Jorge Prado Sumari, secretario general colegiado de turno, quien recibió la responsabilidad de conducir la mesa directiva del Congreso Estatutario y de dirigir también el Consejo Nacional, destacó la enorme importancia de los acuerdos de estos dos eventos nacionales que fortalecerán la institucionalidad y trabajo organizativo de la Confederación Campesina del Perú, CCP.

El dirigente nacional remarcó que ambos eventos se han desarrollado en un ambiente de unidad y han contribuido a tener mayor claridad y comprensión para el movimiento campesino respecto del carácter neoliberal del gobierno aprista. “Estos eventos revisten enorme importancia sobre todo por el contexto político marcado por una política económica que en nada favorece al pueblo y al campesinado, y por el carácter anti comunidad campesina y pro minero de Alan García”, enfatizó Jorge Prado.

Más adelante señaló que con el Congreso Estatutario, la CCP ha buscado responder con creatividad y democracia a los nuevos retos que plantea la situación actual del país; y al mismo tiempo adaptarse a la dinámica de la realidad concreta que debe afrontar el movimiento campesino. Por ello, remarcó, los cambios orgánicos que se han introducido como la creación de nuevas secretarías como la de defensa de los recursos naturales y de soberanía alimentaria; así como la creación de instancias de dirección macroregionales, responden a las nuevas necesidades organizativas.

En esa misma orientación se enmarcan los acuerdos del Consejo Nacional, como el de impulsar la campaña por el derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria, así como la de convocar a un Tupanakuy nacional, para recoger la problemática y las propuestas de las comunidades campesinas y en conjunto y de manera democrática decidir las acciones de incidencia y presión social para exigir atención a sus principales problemas.

En ese sentido, ponderó la Consulta Vecinal de los pueblos de Ayabaca y Huancabamba para rechazar la actividad minera, pues está marcando el derrotero por donde tiene que enrumbar el gremio para fortalecer a las comunidades campesinas en su lucha por la defensa de la tierra, el territorio y fundamentalmente del agua. Por lo tanto, la respuesta del gobierno de presentar un proyecto de ley para declarar el proyecto minero Majaz de prioridad nacional, no es sino la expresión prepotente y autoritaria del gobierno de no escuchar la voz de las comunidades campesinas y defender a rajatabla los poderosos intereses económicos de las transnacionales mineras, sentenció Jorge Prado.

ROBERTO LOPEZ Y MELCHOR LIMA DESTACAN UNIDAD DE LA CCP

El Congreso Estatutario y el Consejo Nacional de la CCP se realizaron exitosamente al influjo de la lucha que libran los pueblos de Ayabaca y Huancabamba contra la presencia de las empresas mineras irresponsables y prepotentes como la Majaz, afirmaron los secretarios generales colegiados de la CCP, Roberto López cruz y Melchor Lima Hancco.

Ambos dirigentes nacionales destacaron también que estos eventos nacionales han ratificado la unidad de la CCP y han reafirmado su rol en la conducción y orientación del campesinado peruano en su lucha y defensa de la pequeña agricultura y de las comunidades campesinas, hoy agredidas por la política neoliberal que implementa el gobierno aprista.

La presencia de los dirigentes varones y mujeres del departamento de Piura, que estuvieron presentes en la reciente Consulta Vecina en Ayabaca y Huancabamba; y que además han acompañado todo el proceso de organización de la consulta y las diversas luchas en defensa de sus recursos naturales y de su agricultura, fue no solo reconocida sino valorada por los delegados presentes en ambos eventos nacionales.

Roberto López y Melchor Lima, coincidieron en remarcar el hecho de que el nuevo Estatuto de la CCP ratifique la dirección colegiada del gremio, que fortalezca la descentralización con los Consejos Macro Regionales y ratifique la visión de género y recambio generacional al plantear que las mujeres y los jóvenes deben constituir el 50 por ciento de la dirección nacional.

De otro lado, ambos dirigentes criticaron la actitud prepotente e hipócrita del gobierno, que mientras afirma que quiere dialogar con los pueblos afectados por el proyecto Majaz, pretende hacer aprobar en el Congreso de la República, un proyecto de ley que lo declara su explotación de prioridad nacional, junto con otros 20 proyectos mineros en diversas partes del país.

Al respecto, Roberto López, señaló que la CCP ha planteado la zonificación o mapeo del país para determinar en qué lugares o zonas se puede desarrollar la minería sin que destruya la agricultura y los recursos naturales. “Esta zonificación tiene que ir también acompañada con la consulta a los pueblos para que democrática y libremente puedan decidir si están de acuerdo con esta actividad, tal como lo reconoce el Convenio 169 de la OIT”, enfatizó Roberto López.