Cumplido los dos primeros meses gestión del gobierno aprista, el pueblo peruano y en especial el campesinado, constatamos en los hechos, que este nuevo régimen constituye la continuidad del modelo neoliberal, en especial en su política económica, de sometimiento al poder de las grandes empresas transnacionales, y que ha traicionado la voluntad de cambio que las grandes mayorías del país exigieron en las últimas elecciones generales.

Estamos frente a un gobierno de los sectores más conservadores del Apra, que han decidido aliarse con la derecha política y económica, así como el fujimorismo corrupto, capitaneado por Alan García; ello como producto de la alianza que se forjó durante la segunda vuelta electoral, con la finalidad de impedir el triunfo de otras fuerzas que levantaron las banderas del cambio.

Esta alianza que sintetiza sometimiento, corrupción e impunidad, ha decidido ignorar los temas centrales que estuvieron en el debate en la campaña electoral, como fue el cambio del modelo económico, la reforma tributaria, la revisión de los contratos con las empresas transnacionales mineras y el TLC, el pago de regalías y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Alan García ha decidido continuar el modelo y profundizar su dependencia de las inversiones mineras y por lo tanto de las actividades primario-exportadoras de materias primas, y resolver parte de las demandas sociales apelando a las migajas de las transnacionales. Esta economía que ha tenido un crecimiento en los últimos años y que no ha redistribuido la riqueza, sin embargo, se sustenta en bases frágiles como son los altos precios internacionales de los minerales, y no en el fortalecimiento de nuestro mercado interno.

En estos dos meses el gobierno se ha dedicado a lanzar globos de ensayo para entretener a la opinión pública con la pena de muerte, el óbolo voluntario de las mineras, la famosa sierra exportadora, la austeridad en el sector público; al mismo tiempo que declara emergencias para entregar sin licitación ni control algunos los proyectos de agua potable, en tanto que consolida su alianza con la derecha y el fujimorismo dándoles puestos ya sea en el ministerio de Vivienda y Construcción y en el directorio del Banco Central de Reserva como el jefe del Plan de Gobierno de Unidad Nacional Julio Velarde y el ex ministro fujimorista José Chimpler. Todo ello, con el apoyo de los grandes medios de comunicación de la derecha y aprovechando la ausencia de una real oposición.

Respecto del agro y las comunidades campesinas, el gobierno ha decidido impulsar a cualquier precio su propuesta estrella de Sierra Exportadora, sin escuchar los cuestionamientos que ha surgido desde diversos sectores. Los cambios que han anuncian en este programa expresan su improvisación. Ya no son 150 mil hectáreas las que se van implementar para la agroexportación sino 70 mil; ya no son 18 mil hectáreas de alcachofas sino apenas 5,000.

Además, este programa refuerza el centralismo con una burocracia que manejará todo desde Lima, no incorpora en su composición a los beneficiarios que son los pequeños productores y más bien sí a representantes de los exportadores, no cuenta con un sustento técnico que explique cómo se duplicarán las hectáreas para exportación en un contexto en el que las comunidades campesinas siguen sufriendo la agresión a sus recursos naturales por las empresas mineras, y el agua es cada vez más escasa; y ni siquiera se cuenta con estudio serio de mercado para colocar los productos que supuestamente se van a exportar.

Por ello, la CCP se ha reafirma en su propuesta de que la sierra debe hacerse competitiva para cumplir con su misión principal que es la de alimentar al pueblo peruano, es decir, de constituir el soporte para una política de seguridad y soberanía alimentaria, sin desconocer que puede acceder a pequeños nichos del mercado internacional. Al mismo tiempo demandamos una verdadera política agraria que tenga en la pequeña agricultura, en las comunidades campesinas y en la sierra sus ejes centrales, para lo cual se requiere inversión pública, crédito, asistencia técnica, mercado y precios justos; asimismo, la defensa de nuestros recursos naturales y territorio, particularmente del agua –hoy amenazados por la minería- así como una nueva ley de comunidades campesinas que reconozca sus derechos fundamentales.

Nuestra central alerta también al campesinado y al pueblo peruano que el gobierno aprista viene preparando una escalada para profundizar la criminalización de las luchas sociales, como ya se encargó de advertirlo el premier del Castillo, amenazando con cárcel a quienes protesten bloqueando carreteras. En tal sentido, también queremos una vez solidarizarnos con la familia del rondero de Combayo Isidro Llanos, la primera víctima del gobierno aprista a manos de los guardias particulares de la empresa Yanacocha, y exigimos una profunda investigación y sanción a los autores de su asesinato. Al mismo tiempo, exigimos respeto a los derechos humanos, reparación para las víctimas de la violencia política, que se cumpla del plan de reparaciones recomendado por la CVR, y seguir luchando contra la impunidad y la corrupción aprista, toledista y fujimorista.

Finalmente, la CCP, llama a todas sus bases y organizaciones campesinas y agrarias a fortalecer nuestras organizaciones, así como a preparar desde las bases las acciones de movilización para seguir luchando contra el TLC porque impide los cambios que el país necesita, por la Asamblea Constituyente, para derogar la carta fujimorista en la que hoy se ampara el gobierno aprista, que es el instrumento que le permite seguir aplicando el modelo económico neoliberal y traicionando la voluntad de cambio del pueblo peruano.