El 16 de setiembre del 2007 es ya una fecha histórica para los pueblos que luchan con justicia por el derecho a la vivir con dignidad y en defensa de sus recursos naturales, frente al abuso colosal del poder económico y político y de los gobiernos que los sustentan. En efecto, la Consulta Vecinal que llevaron a cabo, los pueblos de los distritos de Ayabaca, Huancabamba y Carmen de la Frontera, en las provincias de Ayabaca y Huancabamba, en Piura, no solo han continuado la ruta que trazó el pueblo de Tambogrande el 2 de junio del 2002, sino también el camino que seguirán todos aquellos pueblos que se vean amenazados por actividades que ponen en riesgo su derecho a un desarrollo integral, sostenible y en armonía con el medio ambiente y los recursos naturales.

Y así como Tambogrande gestó el camino, la Consulta Vecinal de Ayabaca y Huancabamba nos dejan también nuevas lecciones a tener en cuenta, en un contexto en el que un gobierno como el de Alan García ha decidido echar mano de sus peores recursos antidemocráticos, autoritarios y represivos para defender el modelo neoliberal, que tiene en la inversión minera uno de sus pilares centrales. Basta recordar su discurso presidencial del 28 de julio del 2006 cuando proclamó “inversión minera, ahora o nunca”.

Un aspecto que merece destacarse es el hecho de que a más de 15 años de explotación minera al amparo de las leyes fujimoristas, ahora, los pueblos rurales y comunidades campesinas que se ven afectadas por la minería, ya no pueden ser sometidos fácilmente, han aprendido a informarse y a capacitarse para conocer sus derechos y los instrumentos legales nacionales e internacionales que los amparan; a denunciar con argumentos y a desmontar los artificios con que las poderosas mineras pretenden embaucar a las poblaciones; y también saben establecer sus relaciones y construir sus alianzas estratégicas en la defensa de sus derechos.

La Consulta Vecinal también ha significado una magnífica contribución a los esfuerzos por profundizar y recuperar el sentido de la democracia participativa –su sentido más genuino- frente a la banalización a la que la buscan reducir a diario los mentores de la democracia formal o representativa, que hacen de la política una de las actividades más desprestigiadas de los últimos tiempos. En esas provincias andinas de Piura, a pesar de todas las amenazas, han sabido llevar a la práctica no solo su derecho a la consulta popular, sino que han rescatado la esencia misma que puede darle sentido a la democracia y que no es otra que una auténtica democracia participativa.

De otro lado, con este ejercicio democrático, los pueblos y las organizaciones sociales han revalorado el rol que les corresponde, en especial a las comunidades campesinas, en la defensa de su tierra y su territorio; y ello, es sumamente importante, en el marco en que las fuerzas aprofujimoristas aconchabadas en el Congreso de la República pretenden retomar la ofensiva para privatizar las aguas, los bosques y las tierras comunales.

El NO a la minería que han expresado más del 90 por ciento de la población de los tres distritos piuranos, se traduce en un explícito y contundente SI a la agricultura y a la defensa de sus recursos naturales. Y por ende, esto se traduce en la defensa de una política de soberanía alimentaria, hoy más necesaria que nunca, cuando vemos cómo el aumento de los precios de los alimentos en el mercado mundial –como el caso del trigo- desnuda nuestra precariedad y vulnerabilidad por la dependencia de la importación de este cereal.

De manera, que la Consulta Vecinal constituye sin duda –junto con la extradición del ex dictador Kenya Fujimori para que responda por sus crímenes- el hecho político más importante de este setiembre, tan dado pródigo en fechas célebres. Solo la actitud recalcitrante, antidemocrática, autoritaria, represiva y bufalesca de un gobierno como el que encabeza Alan García –movidos por poderosos intereses económicos y políticos- han sido capaces de desatar una brutal campaña de satanización, manipulación y desinformación frente a la Consulta Vecinal.

La patética actuación de Alan García y su incondicional Jorge del Castillo, que recurrían a cualquier pachotada y no sabían cómo impedir la consulta, no expresaban otra cosa que la desesperación de un régimen que hace tiempo parece haber perdido el sentido de la historia. Calificar de ilegal, ilegítima y anticonstitucional la Consulta Vecinal –y hay que destacar aquí la actuación ecuánime y correcta de la Defensoría del Pueblo en reconocer el derecho a la Consulta- es desconocer el derecho que les asiste a los pueblos indígenas y las comunidades campesinas y que son reconocidos por el Convenio 169 de la OIT, del cual nuestro país es signatario. Es decir, cuando se trata de defender al poder minero, García y compañía no dudan en desconocer los convenios internacionales.

Finalmente, queremos ratificar nuestra decisión de seguir apoyando las justas causas de los pueblos de Ayabaca y Huancabamba en la defensa de sus recursos naturales y sobre todo del agua; saludamos la presencia de las instituciones, congresistas y personalidades –tanto nacionales como extranjeros- que hay apoyado este ejercicio democráticos de nuestros pueblos, y reiterar que seguiremos acompañando sus luchas, como lo hemos estado en esta histórica gesta del 16 de setiembre del 2007.