Los primeros 100 días de un gobierno, en la política peruana, constituyen el período en el que el régimen que recién asume el poder tiene mayor fuerza política y mejores condiciones para abrir nuevos rumbos. En ese período inicial, además, se constituyen sus rasgos y componentes centrales. Obviar estos hechos, no evaluar las oportunidades abiertas y si se aprovechan o no, es pretender tapar el sol con un dedo.
El primer gabinete de Alan García da cuenta de un hecho fundamental: quien fuera candidato del Apra y del "cambio responsable", quien acusara a Lourdes Flores de ser la "candidata de los ricos", ha pasado a ser el responsable de que no se realice ningún cambio sustantivo. Ha asumido su gestión como un cogobierno del alanismo con el fujimorismo, representantes centrales de Unidad Nacional y agentes de los más poderosos grupos económicos. Esa es la razón de ser de un gabinete presidido por Jorge del Castillo –puente de oro con los grupos económicos y el fujimorismo– que tiene a Luis Carranza, jefe del Plan Económico de Unidad Nacional, como ministro de Economía, a los fujimoristas Rafael Rey y Verónica Zavala en importantes carteras, y que entrega el manejo del BCR a la derecha y el fujimorismo, con Velarde y Chlimper a la cabeza.
Las acciones de los primeros 100 días son coherentes con ello. ¿Qué otra cosa podía hacer un gobierno de ese talante sino abandonar el compromiso de restituir la Constitución del 79, la de Haya de la Torre, para mantener la fujimorista, hija del fraude y del golpe que constituyó el gobierno más corrupto de la historia moderna? Estarían locos para poner en cuestión la desregulación laboral, el recorte de derechos laborales y sociales y el minimalismo estatal al restituir una Carta Magna como la anterior. Estarían fuera de su rol de agentes del gran capital si cuestionaran los abusivos contratos de estabilidad tributaria que sirven a los más poderosos y se plantearan una Reforma Tributaria que permita un manejo más justo o si revisaran la concesión del uso de nuestros recursos naturales. Ellos sirven al gran capital, no al país.
Por eso se observó la ley que anula la renta básica en telefonía. Por eso abandonó la promesa de establecer un impuesto a las sobreganancias mineras que generarían hasta S/.5,000 millones de soles anuales al Estado que hoy se van al bolsillo de las transnacionales, en lugar de servir a mejorar la educación, la salud o el agro nacional. Por eso, canjeó la ley por un minúsculo "óbolo voluntario" de S/.500 millones anuales de las mineras, que ellas mismas manipularán. Por eso se siguen sin cobrar las regalías mineras y se mantienen sus inaceptables privilegios tributarios que les permiten dejar migajas al país. Por eso, no se ha hecho nada al respecto.
Es por la cínica alianza con el fujimorismo que se ha desarticulado la procuraduría anticorrupción, que seguía los juicios a Fujimori, para entregársela a un inepto, y por ello mismo que Rolando Souza, el abogado de Fujimori, es Presidente de la Comisión de RREE del Congreso. Harán lo necesario para que se "caiga" la extradición. Y, claro, es para protegerse y para proteger a Fujimori de sus crímenes que azuzan la campaña contra la Comisión de la Verdad, hostigan a las ONG de Derechos Humanos y empujan un retiro del país del Pacto de San José de Costa Rica y de la tutela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la reimplantación de la pena de muerte.
Cien días han sido suficientes para ver a García callar ante Bush todas sus críticas de campaña al nefasto TLC firmado con los EEUU, para verlo rogarle por su aprobación. Han sido suficientes para arriar banderas de soberanía y de límites con Chile, y para hacer de la vista gorda a su descarado armamentismo, firmando un Acuerdo de Libre Comercio con Chile de espaldas al país y al Congreso.
Del Castillo quiere 6 meses, 2 años, 5 años… para ver a dónde va el gobierno. Pero 100 días son más que suficientes, salvo que uno sea de esos ciegos que no quieren ver.