El gobierno de Alejandro Toledo se fue observando la autógrafa de la ley, aprobada por amplia mayoría en el Congreso, que establecía la obligación de pagar regalías mineras a todas las empresas mineras del país.
Así, uno de sus últimos actos ha sido el seguir protegiendo indebidamente a los más poderosos, a las grandes transnacionales mineras, que –con la sola excepción de la Southern y Shougan– no pagan las regalías de ley.
No pagan nada por usar la materia prima que es propiedad de la Nación, aunque nuestros minerales les permiten exorbitantes utilidades que resultan "anchas y ajenas" –como diría Ciro Alegría– a los pueblos pobres de las localidades mineras que requieren recursos para obras y servicios indispensables para su desarrollo.

Les importa un pepino a Toledo y Kuczynski que el Tribunal Constitucional dispusiera que todas la empresas mineras que tienen concesiones operativas deben pagar, o que estableciera que la regalía no es un tributo, sino una contraprestación o un derecho por el uso de las materias primas de la Nación.
El carpintero paga por la madera que usa en sus muebles y el zapatero por el cuero que usa en los zapatos que produce, pero la mayoría de transnacionales mineras usan el cobre, la plata, el oro o zinc sin pagar por su uso.
Y las empobrecidas comunidades campesinas de los alrededores ven pasar, frente a su miseria, las riquezas que se extraen de las entrañas de su tierra sin siquiera cumplir con los derechos de ley. ¿Las supuestas "razones" de Toledo y PPK?

La existencia de contratos de estabilidad "tributaria" y "administrativa" firmados durante los años de la mafia fujimontesinista, régimen ilegal y paradigma de la corrupción pública, que ahora resulta el origen de intocables privilegios.
Contratos que se refieren a materia distinta a los derechos, contraprestaciones o regalías que tienen origen constitucional y que no pueden estar por encima del derecho del Estado a disponer el mejor uso de los recursos naturales de la Nación, establecer las contraprestaciones a quienes hacen negocio con ellos, y sacarles el provecho debido para el país y su gente.

Consecuente con la insultante teoría del "chorreo", con la idea de que el desarrollo del país depende de las sobras que caen de los rebosantes platos y las repletas copas de los más poderosos para atender las necesidades de las mayorías, Toledo muere en su ley.

Le cierra el paso a una ley que, desde el Congreso, reafirmaba que todas las empresas mineras deben pagar regalías a favor de los distritos, provincias y regiones mineras del Perú, para promover su desarrollo sustentable y equitativo.
Es por eso que hemos pasado por cinco años de crecimiento económico que ha hecho más ricos a los ricos, pero ha dejado igualmente pobres a los pobres.
Exportamos hoy cerca de 250% más que el 2001, pero la pobreza –para los optimistas– se ha reducido apenas en 2 o 3%, y seguimos con más de la mitad de los peruanos debajo de las líneas de pobreza.

Alan García ofreció cambio. Comprometió revisar el contrato de Camisea para abaratar el gas y desligar su precio del petróleo. Ofreció colocarle un impuesto extraordinario a las sobreganancias de las mineras y petroleras por los increíbles ingresos que están obteniendo por los precios internacionales, como lo venimos planteando y exigiendo desde el 2002.

Su bancada parlamentaria votó por la ley que hace universal y obligatorio el pago de las regalías mineras. ¿Cumplirá? ¿Cumplirán Jorge del Castillo y Carranza? ¿Cumplirá el programa electoral de García este gabinete del APRA, UN y el fujimorismo?

Lo sabremos pronto, este 28, en que –más allá de gestos y poses sobre austeridades superficiales– quedará claro si se reparte de otra manera la torta o el país sigue recibiendo migajas.