma cómplice, que los compromisos de cambio de rumbo sean dejados de lado.
El travestismo político del que somos testigos, por el que el presidente electo se transforma en la "nueva Lourdes Flores" -candidata de los ricos- parece imponerse por ausencia de una alternativa política que encabece las demandas de transformación que la mayoría de los peruanos expresaron en las pasadas elecciones. Toca pues levantar la bandera del cambio frente al continuismo aprista, con toda decisión.
Construir una oposición política y social, democrática y popular, programática y con alternativas, resulta una tarea urgente. Los ejes alrededor de los cuales ésta debe desarrollarse son precisos y claros. Se trata de enfrentar el modelo neoliberal con una nueva estrategia de crecimiento económico que genere empleo y oportunidades de trabajo y de empresa para todos, renegociando los contratos de explotación de nuestros recursos naturales para que el Estado reciba lo que le corresponde y pueda cumplir con su función de redistribución de la riqueza y de promoción del agro, las Mypes, la educación y la salud. Ello exige una reforma tributaria radical, que elimine las exoneraciones a las grandes empresas, haciendo que los que más ganan aporten más.
Requerimos de una inversión social masiva para que garantizar el acceso universal a una atención de salud y a una educación pública gratuita y de calidad. Una Asamblea Constituyente resulta fundamental para elaborar una nueva Constitución, que termine con el engendro fujimorista de 1993, devolviendo la garantía de los derechos fundamentales, sirviendo de sustento de la construcción de un Perú para todos. Ello implica luchar por la vigencia irrestricta de los derechos humanos, poniendo en práctica el Plan Nacional de Derechos Humanos y el Plan Integral de Reparaciones de la CVR para las víctimas de la violencia, y rechazando todo intento de otorgar la impunidad a los violadores de derechos humanos.
Requerimos también una Reforma Laboral Democrática que restituya derechos a los trabajadores, que genere empleo digno y que defienda el derecho de cesantes y jubilados a una pensión digna. La amenaza que representa el TLC con los Estados Unidos, apoyado ahora incondicionalmente por un Alan García que se comprometió a retirar la firma de Toledo, exige unir fuerzas por una auténtica política agraria, en favor de nuestras mayorías campesinas, promoviendo crédito y apoyo técnico, apertura de nuevos mercados y garantizando nuestra seguridad alimentaria.
Pero nada será viable sin una auténtica reforma del Estado que impulse la descentralización, traspasando a municipios y regiones las competencias y recursos que ahora maneja el Gobierno Central. Ello exige imponer a las grandes mineras el pago de las Regalías -que hoy el gobierno no les cobra- eliminando inmorales privilegios tributarios que dejan apenas algunas migajas a los pueblos, mientras se niegan a pagar un tributo adicional en circunstancias en que tienen inmensas utilidades por los altos precios internacionales, sin compartir ésos beneficios con un país que lo requiere. Alan García no puede canjear el impuesto a las sobre ganancias mineras con una vergonzosa solicitud por algunas donaciones.
La evidente influencia de los grandes grupos de poder, reafirma la necesidad de liberar una lucha sin cuartel contra la corrupción. Fujimori, Montesinos y sus cómplices, deben restituir al país el dinero que robaron y compensar el daño que causaron. Asimismo, es indispensable investigar y sancionar la corrupción del gobierno de Toledo y mantener una actitud vigilante frente a la gestión del gobierno actual, que ha colocado en posiciones claves a personajes comprometidos con los grandes grupos de poder y con cuestionables antecedentes.
Ello nos lleva a levantar la bandera de una Justicia sin amarres, transparente, y de una auténtica seguridad ciudadana. El país exige una verdadera reforma del Poder Judicial y la Policía Nacional, eliminando la corrupción, dotándolas de los recursos necesarios y fomentando la participación vecinal, para asegurar la seguridad ciudadana de las mayorías.
Y todo este proceso sólo será viable si profundizamos los avances logrados en la construcción de una democracia participativa a todo nivel, haciendo que la población intervenga en las decisiones públicas, fiscalice a sus autoridades, con periódica rendición de cuentas y revocatoria para quienes se corrompen, incumplen sus promesas o son ineficientes. Igualmente importante resulta, frente a las pretensiones de la coalición conservadora que dirige Alan García de ponerse al servicio de los intereses de la política internacional norteamericana, defender nuestra soberanía nacional, nuestro derecho al desarrollo, a nuestros productores agropecuarios, a la salud pública y acceso a medicamentos esenciales y a nuestra biodiversidad y cultura, afectados por el TLC, a la vez que reafirmarnos en la prioridad de la unidad latinoamericana y sudamericana.
Las elecciones regionales y municipales de noviembre constituyen un momento importante para la forja de la oposición democrática, hoy desarticulada, por lo que nos ratificamos en la necesidad de promover y lograr alianzas electorales y políticas amplias en torno a plataformas descentralistas, de desarrollo y democracia participativa, en el marco de las Banderas Programáticas. Esta Unidad Amplia buscará incorporar las fuerzas del Partido Nacionalista, Unión Por el Perú, el Partido Socialista, el Movimiento Nueva Izquierda, el PDS, el Movimiento Humanista, y los Movimientos y frentes regionales y locales. Sólo así podemos encarar los retos que nos plantea construir un liderazgo alternativo para forjar un nuevo Perú, una Patria para Todos.