Ecuador y Colombia, sino que se extiende incluso a importantes sectores laborales, ambientales, agrícolas, religiosos, de mujeres y otras instancias de la sociedad civil de los Estados Unidos, que han exigido la suspensión de las negociaciones.

Estas organizaciones que conformado una coalición por un comercio justo y sustentable han enviado una carta al responsable de comercio exterior norteamericano Robert Zoellick, en la que señalan las razones por las que se exigen se suspendan las negociaciones. Entre las razones que esgrimen es que ésas se han realizado de manera secreta, sin textos disponibles para la opinión pública y prácticamente sin consulta a la sociedad civil de los países involucrados en las negociaciones.

Remarcan incluso, que pocos norteamericanos tiene idea de que el gobierno de Bush está negociando un TLC en la región andina, y consideran imperativo que en este año electoral, el pueblo estadounidense pueda entender los temas que enfrenta y el rumbo que en el futuro del pueda tomar el comercio exterior.

Agregan que todo indica que este acuerdo está siendo negociado según las líneas del TLCAN, el TLC Estados Unidos-Chile y el TLC Estados Unidos-Centroamérica, todos los cuales contienen medidas sobre inversión, derechos de propiedad intelectual, agricultura, servicios, trabajo y medio ambiente, que ya se ha demostrado que son desastrosas para la mayoría de las poblaciones involucradas. En el caso del TLCAN, diez años de experiencia han resultado en salarios estancados o reducidos, perdidas de empleo, y amenazas a leyes ambientales de interés público en México, Estados Unidos y Canadá. Nos oponemos la extensión de este modelo a otros países.
Remarcan que les preocupa particularmente que la extensión del modelo TLCAN a la región andina afecte a los agricultores y otros productores de pequeña escala, forzando de esta forma a más personas a la producción de productos ilegales para sobrevivir y exacerbando las tensiones políticas y económicas existentes en la región andina.

De otro lado, un grupo de legisladores norteamericanos han enviado una carta al presidente Bush, remarcando el peligro que significa incluir en las negociaciones las patentes de los medicamentos, pues consideran que ello atenta contra el derecho de acceder a los medicamentos genéricos, lo que constituye una violación a la Declaración de Doha, que autoriza a los países a tomar medidas para proteger la salud pública.

Remarcan que esta situación agravaría más aún la situación los países con una gran población rural sin seguros que paga los medicamentos de su propio bolsillo y podrían ser completamente despojados del sistema de salud o expuestos a utilizar productos inseguros del mercado negro si es que quedan disponibles pocos genéricos.

Por estas razones, los legisladores instan al gobierno de Bush para “que se mantenga la posibilidad de que América Latina y todos nuestros socios comerciales en el mundo en desarrollo obtengan medicamentos a precios alcanzables, que salvan vidas, en una forma oportuna y eficiente, y asegurar que nuestros TLCs mantengan y respeten el espíritu e intención de la Declaración de Doha”.