Puno nuevamente volvió a ser escenario de una grave crisis política, que involucra a miles de empobrecidos productores de hoja de coca, de varios distritos de la Provincia de Carabaya, departamento de puno, quienes iniciaron una huelga indefinida el lunes 18 de octubre, para protestar contra los violentos operativos de erradicación de sus cultivos de hoja de coca y otros abusos contra la población campesina por parte de la policía antidrogas y la DEA.

Estos operativos que se iniciaron en setiembre, han estado marcados por una serie de abusos por parte de los efectivos policiales. Ante la indiferencia del gobierno, los campesinos decidieron tomar, el martes 19 de octubre, las instalaciones de la Central Hidroeléctrica de San Gabán, ubicada en el distrito del mismo nombre, acción en la que perdieron la vida tres campesinos que fueron abaleados por la policía que custodiaba dichas instalaciones.

Y como ha sido una constante de este gobierno, se ha esperado que la situación llegue a niveles extremos para recién dialogar con los campesinos, instalando el miércoles 20 una llamada Mesa de Diálogo que es presidida por el ministro de Agricultura, Alvaro Quijandría, autoridades del gobierno regional, alcaldes de la zona y representantes de los productores.

Los hechos

El gobierno a través del programa DEVIDA, ha iniciado desde hace unos meses, la erradicación forzosa de los cultivos de hoja de coca, en la zona de San Gabán, operativos que han estado a cargo de la policía antidrogas y agentes de la DEA, la oficina antidrogas norteamericana. En realidad, lo que buscaban era cumplir con las metas que le impone la DEA de erradicar 10 mil hectáreas de cultivos de coca; metas que no han podido cumplir por la fuerte oposición que han encontrado en los productores de la zona de la selva central; y por ello, decidieron incursionar en San Gabán.

Los campesinos y productores, que en esa zona selvática de Puno se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza, han venido denunciado que estos operativos se realizaban con inusitada violencia, con detenciones de campesinos, con ataques desde helicópteros artillados y que además se destruían incluso cultivos de frutas que les permite sobrevivir. Estas denuncias fueron corroboradas por el alcalde provincial de Carabaya, Michel Portier, y otras instituciones, quienes emitieron un comunicado público, alertando sobre estos abusos, pidiendo que cesen los operativos y llamando a no usar la violencia contra los productores.

Una vez iniciada la huelga indefinida el pasado lunes 18, y ante la indiferencia de la autoridades, los campesinos amenazaron con tomar las instalaciones de la Central hidroeléctrica de San Gabán, hecho que concretaron el día martes 19, produciéndose un enfrentamiento con la policía, que disparó contra los huelguistas, produciendo la muerte de tres campesinos e hiriendo de gravedad ocho más. Los fallecidos son José Sonco Palomino, Florencio Quispe Coaquira y Nicolás Gonzales.

Tras estos hechos, el gobierno siguió enviando más refuerzos policiales a la zona del conflicto, lo que contribuyó a hacer más tensa la situación con los campesinos, que permanecieron en las inmediaciones de la hidroeléctrica, durante los días posteriores. Mientras tanto, cientos de comuneros de movilizaban hacia San Gabán para apoyar la protesta; un camión que los trasladaba volcó en el trayecto, produciendo la muerte de tres persona más.

Reacción tardía y desmentido

Luego que la situación se agravó y ante el temor que la crisis se profundizara, el gobierno recién anunció el miércoles 20, la instalación de la Mesa de Diálogo, para buscar solucionar la crisis. Hasta entonces, solo se había respondido con acusaciones contra los productores, que los calificaba de narcoterroristas, de poseer pozas de maceración de hoja de coca, y de atacar la hidroeléctrica en estado etílico. No solo los campesinos han desmentido estas acusaciones; el propio alcalde provincial de Carabaya Michel Portier y el de San Gabán, Antonio Huamantica, han rechazado estas versiones.

Mientras tanto, el gobierno procedió a declarar el estado de emergencia en los distritos de San Gabán, en Carabaya; y Antauta, provincia limítrofe de Melgar. El jueves 21, en toda la provincia de Carabaya se convocó a un paro general de 24 horas, en solidaridad con la huelga de los productores de hoja de coca y con los familiares de las víctimas de la toma así como los del accidente de tránsito.

Por otro lado, diversos gremios y organizaciones sociales se vienen pronunciando sobre estos hechos que producido una nueva crisis política a Puno, región que fuera convulsionada meses con la crisis de Ilave, en la provincia del Collao. La CCP y la Federación Departamental de Campesinos de Puno, han expresado también su solidaridad con los productores y han exigido el levantamiento del Estado de Emergencia.

Asimismo, han criticado la negligencia y torpeza como el gobierno a través de DEVIDA y el ministerio de Agricultura manejan estos conflictos, que no son sino la expresión de la pobreza de los campesinos, que no tienen otra forma de sobrevivir, como consecuencia de una política económica que excluye a los campesinos.

Ministro del interior debe renunciar por agresión a productores

El asesor de la Federación Departamental de Campesinos de Puno, FDCP, Alberto Quintanilla, exigió la renuncia del ministro del Interior, Javier Reátegui, responsable político de las agresiones contra los productores de San Gabán, quien es incapaz de resolver los problemas del sector, pues desconoce la realidad de los pueblos del interior del país.

Al tiempo que rechazó la brutal agresión que produjo la muerte de tres campesinos, Quintanilla, señaló que los operativos que han provocado la reacción de los productores de San Gabán, buscan ocultar el fracaso de la política de sustitución de cultivos de coca en la región de la selva central, San Martín, valle del Apurímac y Ayacucho. “La erradicación ha sido suspendida en estas zonas por la oposición de los productores y por ello, el gobierno ha optado por trasladar estos operativos a San Gabán, para cumplir con las metas de erradicación”, explicó el asesor de la FDCP.

Agregó que a pesar que DEVIDA se comprometió a enviar una comisión a San Gabán para estudiar los programas de sustitución de cultivos de coca, no cumplieron con este compromiso, lo que ha motivado la protesta de los productores, que tuvieron que recurrir a la huelga como única forma de hacerse escuchar. “Ahora el gobierno y el ministro Javier Reátegui, han acusado a los productores de ser manejados por narcoterroristas, lo que demuestra un total desconocimiento de la realidad de los pueblos del interior del país, por lo que debe renunciar a su cargo”, demandó Alberto Quintanilla.

De otro lado, señaló que el gobierno regional de Puno ha dirigido una carta al Presidente Toledo en la que solicitan se incremente el presupuesto para inversión de la Región a 125 millones de nuevos soles y un régimen de excepción, olvidando que está envuelto en un escándalo por presuntos actos de corrupción en el manejo de 22 millones por la emergencia del 2003, donde sus de consejeros concilian, constituyéndose en cómplices de supuestos actos de corrupción que están siendo investigados judicialmente.

“Por ello, los integrantes del Gobierno Regional, en particular su Presidente David Jiménez, deben dar un paso al costado y pedor licencia, mientras se les procesa judicialmente, ya que son una traba para que Puno reciba más presupuestos e inversiones y se resuelvan los problemas de los productores de la región”, sostuvo Quintanilla.