CONFRONTAR Y DERROTAR EL PODER MINERO CON LA FUERZA Y LA ORGANIZACIÓN CAMPESINA

El X Congreso Nacional de la Confederación Campesina del Perú, CCP, CONSIDERANDO, que:

1. En los últimos años, en las diferentes regiones del país, sobre todo en aquellas donde el agua es fuente de vida y el territorio posee grandes recursos mineros, energéticos e hidrocarburos; y en los que se asientan comunidades campesinas y pequeños productores agropecuarios, se ha abierto un conflicto que se acrecienta cada día, con el poder minero transnacional que se enfrenta y viola sistemáticamente los derechos de estos pueblos agrarios y campesinos. Este conflicto, que ha generado una respuesta contundente de movilización y lucha, ha tenido sus expresiones más importantes en Piura con los productores del Valle de San Lorenzo-Piura frente a la minera Manhattan; de los ronderos de Cajamarca contra la poderosa Empresa Minera Yanacocha; la lucha de los campesinos de Huaraz contra la empresa minera Antamina; en Apurímac, con la lucha de los campesinos de las provincias de Grau y Cotabambas; la lucha de los campesinos de Espinar-Cusco, frente a la BHP Billiton Tintaya; y últimamente, la lucha de los ronderos y pueblos de Ayabaca - Huancabamba (Piura) y de Jaén- San Ignacio (Cajamarca ) contra la empresa Británica minera Majaz.

2. Estos pueblos agrarios y campesinos están enfrentando a un inmenso poder minero transnacionalizado, que actúa con el aval y protección de un Estado cuya lógica es garantizar sus ganancias; a un poder al que se le ha otorgado un marco legal y una institucionalidad basada en grandes privilegios para reducir sus pagos de impuestos; a un poder que constituye el símbolo de la desigual e injusta distribución de la riqueza, y que paradójicamente, solo ha contribuido a profundizar la pobreza y miseria de los pueblos agrarios y las comunidades campesinas. Asimismo, estas empresas mineras apenas generan un escaso empleo y están débilmente vinculadas al desarrollo del mercado nacional y regional y actúan con una lógica de enclave; y mucho menos asumen los verdaderos costos del daño que producen en los ecosistemas y medio ambiente; y frente a los conflictos que se producen desatan intensas campañas mediáticas para exigir “orden y autoridad”, que no es otra que la brutal represión contra los pueblos agrarios y comunidades campesinas.

3. Este poder minero cuenta con el apoyo y respaldo del actual Estado y del régimen de turno, en tanto que es un soporte fundamental del modelo neoliberal primario exportador. Por ello, cuando estallan los conflictos, en particular, el ministerio de Energía y Minas, no hace sino encontrar como culpables a las poblaciones campesinas y la sociedad civil, desechando al mismo tiempo las propuestas y la agenda que levantan las poblaciones locales y las organizaciones agrarias y campesinas.

4. Si bien, el conflicto agro-minería compromete a amplios sectores regionales, sus consecuencias políticas, económicas y sociales, trascienden las fronteras de cada región y tienen de hecho un contenido nacional, en la medida que tocan los nervios centrales de un poder que tiene precisamente características no solo nacionales, sino de orden transnacional, y constituye por tanto el soporte básico del actual modelo que impera desde 1990, bajo la sombra protectora de las políticas del llamado “Consenso de Washington”.

5. Si bien es cierto este conjunto de conflictos muestra elementos comunes al enfrentarse al mismo poder minero y a un Estado que lo apaña y defiende, sin embargo, se desenvuelven en contextos y problemas diferentes que configuran escenarios distintos que hay que saber distinguir y comprender para diseñar las orientaciones y estrategias que estén en correspondencia a estos escenarios.

6. En líneas generales, existen dos grandes escenarios en los que se desarrolla este conflicto agro-minería, y si bien cada uno tiene su propia dinámica y sus propias demandas, es necesario tomar en cuenta las particularidades de cada lucha para diseñar las estrategias y orientaciones más adecuadas. Un primer escenario, es aquel en que lo que está en disputa es la distribución de la riqueza y que se produce allí donde las empresas están en plena explotación de los recursos mineros. Este es caso de los conflictos de Espinar, en Cusco; Cajamarca, Ancash (Antamina), el valle del Mantaro (Doe Run Perú), Apurímac (Las Bambas), entre las más importantes. El segundo es aquel en el que lo que está en disputa es el control de los recursos naturales, sobre todo el agua y el territorio, y que se caracteriza porque la minería recién está por establecerse en dichos ámbitos. Este es el caso de Tambogrande y Majaz en Piura, y que puede extenderse a otras regiones del país en la medida en que en los denuncios mineros –que ocupan una gran parte del territorio nacional- empiecen a desarrollarse labores de exploración y explotación; y den lugar a la presencia de nuevas empresas mineras.

