Discriminación, abuso de poder, irresponsabilidad y falsedad descarada, son 4 ingredientes fundamentales de la política de Seguridad Pública y de Derechos Humanos del gobierno de Alan García. Se trata de caerle encima a los más débiles, atropellando impunemente sus derechos, para generar la falsa imagen de que se están encarando los graves problemas de seguridad pública, aunque para ello haya que mentir desvergonzadamente.
Tal es el caso del manejo de la emboscada, en Machete, que implicó el asesinato de cinco policías, atribuida al narcotráfico o el terrorismo vinculado a éste. Recordemos que el gobierno anunció, casi a las 48 horas, que había capturado a los responsables y mostró, ante la opinión pública, a ocho campesinos ayacuchanos que inmediatamente fueron calificados como "narco terroristas". Sin embargo, resulta que al hacerles la prueba de absorción atómica, está resultó negativa. Dicho sencillamente, no habían disparado armas de fuego en el periodo inmediato a su captura. ¿Cómo podían ser los responsables del emboscada? Adicionalmente, 7 de las 9 armas que se "encontraron" en las inmediaciones de la choza en que se les intervino, estaban inoperativas; eran inútiles y no podían haber sido utilizadas en la emboscada. ¡Cómo pueden pretender el Ministro de Defensa, la Ministra del Interior y el Presidente García anunciar al país este montaje como una rápida y exitosa acción militar y policial!
Para colmo, el gobierno no admite su propia inoperancia, no acepta su incapacidad, y pretende encubrirla manteniendo presos a quienes no tiene cómo inculpar, razonablemente, de estos luctuosos hechos. Mientras tanto, los verdaderos responsables siguen libres y sin ningún operativo efectivo dirigido a su captura. Y, en tanto los 8 campesinos pobres le sean útiles para el manejo de prensa y para montar imágenes irreales, intentará mantenerlos presos, a pesar del abuso de poder y la discriminación clasista y racial que ello evidencia.
Similar es el caso de los dos estudiantes universitarios detenidos, supuestamente, en función de un trabajo de inteligencia que había detectado la existencia de un Frente de Liberación Nacional que preparaba atentados terroristas en la capital. De inmediato, atraído por las cámaras y el flash que de los fotógrafos, García salió a felicitar a una Policía Nacional siempre alerta y vigilante, avalando escandalosos titulares de algunos medios de comunicación. Ocurre, sin embargo, que estos fueron puestos en libertad por la inconsistencia de la acusación y la absoluta falta de pruebas. Otra vez se inflaba un globo para distraer la atención de la opinión pública y presentar "fotos trucadas" de la realidad.
Finalmente tenemos a García enfrentándose a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la matanza producida en el penal de Castro Castro, entre el 6 y el 9 de mayo de 1992, pocas semanas después del auto golpe de Fujimori, Montesinos y Hermosa Ríos. García denuncia que se sentencia al Estado por un hecho que implicó la muerte de 42 presos acusados (y en su mayoría no sentenciados) por terrorismo, que estaban desarmados, y la tortura de varios cientos (entre los que habían 133 mujeres), sin que existieran ni un motín ni condiciones de violencia provocada por los detenidos.
García se escandaliza de que una Corte internacional sancione ejecuciones extrajudiciales, asesinatos a sangre fría y torturas, porque los afectados están acusados de ser presuntos terroristas. No le importa tampoco que la Corte haya señalado las responsabilidades de Fujimori y la cúpula golpista en los hechos, ni que ello sea útil para traer al Perú al extraditable que hoy se refugia en Chile. Le interesa proteger su alianza con el fujimorismo y generar la imagen de que todo vale contra los terroristas, incluyendo el actuar con la crueldad e insanía que éstos han demostrado.
Tampoco le importa que varios fueran absueltos, la semana siguiente en los juicios que se les llevaba. No importan ni la verdad, ni la seguridad jurídica de los hombres y mujeres del Perú. Le interesa provocar el alejamiento del Perú del fuero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para protegerse él y su vicepresidente Giampietri, del proceso que está abierto por la matanza de los penales, durante su primer gobierno; y para poder eludir los mecanismos de supervisión internacional ante cualquier acción de represión indiscriminada que pudiera lanzar. Al final, lo que queda evidente es la irresponsabilidad, la mentira, el abuso del poder y la discriminación.