La forma como el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos ha sido aprobado en el Congreso la semana pasada –en una única sesión, realizada a medianoche, atropellando a toda velocidad las normas del debate y votación parlamentaria- demuestra bien a las claras el temor del oficialismo y de la derecha a encarar un debate abierto y franco, ante la ciudadanía, sobre los reales beneficios y perjuicios del Tratado. Y esto es porque, más allá de la aplastante campaña de propaganda desarrollada en favor del TLC, tratando de vendernos la idea de que todo es ganancia y nada es perdida, resulta imposible ocultar la realidad: sin duda, algunos sectores –como los agro exportadores- ganaran, pero también importantes sectores, como el agro tradicional, perderán y por mucho, porque este acuerdo fue negociado por el Toledismo de forma sumisa, sacrificando a los más para favorecer a los menos, entregando los derechos del pueblo para proteger los privilegios de los más ricos.

Así, entre muchos puntos inaceptables del TLC, esta la renuncia que hace el Perú a imponer los llamados “requisitos de desempeño” a las inversiones extranjeras. Esto afecta directamente a las regiones y provincias en donde operan las transnacionales mineras, pues hemos renunciado a nuestro derecho a exigirles contratar mano de obra local, cumplir con plazos y metas de producción, adquirir insumos y bienes a los proveedores y productores locales.

Lo sucedido también expresa el profundo espíritu antidemocrático de la clase política -que sólo se preocupa por sus intereses- no sólo por el comportamiento arbitrario del Gobierno Toledista, sino también por la duplicidad demostrada por el Gobierno entrante, pues recordemos como durante la campaña electoral, Alan García y el APRA, multiplicaron declaraciones y anuncios de no permitir la firma precipitada del TLC, exigiendo ir a una renegociación integral del Tratado. Pero la semana pasada, al debatirse en el Congreso el proyecto del TLC, el APRA no dudo un segundo en sumarse al Toledismo y a la derecha para hacerlo aprobar al caballazo.

Esto dice mucho sobre la clase de Gobierno que tendremos en los próximos cinco años: Que renieguen ahora de sus promesas electorales, dice mucho de una forma oportunista de hacer política. Que les hayan cerrado la puerta y colgado el teléfono a los gremios de productores agrarios, microempresarios y sindicatos, dicen mucho del poco respeto que se tiene a los compromisos. Que le hayan dado la espalda a los sectores populares críticos de este TLC, para alinearse con los grandes grupos de poder, deja en claro que el Gobierno de Alan García no tendrá como prioridad atender las demandas sociales, sino preservar los privilegios de los poderosos.

Igualmente, es censurable la forma como García pretende esquivar su responsabilidad por aprobar un TLC -que juró y rejuró que no aprobaría- afirmando que ahora, con el TLC ya suscrito por el Gobierno Peruano, él va a “renegociar” el Tratado sí encuentra que no le conviene al Perú. ¿A quién pretende engañar?. Una vez suscrito el texto actual del Tratado por el Perú, no se puede modificar ni un punto, ni una coma, hasta que sea suscrito a su vez por los Estados Unidos y entre en vigencia. Por ello, la renegociación tenía que darse antes de suscribirse el TLC, pues luego resultará prácticamente imposible modificarlo, ya que Estados Unidos muy raramente revisa un acuerdo y solo lo revisa cuando le conviene. Hace muchos años que México viene solicitando renegociar los términos de su TLC -debido a los graves perjuicios a su sector agrícola- y hasta ahora, cada uno de sus pedidos ha sido rechazado de plano por los Estados Unidos. ¿De que renegociación, entonces, estamos hablando?.

Pero además, lo sucedido dice mucho de cómo en el Perú aún se mantienen las formas centralistas y excluyentes de tomar decisiones. El debate sobre el TLC debió ser la oportunidad para impulsar una discusión descentralizada, que incluyera la posición de todas y cada una de las regiones, a fin de llegar a una decisión por consenso, y, a legítimos compromisos sobre la renegociación del TLC, sobre como encarar y aprovechar los beneficios, y -por sobre todo- como enfrentar y compensar los perjuicios. Sin embargo, nada de eso ocurrió. Como en el pasado, todo ha sido negociado y decidido en Lima. Y las provincias y regiones –muchas de las cuales serán gravemente perjudicadas- como de costumbre, han visto su voz y su voto ignorado.

Lo sucedido debe llamar al pueblo a defender y hacer respetar sus derechos. No permitamos que los políticos de siempre decidan nuestro destino. Movilicémonos, en nuestras regiones y provincias, contra un TLC carente de legitimidad y de constitucionalidad.