Bolivia ha vivido en el mes de junio intensas horas de lucha por la defensa de su soberanía y particularmente en defensa de sus recursos de hidrocarburos, que los grupos de poder en el gobierno y las transnacionales les pretendieron arrebatar. Una vez más, las organizaciones campesinas, indígenas, obreros, mineros, estudiantes, amas de casa, comerciantes y las organizaciones políticas de izquierda, han dado otra lección a los pueblos de América Latina, de que la única manera de enfrentar la voracidad del neoliberalismo, es la lucha directa de las masas excluidas.
La huelga indefinida, las marchas sobre la ciudad de La Paz, obligaron a la renuncia del presidente Carlos Mesa, impidieron que los presidentes del Senado Hernando Vaca, y de la Cámara de Diputados, Mario Cossío, asuman la presidencia transitoria del país, y lograron que estos den un paso al costado –también con sendas movilizaciones- para que posibiliten que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez, asume la primera magistratura del país altiplánico.
Sin embargo, la movilización popular está exigiendo cambios radicales para reorientar el destino del país. Por ello, luego de evitar que los representantes de los partidos tradicionales que se allanaron al neoliberalismo se hagan de la presidencia, exigieron que se convoquen a nuevas elecciones generales, que incluyan a diputados y senadores. Por supuesto, que muchos congresistas buscaron mantenerse en sus cargos, pero la presión popular los obligó finalmente a tener que adelantar el fin de sus mandatos. El próximo año, los bolivianos irán de nuevo a las urnas para elegir un nuevo gobierno y un nuevo parlamento.
Sin embargo, la solución a los problemas de nuestros hermanos país no se resolverán solo con estas elecciones de nuevas autoridades. No olvidemos que una de las exigencias centrales de las organizaciones campesinas, indígenas y populares, es recuperar la propiedad del gas y el petróleo que las élites gobernantes de los últimos años entregaron a la voracidad de las transnacionales. Otra de sus demandas es la redacción de una nueva Constitución Política, que justamente recoja las demandas del pueblo respecto a los hidrocarburos.
Los bolivianos sostienen que sí es posible nacionalizar lo que se privatizó, incluso de manera fraudulenta. No hay que olvidar que entre los bienes públicos que fueron privatizados figuran la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), las redes de transportes, gas y petróleo; las refinerías, y las reservas probadas y certificadas de hidrocarburos. Remarcan también que para recuperar esa propiedad para el Estado no necesitan ir a ninguna corte internacional para anular los contratos de privatización pues muchos de ellos fueron fraudulentos.
De manera que el pueblo de Bolivia se apresta a vivir momentos históricos que serán definitivos para el futuro del país. Está ante la posibilidad no solo de recuperar sus grandes recursos energéticos para que sirvan para el desarrollo y beneficio de la población; sino de cambiar definitivamente un régimen político que solo ha servido para el beneficio de las élites minoritarias y de las grandes transnacionales. Es hora de cambiar la historia.