Era un cambio cantado, ya la prensa progobiernista -mayoritaria en la hora actual- lo había desahuciado. Esa misma prensa que lo había convertido en uno de sus blancos preferidos por no ajustarse al libreto del actual alanismo. Así, Juan José Salazar, también conocido como Chiquitín, tuvo que mudarse del despacho de Agricultura sin mayores logros pero sí con la virtud de haber hablado claro y afrontado con valor un tema tan complejo como el de la hoja de coca. Pero antes, ya había chocado con los \"duros\" del Ministerio de Economía al demandar recursos para la emergencia agraria, recursos que nunca fueron otorgados por cierto.

El pretexto ideal para la salida de Salazar del gabinete ministerial fue el acta que firmó, a nombre del Gobierno, con los campesinos de La Convención (Cusco) en el que aceptó el planteamiento de que el Estado peruano tiene que hacer esfuerzos para retirar la hoja de coca de la lista de sustancias prohibidas. La confusa redacción del documento llevó a que se difundiera la interpretación de que en caso de que no se concretara dicho pedido se vería la posibilidad de denunciar la Convención de Viena, el tratado internacional más importante de combate al tráfico ilícito de drogas.

Los medios de comunicación \"echados\" al Gobierno, la derecha, el fujimorismo y el desentendimiento de sus propios compañeros apristas lo habían colocado en una situación incómoda dentro del Gabinete por haber firmado el Acta de Tocache con los productores de hoja de coca del Alto Huallaga, en el que comprometió la palabra del Gobierno a llevar a cabo el empadronamiento de los cocaleros y a detener la erradicación forzosa. Fue desautorizado por Del Castillo y el propio García. Antes, había despertado las iras de los nuevos aliados del Apra y de los allegados a la embajada de EEUU, al afirmar, con razón, de que este gobierno, al igual que los anteriores, no tiene una estrategia que responda al interés del país en relación al problema de la coca.

Una vez definida la suerte de Salazar, a Alan García no se le ocurrió mejor idea que mirar a su derecha y echar mano de un ex banquero y actual empresario agroexportador en uva y espárrago. Ismael Benavides tiene un pasado político ligado a Acción Popular, fue viceministro de Economía y ministro de Pesquería del segundo gobierno de Fernando Belaunde; luego de lo cual desarrolló una carrera tecnocrática la servicio de organismos multilaterales. En su currículum destaca haber sido consultor del Banco Mundial para el proceso de privatización (remate mejor dicho) de las empresas públicas en Bolivia, en el gobierno de Sánchez de Lozada.

Con estos antecedentes, la presencia de Benavides en la cartera de Agricultura es pues una nueva y evidente muestra de que el segundo alanismo se ha tomado muy en serio el papel de fiel aliado del gran capital nacional y transnacional. Para empezar, el empresario se desmarcó de su antecesor, señalando que el Sector no se involucrará más en el tema cocalero, porque es responsabilidad exclusiva del Ministerio del Interior y de Devida, es decir de la estrategia ordenada por los intereses de EEUU.

A pesar de repetir lo que todo ministro de Agricultura declara al asumir el cargo: que dará prioridad al agro serrano para combatir la pobreza a condición de que se modernice, etc, etc; los intereses propios y los que representa en el mundo empresarial apuntan a mantener el actual sesgo agroexportador con base en la producción de la Costa y a proponerse a hacer nuevos grandes negocios en esta región natural de nuestro país.

Es lo que se puede deducir cuando Benavides señaló que está a favor de dar impulso a la producción de etanol derivado de la caña de azúcar y del maíz. No es un anuncio cualquiera. El etanol aparece como un biocombustible alternativo al petróleo y demás hidrocarburos en medio de la discusión sobre el evidente calentamiento global y los daños y las amenazas reales que afectan a la ecología en todo el planeta. Está comprobado que el etanol produce una menor emisión de gases que el petróleo pero provoca otras clases de problemas, tanto ecológicos como sociales.

A contramano del encendido interés que están mostrando las transnacionales sobre la producción de etanol, un reciente informe científico encargado por la ONU, afirma que este biocombustible tiene un efecto negativo sobre el uso de los recursos tierra y agua. En otras palabras, las grandes inversiones requeridas para el etanol exigen una gran concentración de tierras y un uso colosal del agua. Paralelamente, encarecerían los alimentos que se dejarían de producir al ser menos rentables que los sustitutos del petróleo para la generación de energía. Un negocio redondo para los dueños del mundo pero un incierto futuro para las grandes mayorías.