2006-08-31 00:00:00

Tal como se esperaba, la presentación del Premier Jorge del Castillo y sus ministro ante el Congreso, la semana pasada, no trajo mayores sorpresas ni esperanzas a un pueblo que en su enorme mayoría voto en las recientes elecciones por el cambio, sólo para encontrarse con que los ganadores de dichas elecciones –Alan García y el APRA- no han perdido ni tiempo ni pudor en aliarse y alinearse con la derecha política y económica para gobernar, no para el cambio, sino para el continuismo. De esta manera, la presentación del Gabinete del Castillo ha sido más un saludo y guiño cómplice a sus nuevos aliados de Unidad Nacional y el Fujimorismo, que otra cosa, porque de los compromisos que se decía tener con reformas de fondo, cada vez queda menos, sí es que aún queda algo.

Así, en el mes escaso que lleva el presente Gobierno, rápidamente se han acumulado las promesas quebradas sin vergüenza, la tomadura de pelo hecha doctrina política, el "ampay me salvo" convertido en plan de acción. El compromiso de no permitir la suscripción apresurada de un TLC mal negociado: roto. La promesa de retomar la legitima Constitución de 1979 –la de Haya de la Torre- que las mismas bases apristas exigen: rota. El compromiso de renegociar los convenios de estabilidad que distorsionan la explotación de nuestros recursos naturales: roto. La promesa de establecer un impuesto a las sobreganancias mineras: rota. El compromiso de reformar el régimen laboral, encarando el abuso del despido arbitrario: roto.

Probablemente, en ningún área se puede percibir mejor el incumplimiento de los compromisos del Gobierno que en el tema de los recursos naturales, donde los reclamos del pueblo por un manejo más equitativo y redistributivo de nuestras riquezas mineras, petrolíferas y gasíferas, han sido encaradas con pretextos, artificios y saludos a la bandera, con paliativos que no resuelven la cuestión de fondo: que el Perú recupere el manejo soberano de los que es patrimonio la Nación en pleno. Así, aunque durante la campaña presidencial Alan García hizo al país la promesa concreta de establecer un impuesto a las fabulosas sobreganancias que están registrando las grandes transnacionales mineras, ahora todo lo que ofrece es el famoso "aporte voluntario" –apenas S/. 500 millones de soles al año- que del Castillo anunció en la presentación ante el Congreso.

Es positivo que la minería aporte mas al país en sus periodos de bonanza, proporcionando recursos que tanto se necesitan para financiar la inversión política y social que nuestro país requiere. Pero este monto de sólo S/. 500 millones anuales es apenas una fracción de lo que correspondería al Perú en un reparto equitativo de las ganancias extraordinarias de las mineras, que no son generadas por mayores inversiones en tecnología o reducciones de costos, sino únicamente por el alza de las cotizaciones internacionales. Pero además, lo que tampoco puede aceptarse es que ese "aporte voluntario" sea presentado por el Gobierno como un favor, como una generosa concesión de las mineras, cuando lo que el Perú exige no son limosnas ni propinas, sino el ejercicio de nuestra soberanía sobre nuestros recursos naturales. Por ello, es censurable la actitud del Gobierno, que ruega por favores cuando debería defender nuestros derechos.

Pero lo más grave de la estratagema del "aporte voluntario" –insuficiente e incierto- es que pretenden usarlo como cortina para ocultar el total retroceso del Gobierno en el tema de los recursos naturales, pues no va a renegociar los contratos de estabilidad, se niega a imponer el justo pago universal de la Regalía Minera (sólo ella podría otorgar mucho más de S/. 500 millones adicionales este año), no encara la derogatoria de absurdos privilegios tributarios como la "reinversión de utilidades" que Cerro Verde viene usando para exonerarse de pagar S/. 2,500 millones de Soles en impuestos, de los que la mitad corresponden al Canon de Arequipa. Y por supuesto, no quiere ni oír hablar de establecer un Impuesto a las Sobreganancias Mineras -que hemos calculado que otorgaría al País alrededor de S/. 2,000 millones anuales- para dedicarlos a educación salud e inversión en las regiones. De eso, claro, ni una palabra.

Esta muy equivocado el Gobierno si cree que podrá tapar el sol con algunos "aportes voluntarios", negociados con los grandes mineros entre cuatro paredes, sin informar ni consultar a las regiones y provincias mineras. Esquemas como el "aporte voluntario" resultan insostenibles a la larga y alimentan el descontento popular, porque convierte en un vulgar tira y afloja la participación en la renta minera que por Ley y derecho le corresponde al Perú. Que no se crean el Gobierno y las transnacionales que con su "aporte voluntario" se han librado del reclamo popular por una explotación equitativa de nuestras riquezas. Ese reclamo, ese ansia de justicia, esta vivo y seguirá vivo.