Los persistentes problemas generados entre la minería y la población en Cajamarca, catalizados alrededor de las protestas y movilizaciones de los pobladores de Combayo contra las pretensiones de la minera Yanacocha, llegaron a un punto crítico esta semana con la declaración de la transnacional minera de la paralización de sus actividades, mientras demanda al Estado poner "orden" -es decir, aplicar mano dura- y rechaza los esfuerzos de mediación en curso. Todo esto mientras se desarrolla una intensa campaña mediatica que busca satanizar la legitima protesta de los pobladores de Combayo, hoy con mayor intensidad y apoyados por el conjunto de las poblaciones afectadas, pero que se venia manifestando de manera reiterativa por los conductos formales desde hace buen tiempo.
Esta campaña de satanización presenta ala movilización popular como producto de la acción de supuestas "ONGs ambientalistas", "curas rojos", "extremistas políticos", "subversivos", "enemigos de la inversión", etc. Por supuesto, ni una palabra sobre los graves riesgos y problemas ambientales que la actividad de Yanacocha provoca, sobre los derechos atropellados de los campesinos por la expansión de sus actividades -con estudios de impacto que no han sido debatidos- o sobre los insuficientes aportes que otorga a la Región. Ni una palabra respecto al abandono y exclusión en que se tiene a los pobladores, ni sobre el maltrato y olvido que enfrentan por parte de un Gobierno Central y un Gobierno Regional que están alineados con Yanacocha.
Todo lo anterior se combina con las crípticas declaraciones de representantes de la empresa, que indican que su tan mentado "aporte voluntario" estaría en riesgo sí continúan las protestas. Esto es preocupante, porque lo que tenemos es básicamente una jugada de presión contra el Estado: "pones orden u olvídate del aporte voluntario". El Gobierno Aprista ha traído esto sobre si mismo por su debilidad para encarar a las transnacionales mineras, pidiéndoles como favor lo que en realidad es derecho del país, llegando a inventar un "aporte voluntario" –absolutamente insuficiente- en lugar de exigirles el pago universal de la Regalía Minera y la aplicación de un impuesto a las sobreganancias.
Así, rápidamente se va armando un escenario de deliberada confrontación, que quizás –para mal de todos- terminará en un episodio de represión contra las justas demandas populares. Por supuesto, la derecha nacional -siempre histérica y retrograda- no ha perdido un segundo en iniciar campaña pidiéndole al Gobierno "mano dura" contra las comunidades y las organizaciones populares que han osado enfrentar la prepotencia de Yanacocha. Para algunos grandes mineros que se comportan con una mentalidad virreinal, que los campesinos de Combayo se hayan manifestado en defensa de su derecho a la vida y al porvenir, es un atrevimiento que no puede dejarse impune sino que tiene que ser castigado severamente, no vaya a ser que el ejemplo de esos campesinos cunda.
Lo que esta pasando en Cajamarca es el desembalse de la paciencia de las comunidades, hastiadas de ser las victimas sempiternas y silenciosas de la gran minería, hartas del abandono de un Estado que no les reconoce sus mínimos derechos ni atiende sus más básicas necesidades. Los sucesos de Combayo son un punto de quiebre que expresa la crisis de un modelo de desarrollo que endiosa a la gran minería transnacional a costa de los intereses de las comunidades campesinas. Así, para la gran minería todo: el acaparamiento de tierras, los generosos beneficios tributarios, el uso privilegiado de las aguas, el trato condescendiente ante la contaminación, etc. Este régimen injusto, tarde o temprano tenia que hacer crisis, tal como lo vemos ahora.
Lo que viene sucediendo en Cajamarca nos afecta a todos, mucho más de lo que creemos, porque ahí, de alguna manera se está definiendo y expresando el rumbo futuro que tomará el Perú en los próximos años. La tentación de los sectores facistoides -que tanto lucraron con el Fujimotesinismo- de construir una "democradura" para privilegiar y mimar a los poderosos, mientras el pueblo se lleva la represión y los malos tratos, esta más viva que nunca.
No permitamos que se repita en nuestro país la historia aciaga de los años 90, cuando Fujimori y Montesinos, bajo pretexto de poner orden y "mano firme", destruyeron la institucionalidad, prostituyeron la justicia y arrasaron con el estado de derecho y el patrimonio nacional. No permitamos que los cavernarios de siempre se salgan con la suya y arrastren al país a un escenario de confrontación que vienen preparando desde hace tiempo.
Ante esta situación es urgente que las organizaciones y sectores progresistas y populares, asumamos un rol en defensa del dialogo y la paz social. Nos corresponde a la sociedad civil emprender la defensa de los derechos ciudadanos, rechazando las pretensiones de la derecha y de determinados sectores del Gobierno por agravar conflictos y buscar un enfrentamiento que les permita dar vía libre a sus afanes represivos. Asimismo, es necesario que el Congreso se manifieste y emplace al Poder Ejecutivo a defender una solución pacifica al conflicto, dejando de lado esas fantasías autoritarias que son tan caras a García. Para ello, es indispensable que la oposición al Gobierno –hasta hoy desordenada e inefectiva- deje a un lado mezquinas frivolidades y se articule para cumplir la misión que los peruanos le encomendaron como contrapeso al Poder Ejecutivo.
Este crítico momento actual deja en claro que hoy los peruanos no podemos ser indiferentes, sino que tenemos que actuar y movilizarnos en defensa de nuestros derechos y nuestro bienestar. Defendamos la solución pacifica y constructiva a los sucesos de Combayo, porque esa lucha, por la dignidad, es la lucha de todos.