En un acontecimiento histórico, más del 60% de los uruguayos respaldó la Reforma Constitucional en Defensa del agua, que agrega a la Carta Magna la consideración del agua como un derecho humano, sentando las bases para que su gestión se realice exclusivamente en forma pública, participativa y sustentable. El referéndum se realizó el 31 de octubre, durante las elecciones generales en Uruguay.

La Reforma Constitucional en defensa del Agua fue aprobada con más del 60% del apoyo de la ciudadanía. El mecanismo de democracia directa fue puesto en marcha por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV), que se conformó el año 2002 como respuesta a la firma de la Carta de Intención entre el gobierno uruguayo y el FMI en la que se comprometía a privatizar el servicio de agua potable y saneamiento.

La privatización comenzó en el departamento de Maldonado, con la presencia de la multinacional francesa Suez Lyonnese Des Aux, y luego continuó con la española Aguas de Bilbao, las que tuvieron consecuencias negativas. Desde el punto de vista social, se excluyó a amplios sectores del acceso al agua potable por no poder cubrir el costo de la conexión al servicio, que se degradó considerablemente en su calidad, con respecto al que prestaba la empresa estatal, tanto así que los organismos de control recomendaron que el agua no se consumiera directamente ya que no presentaba condiciones de potabilidad.

Desde el punto de vista económico, el "negocio" fue pésimo para el estado uruguayo, pues las empresas no cumplieron con los cronogramas de obras previstos en los contratos, y tampoco hicieron efectivo el pago de los cánones previstos. La victoria del plebiscito del agua fue una verdadera victoria social, impulsada por la CNDAV, que constituye un amplio abanico de organizaciones sociales y políticas enfrentadas a la concepción mercantilista del agua.

El resultado del plebiscito abre las puertas para la elaboración de una política de aguas que parta de una visión de este recurso como bien común, y lo gestione públicamente, en base a criterios de participación social y sustentabilidad. Un ejemplo que debemos seguir en el Perú, donde las poderosas transnacionales están tras la privatización del agua