El segundo gobierno de Alan García no tiene una semana de vida y ya hay marcados indicios de hacia donde pretende transitar. Indicios que alarman, porque apuntan en dirección contraria a la reclamada por millones de peruanos que votaron por el cambio y la construcción de un Perú con justicia y equidad. García llega al poder desde la izquierda, pero se apresta a gobernar con y para la derecha: Ha conformado su gabinete con miembros del ala derecha del APRA y numerosos neoliberales reciclados del fujimontesinismo y del toledismo; ha esquivado el tema del Tratado del Libre Comercio con EE.UU. y su incumplimiento de la palabra empeñada de no permitir que se suscribiera de manera apresurada y sin debate; y ha jugado en pared con el Cardenal Cipriani, Rafael Rey Rey, Agustín Haya, y otros representantes del fascismo "chicha", en su ofensiva contra los Derechos Humanos y la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
Pero hay otro tema donde García también esta dejando claro que en vez de asumir las reformas que el pueblo reclama, piensa convertirse en defensor de un status quo injusto y excluyente: el crítico tema de la injusta distribución de la riqueza, especialmente de la renta por la explotación de nuestros recursos naturales –gas, petróleo, oro, cobre, etc.- donde la realidad objetiva es que el Perú no percibe todo lo que le correspondería por el aprovechamiento de su patrimonio. Así, las grandes mineras se aferran a sus Convenios de Estabilidad y sus cuestionables privilegios tributarios, rehusando –además- pagar Regalías, en tanto las petroleras rechazan un impuesto sobre sus exorbitantes sobreganancias, y el Consorcio que explota Camisea pretende eludir una renegociación que elimine absurdos como que los peruanos paguemos por el gas mucho más de lo que pagan países vecinos.
Esta incorrecta distribución de la renta por recursos naturales le cuesta al Perú muchos cientos de millones de Soles, que podrían ser dedicados a la inversión en salud y educación y al financiamiento de proyectos de infraestructura y desarrollo local y regional. Tan sólo para el caso del petróleo, en el año 2004 –con el barril entonces en apenas US$ 40 dólares- calculamos que se podrían recaudar unos S/. 500 millones de Soles anuales con un impuesto moderado a las sobreganancias.
Ante esta situación, uno esperaría del nuevo Gobierno una actitud firme y decidida de hacer respetar nuestros derechos y soberanía sobre los recursos naturales. Pero lo que tenemos en cambio, son declaraciones remilgadas de García, invocando a la grandes mineras a "negociar" pidiéndoles una colaboración "voluntaria", solicitándoles dar "algo" para no arriesgarse a perder todo. Es decir, una propina para que el pueblo no se amargue. ¿Con esa actitud podemos esperar una negociación en serio? ¿Así piensa obtener los S/. 5 mil millones que anunció para su "Fondo de lucha contra la pobreza"?
Une ejemplo claro de la clase de arreglos que el APRA pretende sobre la distribución de la renta minera, es lo que esta sucediendo con el caso de la transnacional Cerro Verde en Arequipa, que alegando contar con ilegítimos privilegios tributarios -concedidos durante el régimen fujimontesinista- no sólo se niega a pagar Regalías, sino que, además, ha recortando enormemente su impuesto a la renta, siendo que en pleno auge de precios de minerales, cuando las empresas mineras registran records históricos de ganancias, Cerro Verde tributa menos que años atrás. La empresa ha anunciado que sus ganancias para el primer semestre de este año (US$ 140 millones) cuadruplican lo que obtuvo en periodo similar del año pasado, y sin embargo, su pago de impuestos se ha reducido.
Este absurdo ocurre porque la minera obtuvo autorización del anterior Ministro de Energía y Minas Toledista, para financiar su ampliación de operaciones mediante el ilegitimo mecanismo de la "reinversión de utilidades" hasta por US$ 800 millones de dólares, con lo que podrá descontar de esta suma el pagó del Impuesto a la Renta (30%). Es decir, que durante los próximos años, Cerro Verde dejara de pagar unos US$ 240 millones de dólares al Estado, de los que la mitad corresponden al Canon Minero de Arequipa (US$ 120 millones). Los efectos de esta arbitrariedad ya se están sintiendo y así Cerro Verde dejó de pagar –sólo durante el año 2005- unos US$ 40 millones de dólares en impuestos.
Ante esta injusticia –que ha movilizado al pueblo de Arequipa, reclamando el justo pago del Canon- la táctica del APRA ha sido la duplicidad. Por un lado sus autoridades regionales -encabezadas por el repudiado Presidente de la Región Arequipa- han sido los escuderos de Cerro Verde. Por otro lado, en Lima, Jorge del Castillo –flamante Premier- y su famosa "Comisión Preinversión" del Congreso se han dedicado a ser los parachoques de la minera, "negociando" un arreglo mediante el cual Cerro Verde voluntariamente "dona" a Arequipa apenas S/. 13 millones de Soles, en lugar de los S/. 75 millones que se calcula es lo que debe pagar por Canon Minero este año. Y por supuesto, ni una palabra sobre el pago de Regalías Mineras.
Con estos antecedentes, resulta natural tomar con escepticismo los anuncios de García de llevar a las empresas mineras a una "negociación" ¿De qué "negociación" habla? ¿Acaso una similar a la de Cerro Verde, donde la empresa se limita a dejar migajas? ¿Una "negociación" que sólo sea gesto para las tribunas, donde lo que las mineras concedan por un lado, lo recuperen con creces, mediante mañas tributarias? El país exige al nuevo Gobierno transparencia y honestidad en este tema de la negociación con las grandes trasnacionales. Estaremos alerta sobre esto, pues ahí sabremos con quien es el verdadero compromiso de Alan García y el APRA, y se verá hasta donde llega –y que significa realmente- su cambio "responsable".