2006-08-31 00:00:00

Al momento de escribirse estas líneas, los sucesos en Cajamarca parecen haberse estabilizado, pues el dialogo entre la minera Yanacocha y los comuneros de Combayo se ha restablecido, al menos temporalmente. Esto es algo –más allá de lo incierto de este dialogo- que debe preservarse, pues los pobladores de Cajamarca, que por tanto tiempo han padecido daños y discriminaciones de la transnacional minera y del Estado, lo que necesitan es reconocimiento de sus legítimos derechos y solución a sus justas demandas, no más maltrato ni represión. Por ello, la sociedad civil tiene que cerrar filas en defensa del diálogo y de una solución pacífica y concertada al conflicto, exigiendo al Gobierno Aprista que actué con imparcialidad y que no pretenda jugar en pared con Yanacocha para aislar y acorralar a los pobladores de Combayo. De la misma forma, las organizaciones progresistas y populares tenemos que manifestarnos en defensa de la paz y de la vida, rechazando a quienes desde la derecha vienen echando gasolina al fuego, pretendiendo desatar una conflagración social para su propio beneficio.

No seamos ingenuos: desde hace tiempo, en el Perú hay claros indicios de la articulación de diversos grupos de derecha vinculados a un proyecto de control del manejo del Estado basado en el autoritarismo y la exclusión, manipulando y distorsionando el sistema político para convertirlo en instrumento a su servicio ("democradura", le dicen).

Así, recientes sucesos como la campaña para imponer la pena de muerte y retirar al Perú de la Corte Interamericana de los Derechos Humano, el carga montón contra la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, o la campaña de satanización contra las organizaciones no gubernamentales (ONGs) de derechos humanos y ambientalistas, no son precisamente coincidencias, sino que responden a las acciones de estos grupos que apuestan por un escenario de confrontación social en donde ellos puedan ser los pescadores de río revuelto. En esa misma tónica, entonces no sorprende como ante la pugna entre la minera Yanacocha y los comuneros de Combayo, estos mismos grupos de derecha no hayan perdido un instante en saltar reclamando poner "orden" e imponer la "mano dura", es decir represión indiscriminada contra el pueblo.

Claro, estos grupos anhelan regresar a los "buenos tiempos del chino y el doc" cuando al pueblo se le reprimía y coaccionaba, mientras se pervertían las leyes y los principios para favorecer a los grandes grupos de poder económico. Estos grupos han encontrado un ambiente receptivo entre los altos niveles del Gobierno Aprista, como lo demuestra la forma como Alan García ha repletado su administración con antiguos colaboradores y aliados del fujimontesinismo.
Ante esta situación, la sociedad civil tiene que reaccionar con prontitud y firmeza, rechazando las veleidades autoritarias de estos sectores y exigiendo al Gobierno Aprista que respete los derechos ciudadanos y actúe estrictamente dentro del marco democrático que el pueblo demanda. No permitamos que el proyecto trasnochado de aquellos sectores marcados por el neoliberalismo chicha en lo económico y el autoritarismo en lo político (¿neofascismo chicha?) carentes de adhesión y legitimidad popular, terminen –como tantas veces en el pasado- controlando nuestro destino.