Las cincuenta empobrecidas familias campesinas de la comunidad de Huancuhuiri, distrito de Challhuahuacho, en la lejana provincia de Cotabambas (Apurímac), sufrían constantemente el robo de sus escasos ganados que perpetraba un grupo de abigeos, comandados por dos hermanos. Estaban cansados de denunciar y exigir la acción de la policía. Cansados ante tantos abusos, decidieron organizar su autodefensa y rondas campesinas, para defender su único medio de sobrevivencia, su ganado.

El día 17 de enero del presente año, se produjo una nueva incursión del grupo de abigeos. Los ronderos, en una acción legítima de defensa de sus bienes comunales, lograron capturar a los dos hermanos lo dirigían, en tanto que los demás lograron escapar. En aquellas alturas, en donde nunca llega la justicia, los campesinos decidieron tomarla por sus propias manos. Con participación de toda la comunidad, juzgaron, sentenciaron y ejecutaron a los bandidos.

Luego, por acuerdo de la misma comunidad, nombraron a 25 comuneros jefes de familia, para trasladen los cuerpos hacia la localidad de Tambobamba, capital de la provincia, donde informaron a las autoridades policiales de los hechos y entregaron a las víctimas. La policía, procedió a detener a la totalidad de los comuneros, y hasta la fecha continúan presos en la cárcel local.

Desde esa fecha, las familias comuneras están prácticamente abandonadas; las madres y los niños atraviesan una difícil situación, los cultivos se ha perdido, pues los dos únicos comuneros que no se dan abasto para atender los trabajos; no existen autoridades comunales, pues todos los directivos están en prisión. Ellos ahora, sobreviven con la escasa ayuda que les brinda una entidad vinculada a la iglesia.

Mientras tanto, el proceso judicial que se inició en la Corte Superior de Justicia del Cusco, a cuya jurisdicción pertenece judicialmente la provincia de Cotabambas, está prácticamente detenido. Los campesinos no cuentan con asesoramiento legal, más allá de un abogado de oficio. Mientras, tanto los campesinos de Huancuhuiri, siguen clamando justicia desde la cárcel.

Angel Villafuerte Pinares, un periodista abanquino que viajó hasta la zona para investigar los hechos, ha informado a Voz Campesino, que los jueces del Cusco que ven el caso, enfrentan el dilema de condenar a los campesinos considerando sólo los aspectos jurídicos; o tomar en cuenta la connotación social de los hechos. Agrega, que han solicitado la opinión de un antropólogo y un sociólogo. Lo cierto, remarca, es que el caso es complejo.

Este caso ya sido puesto de conocimiento de la Federación Departamental de Campesinos del Cusco, FDCC y de otras instituciones de Abancay, como el Centro de Desarrollo Humano, CDH; entidades que están gestionando el apoyo de organizaciones especializadas en temas de derechos humanos, para asesorar a los campesinos.

Mientras tanto, los 25 comuneros pasan sus días en las frías celdas de la cárcel de Tambobamba; seguramente en la incertidumbre de no llegar a entender que tomar la justicia por sus propias manos, puede costarles varios años de encierro. Este caso, revela los extremos a los que se puede llegar, en aquellos lejanos lugares, donde la justicia del Estado –como muchas otras cosas- nunca llega para los campesinos.