Durante los últimos días ha sido todo un espectáculo ver al Gobierno de Alan García dar marchas y contramarchas respecto al establecimiento de un impuesto a las sobreganancias mineras y petrolíferas que se active en épocas de elevados precios, permitiendo al Estado captar una parte justa de las enormes e inesperadas ganancias que actualmente están registrando las transnacionales que extraen nuestros recursos naturales. Considerando la evolución de las cotizaciones de hidrocarburos y minerales, que el Gobierno Aprista se rehusé a impulsar el impuesto a las sobreganancias –quebrantando el compromiso hecho al país durante las elecciones- resulta absurdo e inaceptable, pues significa forzar al país a renunciar a su derecho sobre millonarios ingresos que nos pertenecen y que podrían utilizarse para atender enormes y urgentes necesidades sociales.
En los últimos cinco años el oro ha casi triplicado su valor, lo mismo ha pasado con el barril de petróleo que ya está en los US$ 70 dólares, mientras el cobre ha quintuplicado su cotización y los demás minerales también han experimentado considerables incrementos. Las empresas transnacionales han hecho excelentes negocios gracias a las considerables sobre utilidades por los altos precios, pero de este auge, el Perú apenas percibe una fracción marginal e insuficiente.
El argumento del Gobierno y la derecha de que establecer el impuesto a las sobreganancias mineras y petroleras resulta inútil, porque sería inaplicable al chocar con los Convenios de Estabilidad, resulta deleznable, pues mañosamente se pretende obviar que: a) los Convenios de Estabilidad han sido renegociados numerosas veces en el pasado, a pedido de las trasnacionales mineras. ¿Por qué no puede ahora el Estado exigir su renegociación, o acaso aquí funciona la Ley del embudo, donde lo grande le toca a las grandes mineras y lo estrecho al Perú?; y b) Incluso si el impuesto a las sobreganancias no se aplicase a los proyectos mineros actuales, si se aplicaría a los nuevos proyectos, estableciendo las bases para que paulatinamente se imponga en el Perú un régimen de explotación minera que sea realmente equitativo y transparente. Apenas el 7% del potencial minero del Perú ha sido explotado hasta la fecha. ¿Acaso no se impone una reforma para asegurar que el 93% restante se explote bajo condiciones justas?
Ante la realidad de las enormes ganancias mineras y petrolíferas, resulta lamentable que el Gobierno Aprista pretenda escudarse en la obtención del "Aporte Voluntario" – incierto e insuficiente- para esquivar la revisión de los contratos de estabilidad, la aplicación universal de la Regalía Minera, y el establecimiento del Impuesto a las Sobreganancias petrolíferas y mineras.
Los peruanos no podemos aceptar esta situación de injusticia y desigualdad en el reparto de los beneficios de la explotación de nuestros recursos naturales, beneficios que le pertenecen a las regiones y municipios. No aceptaremos que mediante pretextos se pretenda bloquear la legítima demanda popular por un manejo soberano de nuestros minerales e hidrocarburos. Que no se jueguen con los derechos del Perú. Que Alan García y el APRA se enteren que si a ellos les tiembla la mano y les falta voluntad para defender los derechos del Perú, a nosotros, los ciudadanos, nos sobra voluntad y empuje para defender lo que es nuestro.