Las comunidades campesinas de las provincias de Ayabaca y Huancabamba, en el departamento de Piura, así como las comunidades aledañas del vecino departamento de Cajamarca, vienen librando desde principios de año un serio conflicto en defensa de sus recursos naturales, que nuevamente se ven amenazados por la presencia de la actividad minera. Esta vez se trata de la empresa minera Majaz, que sin consultar con las comunidades de la zona, ha instalado un campamento en la zona de cerro Negro en la provincia de Ayabaca y han iniciado los trabajos de exploración.

El problema principal, es que justamente en la zona donde se han iniciado los trabajos, se ubican las nacientes de las del río Quiroz, que corren el peligro de contaminarse con el inicio de estas actividades mineras. Por ello, las comunidades y las rondas, ni bien tuvieron conocimiento de la instalación del campamento de la empresa Majaz, exigieron su retiro inmediato. Como suele suceder en estos casos, la empresa ha puesto de manifiesto su prepotencia, y amparándose en la actitud cómplice de algunas autoridades se niegan a abandonar la zona.

Renán Gallo Carhuachinchay, secretario de comunidades campesinas de la CCP y dirigente agrario del distrito de Montero, en la provincia de Ayabaca, señala que el ámbito que pretende explorar la Majaz, abarca territorios de Ayabaca y Huancabamba, así como del departamento de Cajamarca. Por ello, a principios de año, cientos de campesinos de diferentes comunidades de la zona realizaron una marcha hacia el campamento con la finalidad de exigir el retiro de la empresa.

En estos últimos meses la situación se ha ido agravando, pues las exigencias de los campesinos no han sido escuchadas ni por la empresa ni por las autoridades del gobierno regional. Por ello, en el mes de julio decidieron organizar una nueva marcha de protesta hacia el campamento. La medida se cumplió a pesar de las duras condiciones climáticas y la agreste geografía de la serranía piurana, mientras grandes contingentes policiales, utilizando incluso helicópteros, se movilizaron a la zona del campamento para tratar de evitar que los campesinos y ronderos lleguen al lugar.

La situación alcanzó niveles de fuerte tensión el pasado 30 de julio, cuando más de 300 policías trataron de dispersar a más de mil campesinos provenientes de Ayabaca, Huacabamba y San Ignacio (Cajamarca), en la zona conocida como Pan de Azúcar. Como consecuencia del enfrentamiento resultados heridos de gravedad varios campesinos, así como algunos policías. Hay que señalar que el campamento de la minera Majaz se ubica en la zona conocida como Cerro Negro, en la cordillera de Chinguelas, ubicada a unos 2000 msnm.

Según Renán Gallo y otros dirigentes ronderos de la zona, las actividades que realiza la minera Majaz, son un auténtico misterio, pues ni siquiera los funcionarios del ministerio de Energía y Minas, tienen una información precisa de la dimensión de los trabajos que se vienen haciendo. Ello genera mayor desconfianza por parte de los dirigentes ronderos y campesinos.

Lo único que se sabe es que la Majaz, cuenta con ocho concesiones mineras ubicadas en la zona del distrito de Carmen de la Frontera, en Ayabaca, en las que habría reservas de más de 1,300 millones de toneladas de cobre, y cuya explotación demandaría una inversión de unos 800 millones de dólares. Sin embargo, los daños que estos trabajos ocasionarían en el medio ambiente así como en los terrenos de las comunidades que viven de la agricultura y la ganadería, serían incalculables, sostiene Renán Gallo.

El dirigente también ha podido recoger las denuncias de los campesinos de la zona, que dan cuenta que ya se viene produciendo la contaminación de sus ríos, que a su vez ha originado una gran mortandad de peces. Ello indicaría, que la empresa no solo estaría en fase de exploración sino de explotación, han denunciado los dirigentes. Mientras tanto, el gobierno ha conformado una mesa de diálogo en la que participan el obispo de Chulucanas, Daniel Turley, representantes de Oxfam, Conacami y de la empresa Majaz.

De manera, que nuevamente el campesina piurano tiene que enfrentar la voraz acción de una empresa minera, que con tal de explorar el mineral, no le interesa destruir los recursos naturales que dan vida a miles de familias campesinas en el departamento de Piura y Cajamarca. Y si persiste la intransigencia de la empresa minera y la complicidad de las autoridades del ministerio de Energía y Minas y del gobierno regional, no cabe duda que estamos ante una verdadera bomba de tiempo que puede volver a estallar en cualquier momento.