La lucha por la tierra en Brasil incluye un amplio frente de organizaciones y movimientos campesinos y populares que movilizan a miles de agricultores en los diversos estados del país. Uno de estos movimientos es el MAB -Movimiento de Afectados por Barragens (Represas en castellano), que ha venido intensificando sus protestas ante la profundización del proceso de expulsión de familias campesinas de sus tierras por la construcción de grandes represas hidroeléctricas.

Radiomundoreal entrevistó a Gilberto Cervinski, Coordinador Nacional del MAB, quien reveló que “300 mil familias ya perdieron sus tierras por la construcción de grandes represas hidroeléctricas, 70 % de las cuales no recibieron ningún tipo de indemnización ni resarcimiento”.

Tanto Brasil como Argentina viven una constante presión por la denominada “crisis energética” sobre sus ansiados y respectivos desarrollos industriales. Los principales acuerdos estratégicos que han cerrado los diplomáticos de los países de América del Sur son precisamente acuerdos de índole energética.

La sed de energía que padecen los diversos sectores industriales, es decir las oligarquías empresariales abrigadas bajo el anhelo del desarrollismo y el crecimiento que procuran los gobiernos progresistas del cono sur, se cura con la abundancia de agua de la región. Ese es el modelo, la construcción de megarepresas hidroeléctricas.

Lógicamente que estas megarepresas se construyen en grandes ríos y caudales de agua dulce, sin duda la principal fuente de riqueza que estos países detentan. La también lógica consecuencia del modelo de las represas hidroeléctricas es la destrucción de los territorios que contienen esa riqueza. En este punto se sitúa la demanda central del MAB.

Según Gilberto Cervinski, “para los próximos años del Gobierno de Lula están planificadas la construcción de otras 70 grandes represas , que se estima expulsarán otras 100 mil familias de la tierra”.

También informó que una planificación a largo plazo que se filtró desde el gobierno y cuyos datos centrales maneja el MAB, es que se proyectan construir otras 494 grandes represas antes del año 2015, que impactarían con la expulsión de aproximadamente 1 millón de personas de sus tierras.

Como se sabe, en Brasil el sector de generación de energía eléctrica está privatizado casi en su totalidad. El MAB ha denunciado que al contrario de lo que sucede con las expropiaciones de las tierras realizadas para los fines de la reforma agraria, el gobierno brasileño y el Poder Judicial son extremamente rápidos y eficientes para realizar las expropiaciones que tienen como objetivo la construcción de represas.

Las movilizaciones del MAB se fueron intensificando a partir del mes de enero de este año, con cortes de rutas nacionales y ocupaciones de predios de construcción de represas. Con motivo de celebrarse el pasado 14 de marzo un nuevo Día de Acción Internacional contra las Represas, en el marco de una semana de movilizaciones en todo Brasil, también se fue intensificando la política represiva contra integrantes y dirigentes nacionales del MAB.

Según Cervinski, esa escalada represiva se traduce en las “prisiones políticas contra dirigentes e integrantes del movimiento, y prisiones preventivas, que no ocurrían desde hace 20 años por lo menos y que nunca había sucedido luego de culminada la dictadura militar”.

Paralelamente continúan las amenazas y la persecución de campesinos movilizados; Cervinski informó que en la actualidad existen 36 causas judiciales abiertas contra dirigentes del MAB.

El pasado 8 de marzo la Policía Militar reprimió violentamente una concentración de agricultores en el Estado de Minas Gerais, convocada para protestar contra la construcción de la represa de Jurumirim, en el municipio de Río Casca.

La protesta se realizaba mientras se realizaba una audiencia pública; la Policía dispersó a los manifestantes, dejando 35 heridos entre las que se encontraban dos mujeres embarazadas y fueron detenidos 6 dirigentes del MAB. Entre los detenidos estaba el cura Antônio Claret Fernández.

En el norteño Estado de Pará, el Ejército ocupó el pasado 11 de marzo la represa de Tucuruí –que dejó 32 mil personas sin tierras- para intimidar a la población y desactivar posibles ocupaciones e interrupciones en el suministro de energía.

La represa de Tucuruí fue construida durante la dictadura militar y hasta el momento la mayoría de las personas desplazadas no recibió indemnización alguna. La energía generada en Tucuruí es suministrada bajo subsidios a las industrias de aluminio de la región.

Por su parte las familias desplazadas que debieron instalarse en las orillas del embalse de la represa –aparte de no recibir nada- tampoco tienen servicio de energía eléctrica en sus casas.

El pasado 15 de marzo aproximadamente dos mil personas integrantes del MAB ocuparon parte de la represa y aún mantienen bajo su control parte de los locales.

Finalmente, el pasado 12 de marzo, la Policía Militar del Estado Santa Catarina inició por orden de la Jueza Adriana Lisboa, un operativo que culminó con la prisión preventiva de 6 campesinos afectados por la construcción de la represa de Campos Novos. El argumento de la Jueza para dictar las órdenes de prisión fue “la garantía del orden público”.

El Coordinador Nacional del MAB, Gilberto Cervisnki expresó a Radiomundoreal que lejos de ceder en sus demandas, la ola represiva del Gobierno de Lula no hace más que justificar la intensificación de la protesta popular.

“No existen motivos para retroceder, porque nuestra lucha es justa, forma parte de la defensa del agua, de los ríos y de los derechos de las comunidades agrícolas que están siendo desplazadas de sus tierras. Más bien existe una necesidad de intensificar la lucha y la presión popular de la gente manifestando en la calle”.