7. Frente a este grave conflicto que amenaza con extenderse y profundizarse, es necesario que la CCP, como gremio nacional que defiende los derechos de las comunidades campesinas y los pueblos agrarios del país, ratifique esta defensa irrestricta, fortalezca y promueva la más amplia participación de otros sectores sociales en esta lucha; y por tanto, el X Congreso Nacional debe adoptar acuerdos concretos frente a esta situación.

Por tanto, el X Congreso Nacional de la Confederación Campesina del Perú, ACUERDA:

1. Expresar y ratificar nuestro apoyo combativo y solidario a todos los pueblos agrarios y campesinos que luchan y se enfrentan a la prepotencia del poder minero y defienden los recursos naturales que son la base del desarrollo rural y agrario.

2. Fortalecer nuestra organización nacional y nuestras federaciones de base para seguir impulsando la lucha frente al poder minero; y coordinar y ampliar nuestras alianzas para consolidar un amplio movimiento social y popular en defensa de los recursos naturales de las comunidades campesinas y por el derecho democrático de los pueblos a decidir sobre sus ejes de desarrollo.

3. Impulsar campañas nacionales, de acuerdo a las características de cada escenario regional, para demandar, en lo referente a una justa redistribución de la riqueza: (a) Una auténtica Reforma Tributaria para que los que más tienen paguen más, lo que significa la eliminación de las eliminación de las exoneraciones tributarias y revisión de los contratos de estabilidad tributaria que fueron otorgados sin base legal y amparo del corrupto gobierno fujimontecinista; que el canon que queda en las regiones abarque a todas las empresas mineras; la eliminación de todos los mecanismos que impiden un acceso transparente a la información del pago al Impuesto a la Renta, regalías y otros que las empresas efectúan al Estado peruano; (b) que todas las empresas paguen regalías, entendidas como una contraprestación económica y no como un tributo; (c) que las empresas mineras aporten recursos para la constitución de un fondo para el desarrollo local y agrario, sin condicionamientos ni derecho al veto, para que sean ejecutados por los municipios y las organizaciones sociales; (d) Establecimiento de una autoridad autónoma ambiental que incorpore la participación ciudadana desde la fase de exploración hasta el cierre de las minas, que exija un monitoreo ambiental independiente de las empresas mineras, que exija un seguro ambiental contra los pasivos que cause la minería y una indemnización por los daños a la salud y las economías agrarias y campesinas, y que se declare en emergencia a las poblaciones cuya salud está en riesgo por la actividad minera metalúrgica.

4. En relación a las luchas en el escenario en el que está en juego la propiedad de los recursos naturales: (a) exigir una Consulta Popular, para que con la información del caso, la población pueda decidir si acepta la presencia de la actividad minera metálica; (b) Implementar una propuesta agraria para el desarrollo de la economía campesina comunera y de los pequeños productores basada en el manejo de cuencas, y con inversión pública descentralizada orientada a garantizar la soberanía alimentaria de nuestros pueblos; (c) Establecer estrategias para que los gobiernos locales cuenten con planes de desarrollo sostenibles y de ordenamiento territorial; (d) Establecer una Autoridad Autónoma Ambiental para garantizar la defensa de la biodiversidad y los ecosistemas con participación de la población; (e) Construir formas de organización que permitan canalizar la participación ciudadana para la toma decisiones de manera democrática; (f) Imlementar estrategias basadas en la orientación PROPUESTA-DIÁLOGO-MOVILIZACIÒN para alcanzar nuestras demandas.

5. Impulsar una campaña nacional para exigir la modificación integral de la actual legislación minera y formular una propuesta para una Ley General de Minería que recoja los derechos fundamentales de los pueblos agrarios y campesinos y que reoriente esta actividad económica al servicio del desarrollo regional sostenible.

6. Exigir que se cumpla con la Ley de Regalías Mineras que hasta ahora las grandes empresas mineras transnacionales –salvo la Southern Perú- se niegan a pagar amparándose en una serie de artificios legales y leguleyadas.

7. Impulsar, con el apoyo de otros sectores sociales y populares, la Marcha Nacional Campesina, cuyas propuestas y demandas incorpore todos los aspectos referidos al conflicto agro-minería; así como en la Agenda Agraria Andina, que se apresta a levantar la CCP.

Lima, 22 – 24 de noviembre del 2005