El Gobierno, los grandes empresarios y los economistas neoliberales mucho hablan que el sector agroesportador es el mejor ejemplo de que el modelo funciona, que la inversión genera divisas para el país y trabajo para la gente. Y los números parecen darles la razón porque la venta al exterior de productos como espárrago, mango, uva, ají páprika y alcachofa, ha ido creciendo en los últimos años, hasta alcanzar casi 1000 millones de dólares el año pasado. Asimismo, dicen que en regiones como La Libertad e Ica, casi no hay desempleados porque la agroexportación da trabajo a casi todos.

Pero lo que no dicen es que de qué calidad de empleo se trata y si los derechos laborales de los trabajadores de campo y de las plantas procesadoras se están respetando. Aquí es donde se ven que las cosas no son tan buenas como las pintan.

Cabe recordar que el agro de la Costa, que es la región donde está localizada la mayor parte de la inversión en el sector, ha cambiado significativamente en las últimas décadas. A fines de los 60, la Reforma Agraria del gobierno militar reemplazó el régimen de las grandes haciendas algodoneras y azucareras con cooperativas. Veinte años después, estas se parcelaron, fragmentando la propiedad hasta que en los 90 el fujimorismo, con su política neoliberal, promovió la reconcentración de la tenencia de las mejores tierras en manos de inversionistas privados peruanos y extranjeros alentados por beneficios tributarios y la flexibilización laboral que se mantienen desde entonces.

Este sector empresarial ha tenido y tiene representantes directos en el Ministerio de Agricultura. José Chlimper, uno de los accionistas principales de Agrokasa, una de las mayores empresas agroexportadoras, fue ministro de Fujimori. Hoy ocupa esa cartera el ex banquero Ismael Benavides, actualmente dedicado a la producción de espárragos y uvas exportables.

La gran mayoría de miles de hombres y mujeres que trabajan en la agroexportación lo hacen sin contratos fijos sino temporales, con salarios que promedian el mínimo vital para el sector (16 soles el jornal) a pesar de que las jornadas son de más de 8 horas sin pago de sobretiempo, llegando a 14 ó 16 horas en épocas de cosecha. Hay problemas de seguridad y salud en el trabajo, enfermedades habituales en este tipo de tareas no son atendidas oportunamente. Mención especial merece la situación de las trabajadoras, requeridas en mayor número para la producción de espárragos, pues enfrentan muchos problemas de cumplimiento de las normas laborales que las protegen, convenios de la OIT que el Estado peruano ha ratificado, tal como lo demuestra un estudio realizado por la ong Aurora Vivar en la región Ica en el 2005.

Pero como no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista, los trabajadores campesinos y obreros están empezando a organizarse en sindicatos. Eso ha ocurrido en las empresas más grandes como Negociación Agrícola Virú y Camposol en La Libertad; mientras que en Ica ya existe organización en Agrokasa y Coexa. Anteriormente intentos similares fueron respondidos con despidos y medidas antisindicales; ahora hay un buen porcentaje de afiliación y ánimo de lucha, lo que les puede garantizar la vigencia de sus derechos.