El Alcalde del Distrito de Accomarca (Ayacucho-Perú), los familiares de las 69 víctimas ejecutadas extrajudicialmente el 14 de agosto de 1985 y los residentes accomarquinos en la ciudad de Lima-Perú; expresan su preocupación por los últimos acontecimientos y el alcance de las opiniones que, en los últimos días, se han hecho públicas respecto a la amnistía u otros beneficios a favor de los responsables de graves violaciones de derechos humanos y de crímenes de guerra perpetrados en el territorio del país.
Acciones que favorecen la Impunidad
Con fecha 10 de Diciembre de 2005, el Presidente Alejandro Toledo nombró como Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al General José Daniel Williams Zapata, quien viene siendo procesado junto a otros altos oficiales por la Ejecución Extrajudicial de nuestros 69 hermanos campesinos del Distrito de Accomarca, hechos ocurridos el 14 de agosto de 1985, siendo las principales víctimas mujeres, niños (as), jóvenes y ancianos (as). Esta máxima autoridad castrense conjuntamente con el Comandante General del Ejercito, César Reinoso Díaz, han declarado que los procesos a los militares por la violaciones de derechos humanos son una persecución, calumnia y maltrato por parte del Poder Judicial y Ministerio Público a estos “valerosos oficiales”.
Lamentablemente, estas afirmaciones coinciden con los discursos y propuestas de la mayoría de los candidatos a la Presidenciales del Perú como Alan García Pérez y Lourdes Flores Nano, quienes públicamente se han pronunciado a favor de la amnistía u otros beneficios que excluyan de responsabilidad penal a militares y policías involucrados en violaciones de derechos humanos. Ello se suma a los diversos actos de amedrentamiento, hostigamiento, atentados y amenazas desplegado durante el año 2005 e inicios del presente año, en contra de de los principales testigos, familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos, fiscales, jueces y abogados, todo ello, con la finalidad de desestabilizar el proceso de verdad y justicia iniciado el 2001 con la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Por todo ello, la Comunidad Accomarquina expresa su malestar y preocupación por los hechos antes descritos, e insta a la Comunidad Internacional y Nacional a que permanezca vigilante y se pronuncié en contra de estas acciones; asimismo, rechazamos –una vez más- cualquier propuesta que favorezca a la impunidad de violaciones graves a los derechos humanos; y condenamos públicamente las declaraciones vertidas por los candidatos presidenciales, declaraciones que carecen de cualquier sustento ético y moral y se contradicen con la obligación internacional que tiene el Estado Peruano de investigar, procesar, condenar y reparar toda violación a los derechos humanos.