El gobierno nada ha hecho por las víctimas de la violencia
Ha pasado un largo año, desde que el 28 de agosto del 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CVR, presentara su Informe Final, y el mismo sigue durmiendo el sueño de los justos. Las promesas del Presidente Toledo de atender sus recomendaciones parecen haber pasado a mejor vida, mientras las víctimas de la violencia siguen esperando justicia y reparación.
Miguel Jugo, Director Ejecutivo de la Asociación Pro Derechos Humanos, Aprodeh, ha señalado al respecto, que nada se ha avanzado en cuanto a las recomendaciones de la CVR, lo cual atribuye a que no hay en el gobierno y otros poderes del Estado, un consenso sobre cómo abordar este tema.
Mientras tanto, Jaime Urrutia, secretario técnico de la comisión multisectorial de seguimiento a las recomendaciones de la CVR, se ha limitado a informar sin precisar la fecha, que el Consejo de Ministros debatirá una propuesta para que el Estado asuma el Plan Integral de Reparaciones. Urrutia también reconoció que habría en el gobierno una falta de voluntad política para asumir las recomendaciones de la CVR.
Por otro lado, Sandra Watson de Amnistía internacional, ha anunciado el lanzamiento de una campaña a nivel mundial para que la comunidad internacional presiones al gobierno peruano a que cumpla con las recomendaciones de la CVR.
Y en medio de este mar de olvido muy parecido a la impunidad, ha surgido nuevamente la voz del congresista Rafael Rey, quien conviviera cómodamente con la dictadura fujimorista, para pedir que el Perú no reconozca la competencia contenciosa de la Corte de San José en los casos de terrorismo.
Para Aprodeh, esta actitud de Rey tiene una clara “inspiración fujimorista” y busca también sabotear políticamente el aniversario del Informe Final de la CVR. Y al parecer el congresista del Opus Dei, está jugando en pared con los miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar, que justamente también han escogido el mes de agosto para emitir un fallo que exculpa a Vladimiro Montesinos y otros ex altos mandos militares por el crimen de La Cantuta.