El conflicto que recientemente acaban de protagonizar los ronderos y campesinos del poblado de Combayo, distrito de La Encañada, en Cajamarca, es otro capítulo de la larga lucha de los pueblos agrarios y campesinos contra la prepotencia y el abuso del poder minero, que sigue recibiendo el apoyo y el respaldo de los gobiernos de turno. Así como a inicios de la década del 90 lo hizo el corrupto Fujimori, y lo continuó luego el servil régimen de Toledo, hoy lo continúa haciendo el gobierno aprista.
El conflicto que se inició con una protesta de la población, el pasado 2 de agosto en defensa del agua, y que cobró la vida de un campesino –Isidro Llanos Chavarría- llegó a su punto culminante con la toma de la carretera Cajamarca-Bambamarca que hiciera toda la población para impedir el paso de los vehículos de la minera Yanacocha, para exigir que se respete el derecho al uso del agua de los pobladores.
Frente a la contundencia de la medida de lucha de los campesinos de Combayo, la empresa anunció primero, la suspensión de los trabajos de exploración denominado Carachugo II, que es proyecto de ampliación de las actividades mineras de Cajamarca que se ubican en la zona de Combayo. El día viernes 25 de agosto, la empresa minera, que siempre se presenta como la víctima de los reclamos de la población, presionó al gobierno anunciando la suspensión total de todas sus actividades mineras.
Al mismo, los ejecutivos de la minera, iniciaron una campaña con el apoyo de los grandes medios de comunicación, para satanizar la lucha de los campesinos de Combayo, acusándolos de “subversivos”, “comunistas” y otros adjetivos, para desinformar a la opinión pública. Asimismo, descargaron sus baterías contra el padre Marco Arana, de la institución GRUFIDES, a quien acusaron de azuzar a los campesinos de Combayo en contra de la minera Yanacocha.
La campaña contra el padre Arana se intensificó cuando el propio presidente del Consejo de Ministros Jorge del Castillo, se vio obligado a aceptar la mediación del religioso para iniciar el diálogo con los campesinos, con la finalidad de que levanten su medida de lucha.
Si bien, el conflicto ha entrado a una fase de negociación con la instalación de una mesa de diálogo en Cajamarca, nada indica que los acuerdos a que se lleguen garanticen la paz social que tanto anhela la empresa y el gobierno, que persiste en negociar de rodillas y aceptar las migajas del poder minero. La razón es simple: si no se atacan los problemas de fondo, el conflicto puede volver a estallar en cualquier momento. Y los razones de fondo, son el acceso al agua que pretenden acaparar la empresa minera, el respeto al medio ambiente, el impuesto a las sobreganancias y el pago de regalías que se niega a pagar la empresa minera.
LO QUE EL GOBIERNO ESCONDE TRAS EL "APORTE" DE DE LAS MINERAS
El gobierno del Apra, con Jorge del Castillo a la cabeza, pretende mostrar a la opinión pública que uno de sus grandes logros es haber conseguido el famoso “aporte voluntario” de las poderosas empresas mineras que operan en nuestro país. Para ello ha montado todo un tinglado publicitario, por supuesto, con el apoyo de la gran prensa y la televisión sumisa al poder minero.
La “pomposa” cifra anunciada por el Premier en su presentación en el Congreso, de 2 mil 500 millones de soles, como ya muchos lo han señalado, reviste sin embargo, más dudas que certezas. Además de esconder la sumisión del régimen de García, detrás de todos estos logros del primer mes del gobierno, las empresas mineras hacen un gran negocio.
Ahí está el caso de la minera Cerro Verde en Arequipa, que antes de iniciarse el régimen de García, ya se beneficiaba de sus políticas. En junio, Arequipa hizo un paro exigiendo que la minera pagara 240 millones por impuesto a la renta, que había dejado de pagar gracias al favor del ex ministro de Energía y Minas Glodomiro Sánchez, a través de una argucia legal en la reinversión de utilidades. De este monto, 120 millones debieron haber pagado por concepto de canon para Arequipa.
Sin embargo, Del Castillo, antes de asumir el premierato, viajó a Arequipa a concertar con la minera, y anunció luego que había logrado que Cerro Verde “aportara” 50 millones de dólares para obras en ese departamento. Por supuesto, que lo que la gran prensa no dijo, que de esa manera la empresa salió ganando, pues pagando solo 50 millones, dejó de pagar 190 millones de dólares al fisco.
Ahora con relación al “obolo voluntario” de 2,500 millones de soles (500 millones al año), este aporte estará sujeto a que se mantengan en alza los precios de los metales. No se ha dicho que pasará si los precios bajan. En tal sentido, lo único que estaría asegurado son los primeros 500 millones (algo más de 150 millones de dólares), cuando –como bien lo recuerda César Hildebrandt- solo en los seis primeros meses del 2006, las utilidades netas de la minería llegaron a 2,759 millones de dólares.
Además, este fondo ni siquiera será administrado directamente por el gobierno o por los gobiernos locales y regionales. Serán las propias empresas mineras las que lo manejen, y por lo tanto, la empresa privada, terminará asumiendo funciones públicas. En adelante los gobiernos locales ya no exigirán al Estado sino a las mineras.
Otra cosa que no queda claro es si el “aporte voluntario” será deducible del impuesto a la renta; si lo fuera, entonces el Estado contribuirá con el 30 por ciento del impuesto que deja de pagar, y el aporte disminuiría de 500 a 350 millones de dólares. Finalmente, las mineras utilizarán este óbolo como un elemento de chantaje al gobierno, en caso que pretendiera aplicar el impuesto a la sobreganancia por los altos precios de los metales. Si lo hacen, simplemente, el aporte se suspendería. Así negocia el Apra, después se quejan cuando algún congresista le quiere regalar un par de buenas rodilleras para el ministro de Energía y Minas.