CONSIDERANDO
• Los (as) pobladores (as) de nuestra región y sobre todo de nuestras provincias andinas están demostrando con sus iniciativas de pequeña producción ecológica de café, panela, azúcar y frutales para consumo regional y exportación, que es posible construir un modelo de desarrollo agropecuario sin contaminar los recursos naturales, preservando los ecosistemas de paramos y bosques, reforestando las nacientes de cuencas hidrográficas, generando empleo a millares de familias campesinas y promoviendo mejores oportunidades para acabar con la pobreza rural.
• Ante la ausencia del Estado en la sierra de Piura, las Rondas Campesinas se han organizado desde 1984, siendo la organización más importante y representativa de esta parte del territorio regional. En consecuencia, ellas se vienen constituyendo en un espacio de participación ciudadana, democracia, justicia, paz y desarrollo sostenible mediante su participación activa en procesos que involucran la Gestión de Cuencas Hidrográficas. Las Rondas están reconocidas por la Constitución Política del Perú, por la Ley Nº 24656 de Comunidades Campesinas y por la Ley Nº 27908 de Rondas Campesinas.
• La minería como actividad productiva es una fuente de riqueza y en menor grado de empleo, así como también un componente clave en el equilibrio de las cuentas macroeconomicas nacionales. Sin embargo, son conocidos y cuestionables los pasivos ambientales y el deterioro socio económico que han producido los proyectos de explotación minera metálica en áreas del territorio nacional donde no fueron considerados los requisitos clave para declararlos viables. Es decir, que se hubiese demostrado previamente la viabilidad Social, Económica, Tecnológica, Ambiental y Política de los mismos.
• En las zonas mineras del país existe la percepción de que la expansión territorial de la minería, incluso en su etapa de exploración, carece de control e instrumentos que permitan una adecuada gestión que salvaguarde recursos escasos en nuestro país y respete los derechos consuetudinarios de las comunidades. En este contexto es importante tomar en cuenta que la minería metálica no figura como una opción en los Planes Estratégicos de Desarrollo de los Gobiernos Locales de distritos y provincias de la sierra de Piura, ni de las Comunidades Campesinas asentadas en este territorio.
• Que el conflicto social que involucra el campesinado de las provincias de Huancambamba, Ayabaca, San Ignacio y Jaén se origina en gran parte en el hecho de que la empresa Minera Monterrico Metals/ Majaz NO CUENTA CON LICENCIA SOCIAL para realizar la exploración y explotación de recursos mineros en territorio comunal. Componente clave de la viabilidad social de un proyecto cuya intervención se ubica sobre recursos naturales estratégicos para las actividades productivas locales y regionales.
Manifestamos:
• Nuestro respaldo a la labor de continua búsqueda de un encuentro pacífico entre las partes, que efectúan tesoneramente Monseñor Daniel Turley, obispo de Chulucanas y Monseñor Francisco Muguiro Pro-Vicario Apostólico de Jaén. Y en consecuencia, rechazamos los injustos agravios y acusaciones sin fundamento que provienen de sectores contrarios al diálogo y al debate civilizado en torno a los temas de fondo del desarrollo sostenible.
• Nuestro amplio apoyo y solidaridad con las justas demandas de nuestros hermanos comuneros y comuneras, ronderos y ronderas, de Huancabamba, Ayavaca, Jaén y San Ignacio en la defensa irrestricta de sus derechos ciudadanos y de sus medios de vida.
• Nuestro rechazo a la violencia en cualquiera de sus formas, en particular como han sido tratados los comuneros (as) y ronderos (as) movilizados, y también las versiones que, sin mostrar elementos probatorios, tratan de desprestigiar la legitima movilización de campesinos en defensa de sus recursos, medios de vida, y derechos ciudadanos, arguyendo que ellas están infiltradas por grupos subversivos y delincuentes narcotraficantes.
EN ARAS DEL DIALOGO Y DE LA PAZ SOCIAL:
• Solicitamos el inmediato CESE DE LA HOSTILIZACION y represión contra los ronderos(as) movilizados(as), así como la curación y rehabilitación total de los heridos.
• Respaldamos las iniciativas en curso para conformar una comisión investigadora de los luctuosos sucesos ocurridos.
• Consideramos de justicia que nuestros conciudadanos, hermanos y hermanas comuneros y ronderos, sean tratados con respeto y sin imponer por la fuerza y con violencia, modelos de desarrollo que desconozcan aquellos que ya vienen construyendo con sumo esfuerzo y creatividad.
• Por ser política de Estado articular las visiones del ambiente, la agenda social –especialmente la lucha contra la pobreza- y el desarrollo económico con la participación directa de los actores comprometidos es pertinente realizar la CONSULTA CIUDADANA como instrumento que contribuye fortalecer el ejercicio y la vigencia de la democracia así como el respeto de la ley de parte de todos los sectores involucrados.