La Coordinadora de Alcaldes por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte que agrupa a los representantes municipios de Piura y Cajamarca, se sumaron al pedido de la mayoría de las organizaciones sociales que exigen el retiro de la minera Majaz y la suspensión inmediata de los trabajos de exploración del llamado proyecto Río Blanco. Asimismo, demandan que se retiren también los contingentes policiales que han sido enviados para proteger el campamento de la minera.

Esta coordinadora está conformada por los alcaldes de las provincias de Huancabamba, Ayabaca, Morropón, Jaén y San Ignacio, así como otros municipios distritales, ha señalado que tras la protesta campesina y rondera contra la explotación minera, la zona que rodea el campamento se ha militarizado y está impidiendo a los campesinos el libre tránsito hacia sus parcelas y lugares de pastoreo.

El alcalde de San Ignacio, Carlos Martínez, que preside la Coordinadora, ha señalado que ante la situación de conflicto que se ha creado por la presencia de minera Majaz, lo que corresponde es la convocatoria a una consulta popular para que la población se pronuncie si está de acuerdo o no con la continuidad de las operaciones de la empresa minera.

También han exigido la inmediata conformación de una comisión integrada por representantes del gobierno, la coordinadora de alcaldes, y de las rondas campesinas para verificar si y comprobar el tipo actividades que viene realizando la minera, pues existen dudas respecto a que el proyecto Río Blanco se encuentre aún en etapa de exploración.

Los alcaldes han vuelto a advertir también sobre los graves riesgos ambientales, económicos y sociales de la exploración de la minera Majaz para las cuencas binacionales del río Quiroz, que cruza las localidades de Huancabamba y Ayabaca, en Piura, así como el río Chinchipe, ubicado en la provincia de San Ignacio, Cajamarca.