Desde Bolivia nos llegan vientos de transformación y justicia. Llega un mensaje de desafío y esperanza: la noticia de la nacionalización de los hidrocarburos declarada por el Gobierno de Evo Morales, en cumplimiento de la decisión soberana y vinculante del Referéndum Popular del 2004 y de la promesa hecha al pueblo, que una y mil veces expresó en calles y plazas su anhelo y convicción de que el petróleo y el gas de Bolivia sean herramienta de progreso para los bolivianos.
Lo ocurrido en Bolivia no es fortuito ni aislado, responde a un proceso trascendental que recorre el Continente: el de la recuperación y la reafirmación de la soberanía nacional sobre nuestros recursos naturales. Aquí y allá, en Venezuela y Bolivia, en Ecuador y en Perú, se dan acciones y demandas que reflejan –poco a poco– la indetenible toma de conciencia por los pueblos de su derecho a decidir sobre la explotación y uso de nuestras riquezas, asegurándonos de que sean usadas para beneficio y progreso de nuestras naciones. En Venezuela la reafirmación del control nacional sobre los hidrocarburos es un hecho ya consolidado (70% de la propiedad). En Ecuador la renegociación de los contratos petroleros y el establecimiento de impuestos a las sobreganancias están en curso. Argentina, Chile y Brasil reafirman el interés nacional sobre los hidrocarburos fortaleciendo sus empresas petrolíferas estatales. Lo de Bolivia no es entonces un hecho aislado. Los gobiernos de México y Colombia han reconocido, de inmediato, el derecho soberano de los bolivianos. También gobiernos progresistas como el de Lula deberán adoptar definiciones, porque este proceso redefine relaciones entre Bolivia y Brasil (Petrobras) con un criterio de equidad.
Es imaginable que la situación en Bolivia haga olas en el Perú, entre los grupos de poder económico. Estos comprueban –con terror– que han sembrado vientos y ahora cosechan –impulsados desde el altiplano– tempestades. Durante quince años de neoliberalismo a ultranza, las grandes transnacionales se dedicaron –con la complicidad de Fujimori, Toledo y asociados– a desmantelar la soberanía nacional sobre nuestras riquezas, "privatizándolas", imponiendo su interés por encima del bien social, maximizando escandalosas ganancias y privilegios mientras el país se contentaba con las sobras. Tras quince años de juerga, las transnacionales se despiertan para enfrentarse con la resaca de la protesta popular y el reclamo por un manejo equitativo y soberano de nuestro patrimonio.
Las transnacionales que explotan Camisea, las petroleras que usufructúan los yacimientos que fueron de Petroperú, las mineras que registran fabulosas ganancias pero se niegan a pagar regalías, empresas como Cerro Verde o Barrick que usan jugarretas tributarias para rapiñarles el canon minero a Arequipa y Áncash, Doe Run y su manipulador incumplimiento de compromisos ambientales deberán entender que se abren nuevos tiempos en Latinoamérica. Se abre paso la reafirmación del derecho inalienable de los pueblos a decidir sobre sus recursos naturales, como lo establece el Pacto de los Derechos Económicos y Culturales de los Pueblos (desde el año 1966), para disponer de ellos y que su explotación sirva primero al bienestar común y no simplemente al lucro privado.
Nuestro petróleo y el gas, nuestro oro y cobre, nuestra pesca, nuestra biodiversidad y Amazonía son de un inmenso valor. Deben servir para el beneficio no de una minoría de poderosos privilegiados, sino para todo el Perú. Hay multitud de reformas y rectificaciones que asumir respecto a como se viene dando la explotación de estas riquezas. Y no pueden aceptarse indefiniciones y ambigüedades de los candidatos presidenciales en este tema: la soberanía sobre nuestros recursos naturales.
¿Queremos un Presidente dedicado a renegociar el manejo global de nuestros recursos naturales o uno dedicado apenas a sacar mínimas concesiones y migajas de las grandes transnacionales, para mantener tranquilo al pueblo y no "perderlo todo" según ha propuesto cínicamente García Pérez? El pueblo no reclama una mínima corrección de las regalías o un reajuste menor de los tributos. Exige que nuestro patrimonio deje de entregarse por migajas, con una mentalidad cortoplacista, sin una visión del desarrollo del país, sin compromisos ni objetivos claros. Lo que el país reclama es una transformación que recobre la soberanía sobre nuestras riquezas, impulse su transformación y su uso en pro del desarrollo.
¿Asumirán García y Humala un compromiso en firme de recuperar soberanía sobre nuestro gas, petróleo y minerales, con condiciones justas y equitativas de explotación, y reafirmando la absoluta supremacía del interés nacional sobre el privado? ¿Definirán un régimen de explotación de nuestras riquezas que apunten a la industrialización de las mismas, a generar energía e insumos que nos hagan competitivos y a que el Estado tenga una participación directa con poder real de decisión sobre las actividades extractivas en nombre de la sociedad? ¿Nos garantizarán recuperar los ingresos que nos corresponden en justicia por nuestro patrimonio? ¿Impondrán una auténtica y efectiva regulación y fiscalización para que la responsabilidad social y ambiental sean los principios rectores en la explotación de nuestros recursos? Los vientos de cambio que ahora llegan desde Bolivia, con un mensaje de soberanía y justicia social, son cada día más fuertes y –tarde o temprano– prevalecerán en el Perú.