Diversas organizaciones sociales y campesinas, vienen exigiendo la inmediata libertad de la dirigente campesina de Huancabamba, Josefa Adrianzén y otros comuneros, quienes se encuentran detenidos en la cárcel de Huancabamba (Piura) desde diciembre del año pasado, por haberse opuesto a las operaciones de la empresa minera Majaz. Hay que señalar, que durante el año 2004, en esta parte de Piura se desarrollaron una serie de acciones de las comunidades que rechazaban la presencia de Majaz por el riesgo de destruir sus tierras y recursos naturales.

La dirigente Josefa Adrianzén, quien es también integrante del Movimiento Amplio de Mujeres (MAM), también destacó en la lucha contra la dictadura de Fujimori, al denunciar las esterilizaciones forzosas que se practicaban a las campesinas de la zona. Ahora, las autoridades le hacen el juego a Majaz, acusándola de haber secuestrado al propietario de una radio que defendía a la empresa minera.

Este propietario radial, fue castigado por las rondas campesinas, por fomentar la división de la población de Huancabamba y favorecer a la empresa minera. Sin embargo, la dirigente campesina ha sido responsabilizada por ese hecho, en lo que constituye una represión a quienes se oponen a las operaciones de la empresa minera, contra la que también se ha pronunciado el obispado de Chulucanas, diócesis a la que pertenece Huancabamba.