¿Que tipo de gobierno encabezará Alan García? No se trata de ser adivinos, ni de usar bolas de cristal políticas o ideológicas. Basta analizar lo que está ocurriendo hoy. Veamos.
Todo indica que el APRA no gobernará ateniéndose al programa de gobierno y a los compromisos que hizo a los electores. La campaña ha terminado y Alan García anuncia medidas notoriamente diferentes a lo prometido, pero estrictamente ajustadas a su interés de cogobernar con los sectores de derecha y conservadores que le endosaron la votación en la segunda vuelta. Obviamente, además, su accionar incluirá una radical modificación de las tirantes relaciones que su anterior gobierno mantuvo con los EE.UU., marcadas –principalmente- por la pretensión de limitar los montos de pago de la abultada deuda externa del Perú. Hoy, García se juega a ser un firme aliado de los Estados Unidos, especialmente en el conflicto abierto con Hugo Chávez y con Evo Morales, en América Latina.
El TLC es emblemático. Como dicen Conveagro y numerosos analistas, Alan García ha cambiado radicalmente su posición frente al TLC con los EE.UU. De amenazar con retirar la firma del Perú si Alejandro Toledo lo suscribía, de señalar que debía ser renegociado (en multitudinarios mítines), de afirmar enfáticamente que no debía ser este gobierno ni este congreso los que tomaran decisión al respecto, García ha pasado a endosar la aprobación inmediata del TLC. Por supuesto, con habilidad política, anuncia que buscará firmar adendas con los Estados Unidos para obtener algunos beneficios adicionales, quizás alguna donación económica de escasa significación para el agro peruano. Ha dicho también que el contrato se puede modificar en cualquier momento, si no resulta conveniente. Olvida, deliberadamente, que México viene pidiendo desde hace años a Estados Unidos renegociar el capítulo agrario de su TLC, sin ningún resultado pues –como todos sabemos- una renegociación exige aceptación de ambas partes y los Estados Unidos se niegan a modificar los extraordinarios beneficios que han obtenido. Y claro, García sostiene que también podríamos denunciar el tratado unilateralmente, como si un tratado se firmara para denunciarlo a la vuelta del esquina y el planeamiento hecho para aprovecharlo en economía nacional, pudiera simplemente echarse por la borda. A García no le faltan argumentos de dudosa validez para hacer lo que quiere.
Resalta también la veloz modificación de su actitud respecto a Chile. De concentrar su atención en la competencia con nuestro vecino del sur, el encaramiento de los diferendos limítrofes y la preocupación por evitar una presencia excesiva o dominante de intereses económicos chilenos en el Perú, García pasa ahora a ofrecerle un inmediato TLC y el gas de Camisea, marcando distancias con Bolivia y alejándose de una articulación y alianza energética con el país del altiplano, lo que nos daría otro peso geopolítico en la zona.
Pero, García ha cambiado también en relación al manejo de los recursos mineros y energéticos. Del planteamiento de renegociar el contrato de Camisea, hacer que se paguen las regalías de ley y establecer un impuesto a las sobre utilidades de las empresas mineras, ha pasado, a través de operadores como Jorge del Castillo, a desviar los reclamos de pueblos como el de Arequipa frente a los inaceptables beneficios tributarios de empresas como Cerro Verde, de la exigencia de hacer efectivo el pago de las regalías y anular la indebida autorización gubernamental para que Cerro Verde reinvierta US$ 800 millones de dólares de utilidades, sin pagar impuestos y recortando en US$ 120 millones el canon que corresponde a Arequipa. Ahora el APRA simplemente propone que la empresa genere un fondo voluntario para el desarrollo local y arme una mesa de diálogo, es decir: mecidas al pueblo. Ya sabemos adonde terminaremos así.
Finalmente, en recientes sesiones del Congreso Nacional, la bancada aprista promueve dos proyectos de ley que vuelven a plantear un manejo policiaco y represivo de los conflictos sociales. Quieren volver a elevar las penas, entre 4 y 8 años, para garantizar prisión efectiva obligatoria, a todos los que sean inculpados por participación en tumultos en los que se dañe la propiedad, y quieren colocar como un agravante –para aumentar la pena- el que el inculpado vista prendas militares o similares. Es decir, mayores penas a los que lleven pantalones o casacas de color verde olivo, camufladas, o por polos negros con algún símbolo como el que usan, por ejemplo, los licenciados o mal llamados reservistas. Todo esto nos va dejando claro a que deberemos atenernos. Así se va armando el rompecabezas del APRA que nos espera.