El penoso aprovechamiento del reciente homenaje al Caballero de los Mares, don Miguel Grau, por parte del primer vicepresidente de la República, vicealmirante (r) Luis Giampietri -quien actuaba en ausencia del Presidente- ha provocado justificado malestar.

Sus destempladas expresiones, ahora avaladas por el propio García desde el extranjero, buscaron justificar una inaceptable impunidad para elementos de las FFAA a quienes se ha abierto proceso judicial por imputaciones de graves violaciones a los DDHH en el proceso contrasubversivo contra el senderismo terrorista.

Giampietri, vistiendo el uniforme militar y representando al Presidente, pretendió justificar ese accionar señalando que "las Fuerzas Armadas intervinieron con estricta observancia de las órdenes e instrucciones."
Quiso ocultar que en diversos momentos del conflicto (incluyendo el primer gobierno de García), los manuales de los institutos armados disponían prácticas violatorias de los DDHH y de las Convenciones de Ginebra sobre la guerra.

La CVR lo comprobó, evidenciándolo con un instructivo que disponía, en determinadas circunstancias, no tomar prisioneros y no dejar sobrevivientes.
Decenas de miles de muertos, fundamentalmente campesinos pobres quechuahablantes, evidencian tanto la bestialidad del accionar senderista como la concepción de la estrategia contrasubversiva que produjo miles de detenidos-desaparecidos y de ejecuciones extrajudiciales, la mayoría de ellos durante el primer gobierno de García.

No es casual el aval del Presidente a Giampietri, más aún cuando ambos estuvieron directamente involucrados en la masacre de los penales (casi 250 presos muertos), la mayoría ejecutados después de haberse rendido (accionar contra puesto al del Almirante Grau con los heridos y prisioneros chilenos).
Por ello ambos -manchados de sangre en estos hechos- fueron involucrados en investigaciones tanto en el Perú, como en el extranjero: la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han demandado reiteradamente se sancione a los responsables de esos hechos.

El discurso de Giampietri no es un exabrupto aislado. Es la continuidad de la "cruzada" que emprendió contra la CVR y se entrelaza con acciones gubernamentales en el mismo sentido. Ofrecer defensa legal a todos los militares procesados por violación de DDHH, cuando no se ha prestado el mínimo apoyo a familiares y a víctimas de graves violaciones a los DDHH, es una expresión clarísima de las prioridades del gobierno.

Su afán es asegurarse un firme sostén militar a costa de la inmoral impunidad para quienes deben someterse a la justicia ante justificadas acusaciones y pruebas de delitos de lesa humanidad. Igual sentido tiene la campaña emprendida contra los organismos de derechos humanos.

A pesar del informe de la CVR, creada por Paniagua, y de las acusaciones de familiares y vecinos de las víctimas, las denuncias formuladas por fiscales y jueces competentes son permanentemente obstruidas por la negativa de los mandos militares o del Ministerio de Defensa de identificar a quienes operaron bajo seudónimos y son imputados de graves acusaciones.

El Estado contra el Estado: jueces y fiscales trabados por el Presidente, el vicepresidente, el Ministro y ciertos mandos militares, que les impiden ejercer justicia y garantizar que todos somos iguales ante la ley.

El pacto de impunidad quiere cubrir también los graves delitos de Alberto Fujimori, desalentando su extradición, desarmando la Procuraduría especial, mientras entrega la Presidencia de la Comisión de RR EE del Congreso al abogado de Fujimori para "supervisar" el proceso.

La impunidad vulnera un derecho fundamental de las personas. No permite que la justicia opere para todos. Ningunea a los pobres del campo que reclaman verdad y justicia, reparaciones y asunción de responsabilidades por parte del Estado.

La impunidad es un abuso. Permitirla es garantizar que cualquiera de nosotros puede sufrir ese mismo abuso.