Ante la indiferencia del gobierno aprista para atender sus demandas, las organizaciones agrarias, campesinas, sindicales y sociales de la provincia de La Convención, en el Cusco, decidieron radicalizar su medida de lucha, pasando del paro de 72 horas que se cumplió ayer miércoles 23 de mayo a una huelga indefinida.

La decisión se tomó en una asamblea popular realizada en Quillabamba, capital de la provincia, según informó el alcalde Hernán de la Torre Dueñas, quien responsabilizó al gobierno por esta determinación al mantener total indiferencia en solucionar la plataforma de lucha y negarse a enviar una comisión de alto nivel conformada por cinco ministros de Estado para buscar solución a la huelga.

Por su parte la presidenta del Comité de Lucha, Elena Ascarza, censuró la inflexibilidad del Ejecutivo para atender sus demandas y exigió, además, que el diálogo si se concreta se realice en el Cusco. La dirigenta no descartó que las acciones comprendan tomas de instalaciones del gasoducto de Camisea y el bloqueo de la ciudadela de Machu Picchu.

Hay que remarcar que una de las exigencias centrales de La Convención es que se cumpla el acta firmada con el ex ministro de Agricultura Juan José Salazar, en la que se pide la hoja de coca de la lista de estupefacientes de la Convención de Viena, la construcción del gasoducto de Camisea al Cusco, del hospital de Quillabamba y de la carretera Abra Málagra-Alfamayo-Quillabamba, así como la declaratoria de emergencia del agro.

Los principales medios nacionales y regionales daban cuenta que ayer miércoles 23 de mayo, durante el último día de paro de 72 horas, seguía el cierrapuertas de los establecimientos comerciales y de las instituciones públicas; mientras tanto en las carreteras, a pesar del esfuerzo de la Policía, hay una larga fila de vehículos de carga y de transporte de pasajeros que continúan detenidos.