Este ha sido el argumento central de quienes han atacado con más
encono a la CVR. Sostienen que sólo los senderistas terroristas
violaron derechos humanos, y deben ser procesados y sancionados con
todo rigor. Denunciar, procesar y sancionar los delitos de lesa
humanidad (ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzosa de
personas, torturas y violaciones) cometidos por elementos de las
Fuerzas Armadas y de la PNP es "desmoralizar" a las fuerzas del orden
y "traicionar" su esfuerzo y sacrificio en la lucha contra el
terrorismo.
Dicen además -por encima de la evidencia de centenares de testimonios,
de más de 4,000 detenidos desaparecidos, de indicios de más de 4,600
lugares de entierro clandestino, y hasta de manuales de procedimiento
militar que evidencian directivas de no dejar sobrevivientes en los
enfrentamientos o intervenciones militares (en determinados períodos,
hasta visados por algún Ministro de Defensa)- que la CVR no puede
imputar que hubo circunscripciones y períodos de tiempo en que la
violación de los derechos humanos fue sistemática por parte de las
fuerzas del orden.
Sostienen que se les pretenden equiparar con el accionar del
senderismo terrorista, que el plan de los "voceros del terrorismo en
la CVR" es desprestigiarlas y debilitarlas para llegar a una
transacción:"amnistía para los terroristas, amnistía para los miembros
de las FF.AA. comprometidos en violaciones de los DD.HH.
Con ello, no hacen sino dejar su verdadero objetivo al desnudo. Los
Barba, los Gonzáles y los Rey quieren simple y llanamente AMNISTIAR a
quienes -desde una función pública- violaron los derechos humanos, o
cometieron delitos de lesa humanidad. Y la razón "ética" es simple:
los hicieron por una razón de Estado, en defensa de nosotros. Y cuando
es así, todo vale y debe ser inimputable.
Ya Rey y Tudela, Martha Chávez y Siura, entre otros, lo hicieron en
1995. Quieren repetirlo y, además, obtener alguito, el rédito político
de atraer a las instituciones armadas a su lado en medio de una
situación política difícil y crítica, en que el bastón de mando
militar nunca sobra según los anales de la historia nacional.
Y ahora que se ha dado a conocer la filmación de los Generales de las
FF.AA. y de la PNP, junto con Montesinos y Huaman Azcurra, inaugurando
la sala de interceptación telefónica en el SIN, ¿que dirán? ¿También
lo hicieron por nosotros? ¿No era una razón de Estado? Si asesinar de
un tiro en la nuca a los estudiantes de la Cantuta es comprensible, y
ametrallar a los ambulantes en la pollada de Barrios Altos aceptable,
como miles de fosas clandestinas y desaparecidos, ¿cómo resultaría
condenable y sancionable grabar conversaciones telefónicas? Ya Martha
Chávez puso de su parte con la cortina de humo sobre el espionaje
telefónico, hoy hasta filmado. ¡Amnistiemos también a los que
interceptaban teléfonos o ponían cámaras en las suites de Barranco,
que quizás hay alguna de los promotores de la campaña, no!
Y, ¿por qué no a los ladrones? También servían al Estado y el gobierno
de Fujimori hubiera sido imposible sin los Joy Way, los Camet y los
Boloña, asesores financieros y compañía. Abre una puerta y abrirás las
demás. Ese es el plan...porque "lo hicieron por nosotros". A 30 años
de la muerte de Allende y de la imposición del pinochetismo a sangre y
fuego sobre decenas de miles de chilenos muertos, atestiguando como
las heridas siguen abiertas por falta de justicia, ¿no es hora de
aprender adónde nos llevan las "razones de Estado"?