El Congreso de los EE.UU. no aprobará, ahora, el TLC con el Perú. Parece evidente salvo para "los ciegos que no quieren ver", como el Presidente García enviará 7 Ministros a Washington para "gestionar la aprobación del TLC", entre el 4 y 5 de Diciembre próximo.

La situación es clara. Bush y los Republicanos han sido derrotados abrumadoramente en las elecciones. Ahora, los Demócratas tendrán mayoría en las dos cámaras y tienen observaciones a los TLC. Critican -dada su fuerza electoral entre los sindicatos- los capítulos laborales.

No quieren que los trabajadores norteamericanos compitan con bienes y servicios producidos por trabajadores extranjeros mal pagados y sin derechos laborales. Como es evidente, ello deterioraría las remuneraciones y condiciones laborales norteamericanas. Así, defendiendo los intereses de sus electores, plantean renegociar y modificar el texto del TLC con el Perú. Y objetan los acápites referidos a medio ambiente. La verdad es que los Demócratas ganaron 17 senadurías y 27 diputaciones adicionales, haciendo campaña contra los TLC por el impacto negativo que tenían en relación a la generación de empleo en los EE.UU. y defendiendo espacios estratégicos de su propio mercado nacional.

Para los EE.UU., además, está casi muerta la negociación de la Ronda de Doha, paralizada desde hace años, y crece la tendencia a defender sus mercados, imponiendo sus intereses. Días atrás, el actual Congreso (con mayoría republicana) rechazó establecer comercio regular nada menos que con Vietnam. ¡Imagínense las posibilidades que tiene el TLC con Perú! Sin embargo, EE.UU. no puede obviar su relación con América Latina y con los países del área andina, vinculados a la producción de hoja de coca. Por ello, congresistas demócratas y el mismo gobierno Bush han planteado renovar el ATPDEA. Lo que nosotros sostuvimos hace más de un año atrás y negaban, calificándolo de imposible e inviable, tanto Alfredo Ferrero, como su entonces asistente y hoy heredera, Mercedes Aráoz.

Es inverosímil que García, agudo crítico del TLC negociado por Toledo y Ferrero-Araoz en la campaña, no sea capaz de encarar esta situación con decisión, en beneficio del país. Amenazó a Toledo con retirar su firma del TLC; dijo que lo renegociaría. Hoy hace de lobbista ante congresistas y Bush, enviando ministros para empeñarse en infructuosos trámites, en lugar de replantear una estrategia nacional frente al tema. Y es que, así como los norteamericanos defienden sus intereses, los peruanos y nuestro gobierno debieran defender los nuestros.

El Perú debe asegurar la extensión del ATPDEA y estabilizarlo, dado el tema de la coca, promoviendo el desarrollo alternativo y enfrentando el narcotráfico. No tenemos porqué aceptar asumir este tema sin una contraparte norteamericana y de los países consumidores, que demandan la droga, y están en el norte.

El gobierno debiera plantear renegociar el tratado Ajustar los problemas medioambientales (gravemente afectados por el excesivo poder político de la gran minería en el Perú y los conflictos generados sobre el agua y la contaminación ambiental) y el acápite laboral (aprobando un Código de Trabajo que garantice los derechos de los trabajadores), encarando otros problemas que los críticos norteamericanos no se plantean y nos afectan. Se trata de la competencia desleal que el TLC pretende impone a nuestros agricultores al hacerlos competir con productos yanquis subsidiados por $94,000 millones de dólares anuales, por su gobierno.

Debemos recuperar instrumentos de protección ante esta competencia desleal y poner fin al impacto negativo de estos subsidios sobre los agricultores peruanos. Se trata de revisar los acápites de Patentes y Propiedad Intelectual, que refuerzan el manejo del conocimiento como un instrumento de dominación e imponen políticas que encarecerán los nuevos medicamentos y los nuevos agroquímicos, al obligarnos a comercializarlos sólo como productos de marca y no genéricos. A ello, se suma el inaceptable compromiso peruano de tomar medidas para permitir patentar plantas, lo que podría culminar con la expropiación de nuestro patrimonio biogenético.

Y, ciertamente, hay que renegociar el acápite de Protección a las Inversiones, que recorta nuestra soberanía nacional, al remitir los diferendos que existan a árbitros extranjeros y no a jueces peruanos, y que impide al Estado colocar "requisitos de rendimiento" a los inversionistas extranjeros que vengan al Perú, para qué utilicen insumos peruanos, transfieran tecnología al Perú, o incorporen en sus planillas -a todo nivel- un porcentaje obligatorio de trabajadores y empleados del país, o procedan a industrializar las materias primas que extraen para generar cadenas productivas que el país necesita.

Esa es la batalla que debiéramos liberar alrededor del TLC. No la del Felipillo sino la de un gobierno y un pueblo soberano que luchan por relaciones equitativas y justas en el escenario internacional.