El Perú está atrapado en una crisis que pone en cuestión su sistema de representación política y el carácter excluyente, para las mayorías, del modelo económico neoliberal imperante. A la base de la crisis hay un viejo divorcio entre Estado y ciudadanía, que profundiza el atraso y pobreza. El Estado resulta lejano y ajeno, ni nos representa, ni garantiza derechos fundamentales, ni nos protege. Ello ilegitima hasta el pago de impuestos, y hace de la evasión y elusión tributaria opciones viables, más allá del interés de algunos grupos económicos en concentrar más y más riqueza. Así, se da una ofensiva ciega contra la caja fiscal: los procesos y denuncias en contra de las regalías mineras, el adelanto del IR, las detracciones del IGV expresan un “sálvese quien pueda” buscando reducir o eludir –como sea– el pago de impuestos.
El Acuerdo Nacional acordó lograr una presión tributaria del 18% del PBI para financiar al Estado. Hoy seguimos en apenas 13.3% del PBI, pero nadie se preocupa por el desfinanciamiento fiscal. No se acuerdan alternativas viables y sensatas para balancear el Presupuesto. ¿Resultados?: La eliminación del anticipo del IR generó un forado de S/. 800 millones, mal cubierto con el antitécnico Impuesto a los Activos Netos y el recorte de recursos –ya raleados– del Estado, generando serios problemas de financiamiento en áreas claves como programas sociales: la intentona del MEF de reducir fondos al Vaso de Leche la bloquearon las masivas protestas de las madres de familia. ¿Qué otros programas sociales seguirán?
La falta de compromiso ciudadano con el Estado se explica por su ineficiencia, la poca transparencia, la corruptela y la sumisión a los grupos de poder. Muchos sienten que incrementar recursos al sector público sólo ha servido para inflar planillas, gastos superfluos y darles más privilegios a los más ricos. Así, terminamos a la cola de Latinoamérica y el mundo en gasto público en salud (apenas 1.4% del PBI) y en educación (2.8% del PBI, sin cargas sociales, muy lejos del 6% planteado en el Acuerdo Nacional). Estas cifras vergonzosas reflejan la crónica falta de recursos públicos y también su deficiente manejo, relegando la vital inversión social y productiva mientras se prioriza el pago de deuda, las planillas doradas o el sostenimiento de las innecesarias prefecturas. Muchos peruanos están marginados de servicios fundamentales, mientras otros padecen los que existen o se ven obligados a enviar a sus hijos a colegios particulares, ir a clínicas privadas y buscar su propia seguridad pues el Estado no proporciona adecuada educación, salud y seguridad ciudadana. ¿Cómo sorprenderse que para muchos el no pagar tributos sea una opción?
Este divorcio Estado-Sociedad no puede seguir. La dogmática posición de algunos, reducida a “quítame impuestos”, es tan irresponsable como la del toledismo y antecesores que ven al Estado como botín partidario y familiar. Necesitamos un compromiso de las fuerzas políticas y sociales reconociendo la necesidad urgente de aumentar los ingresos fiscales mediante una auténtica reforma tributaria, pero, a su vez, asegurar un manejo legítimo y eficiente del Estado. Aumentar el Presupuesto Público de nada servirá si no se fortalece la transparencia, la rendición de cuentas y planificación, el control ciudadano, la lucha contra la corrupción, las mafias y burocracias doradas.
Para un Perú desarrollado y próspero necesitamos un Estado fuerte, con más ingresos, pero que use mejor esos ingresos, que gaste más y mejor en salud, educación, defensa ciudadana, servicios básicos, así como en promoción al agro, la industria y el turismo para generar empleo. No será rapiñando impuestos a ciegas ni eludiendo nuestros deberes ciudadanos que lo conseguiremos. ¿La respuesta?: Imponer la Reforma del Estado y la Reforma Tributaria, una junto a la otra, simultáneas e indesligables, de una vez por todas.