En enero, el Gobierno declaró 2013 como el Año de la Inversión en Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria. Fue una declaratoria que creó expectativas, sobre todo después de un quinquenio de gobierno del APRA, en el que tanto el desarrollo rural como la seguridad alimentaria fueron totalmente desatendidos. ¿Para qué desarrollo rural si los campesinos «no tienen formación ni recursos económicos» (Alan García en su famoso manifiesto «El síndrome del perro del hortelano»)? ¿Para qué seguridad alimentaria si es un concepto obsoleto y podemos exportar gas para importar alimentos (Alan García en entrevista al diario Expreso)?

En la abandonada propuesta de La Gran Transformación, del frente Gana Perú, que llevó a Ollanta Humala a la presidencia, el término seguridad alimentaria se repite varias veces. Así, en la sección sobre «La transformación de la producción agraria» se afirma: «Lucharemos por tener una actividad [agropecuaria] articulada, competitiva y sostenible, orientada a dotar de seguridad alimentaria a la población peruana». El término seguridad alimentaria desaparece en la Hoja de Ruta, para ser reemplazado por el ofrecimiento de asistencia alimentaria, es decir, por programas del tipo de Qali Warma, similares a los implementados por gobiernos anteriores.

La formación de una comisión multisectorial de seguridad alimentaria y nutricional, en octubre del año pasado, por iniciativa del Ministerio de Agricultura, fue una señal positiva, pues tenía como encargo el diseño de una nueva Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (la anterior, aprobada en 2004 y que debió regir hasta 2015, nunca dejó los cajones de los escritorios). También fue una señal positiva la aprobación unánime de un proyecto de ley de seguridad alimentaria por la Comisión de Agricultura del Congreso, como también lo fue la aprobación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, promulgada en mayo de este año.

Con todos estos antecedentes, había la expectativa de que el Gobierno anunciase en el Día de la Alimentación algo importante, lo que no ocurrió. Fuera de algunos eventos protocolares oficiales de limitada importancia y de varios otros promovidos por la sociedad civil, no hubo novedades. La primera dama, Nadine Heredia, se lució en las celebraciones realizadas en la sede central de la FAO, pero no anunció ninguna medida concreta.

¿En qué estado están, pues, las iniciativas mencionadas más arriba? Se sabe que ya hay una propuesta de Estrategia Nacional, pero aún no pasa al Consejo de Ministros para su aprobación. La propuesta de ley de la Comisión Agraria del Congreso ha quedado estancada, sin que aún pase a debate en la plenaria. Y la Ley de Promoción de Alimentos Saludables aún no ha sido reglamentada (a pesar de que ya expiró largamente el plazo fijado por la propia ley), por lo que no se implementa. Se afirma que esta demora se debe a las intensas presiones que está ejerciendo el lobby de la industria alimentaria sobre la comisión que elabora el reglamento, para que este los afecte lo menos posible.

El Gobierno y el Congreso han perdido, pues, una ocasión para recuperar en algo el declinante apoyo de la ciudadanía —sensible al tema alimentario—, y se van diluyendo las esperanzas de que este Gobierno muestre coraje para adoptar medidas favorables a la mayoría de la población, cuando poderosos grupos empresariales elevan la ceja en señal de desaprobación. El Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria está pasando sin pena ni gloria.