Hoy, cerca del 80% de los trabajadores de la gran y mediana empresa en el Perú están empleados en \"service\" o bajo la modalidad de contratos por servicios no personales. Sujetos a sueldos y salarios miserables, no participan en la distribución de utilidades de las empresas, y muchísimos no gozan de derechos elementales como seguridad social, vacaciones, o siquiera una jornada diaria de ocho horas de trabajo. En el Estado, las cifras son igualmente alarmantes. El 2005, en Lima, de una PEA de 3\'837,000 personas, había 437,000 en desempleo abierto y más de 1\'123,000 trabajadores estaban en esos sistemas (cuando en 1995 eran unos 378,000), mientras los \"estables\" no superaban los 340,000. Según SUNAT existen un total de 3,000 service y cooperativas equivalentes en el país.
Este es el resultado de la desregulación laboral neoliberal y de la desarticulación de la organización sindical brutalmente impuestas por el fujimorismo y mantenidas por el toledismo y el alanismo. No crearon ni formalizaron nuevos empleos en pequeñas y micro empresas, sino que precarizaron y pauperizaron los existentes en la mediana y gran empresa. Resultado de ello es que las ganancias empresariales han subido por ascensor y los sueldos y salarios se mantienen –en lo fundamental– en el sótano.
Por ello, ahora –directamente y sin tapujos– los trabajadores mineros levantan su pliego y lanzan su huelga nacional enrostrando a Alan García su programa electoral. Cansada del incumplimiento de su compromiso de restituir los derechos laborales y de acabar con las \"service\" y la tercerización del empleo sin derechos sociales, la Federación Minera pone el dedo en la llaga: quieren trabajo con derechos. Sus demandas son casi subversivas, si estuviéramos a inicios del siglo pasado: jornada de 8 horas diarias, dación de la Ley General de Trabajo, participación de los trabajadores en el 10% de la riqueza que generan (sin topes), derecho a libre desafiliación de las AFP y restitución del aporte de las mineras –con un 0.5%– al fondo de jubilación del sector, así como el pase a planillas de miles de miles de trabajadores en service y contratas que los sobreexplotan.
El caso de más de 800 trabajadores de service en Shougang, Marcona, es ilustrativo: tienen años laborando en lo que se supone es trabajo no permanente, ganan menos de la tercera parte de los que están en planilla, no reciben reparto de utilidades y hasta tienen que alquilar vivienda y pagar agua en el campamento minero, mientras muchísimos trabajan 12 horas diarias. O Casapalca, donde la empresa de Gubbins puede reprimir –con la policía del gobierno alanista y matones– a los trabajadores por el \"delito\" de sindicalizarse y reclamar sus derechos, despide 70 trabajadores, escamotea su participación en la utilidades e impone 12 horas diarias de trabajo con sueldos que –denuncian ellos– bordean los 350 soles.
García –en campaña– se presentó como el campeón de los derechos laborales. A nueve meses de gestión sólo vemos un aborto de sus promesas. Explicable porque es el engreído de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, y de las transnacionales que manejan a su antojo nuestros recursos naturales. Un Cid campeador del libre mercado y de la desregulación laboral, el candidato del \"cambio responsable\" se ha convertido en el responsable de congelar la injusta situación de millones de trabajadores peruanos y de olvidar su compromiso de establecer un impuesto a las sobreganancias mineras.
¿Pueden imaginar que un sector productivo que ha tenido utilidades declaradas de casi 14,000 millones de soles el 2006, tenga sectores mayoritarios de sus trabajadores en regímenes como los denunciados? ¿Puede ser justo que mezquinen derechos a los trabajadores y a las regiones empresas que pueden reinvertir–sin pagar impuesto a la renta o canon–utilidades por cientos de millones de dólares (más de $500 millones de impuestos no pagados sólo entre Southern, Shougang, Yanacocha, Cerro Verde y, recientemente Volcan)? ¿Manejará bien las cosas el Ministerio de Energía y Minas teniendo de viceministros a abogados de mineras contaminadoras como Doe Run y de empresas eléctricas que no pagaron cientos de millones en impuesto a la renta amparándose en el DS 120-94 de Camet y Fujimori? ¿Con el gato de despensero?
¿Puede alguien justificar el egoísmo y la insensibilidad de empresas mineras que se niegan hasta a participar en la \"bolsa de donantes\" que anunciaron? Solo 18 de 41 empresas que se comprometieron han aportado algo, aunque sus ganancias son multimillonarias. Las máscaras de García van cayendo una a una, y las esperanzas del pueblo–frustradas– encienden su ánimo y disposición de lucha por un verdadero cambio.