Uno de los fundamentos centrales para las políticas neoliberales aplicadas a rajatabla en los últimos quince años -con los regimenes de Fujimori y Toledo- fue la nefasta teoría del “chorreo”, es decir, la creencia de que para sacar adelante a los pobres primero había que enriquecer a los ricos a más no poder, de tal manera que ellos contasen con tantos recursos y capacidades que pudieran permitirse repartir parte de sus beneficios entre el resto de la población. La imagen entonces era llenar el plato del rico hasta rebalsar, para que así al pobre –arrodillado a los pies del rico- le chorreasen las sobras, lógicamente, una vez que el rico estuviera repleto.

Así, bajo esta visión del “chorreo”, las políticas de Estado en nuestro país han sido dirigidas a privilegiar a las trasnacionales mineras, a los bancos, financieras y AFPs, y a los grandes grupos empresariales con toda clase de incentivos y favores, exoneraciones tributarias, liberación de tarifas, etc. Mientras tanto, el apoyo a los sectores productivos vinculados al pueblo -como las micro y pequeñas empresas o el agro- se mantuvo en niveles absolutamente insuficientes. Asimismo, el gasto social en salud, educación y alimentación quedo estancado, y se ignoraron las urgentes demandas de regiones y municipios por más recursos para inversión y desarrollo.
Se suponía que este trato favorable a los poderosos debería desembocar, a la larga, en una mejoría de las condiciones para todos, porque las grandes empresas –repletas de beneficios- crearían puestos de trabajos, aumentarían sueldos, pagarían más impuestos, e incrementarían sus donaciones a la población. Pero la realidad, tras quince años de esta política del “chorreo”, demuestra claramente que por más que el plato del rico rebalse, al pobre muy poco o nada le llega.

Así, aunque el Perú viene experimentado un periodo de crecimiento continuo, por más de 50 meses seguidos, con una alta tasa de incremento del Producto –que aumentó nada menos que 6.7% el año 2005- y con las grandes empresas registrando ganancias nunca antes vistas, lo cierto es que la población no se ve beneficiada por este auge, que sólo se refleja en las cifras macroeconómicas y en las cuentas bancarias de los poderosos, pero que no se siente en las calles, donde la inmensa mayoría de los peruanos lidian diariamente con el desempleo y el subempleo –bajo condiciones abusivas y con sueldos de hambre- donde la pobreza y la exclusión no han disminuido sensiblemente, y donde la falta de oportunidades y esperanzas condujo a medio millón de peruanos a marcharse del país el año pasado.

Así, el reciente informe de la UNICEF sobre gasto social en el Perú entre los años 2000 y 2005, confirma una amarga realidad: Más del 50% de la población vive en la pobreza. Pero además es muy reducido el monto de recursos destinados para atender las necesidades y carencias sociales. El nivel del gasto social en nuestro país -en salud, educación, nutrición, etc.- esta entre los menores de Latinoamérica. Increíblemente, el Perú apenas dedica al gasto social el 8% de su Producto (PBI), muy por debajo de lo que la Región dedica en promedio (15% del PBI).

Estos datos avergüenzan: Uruguay dedica al gasto social el 20% de su PBI, Argentina y Brasil el 19%, Costa Rica el 18%, Chile el 15%, todos estos países prácticamente duplicando o triplicando el gasto social del Perú. Hasta la empobrecida Bolivia (13.6% del PBI) dedica mayores esfuerzos a combatir la pobreza y la desigualdad. Realmente, que vergüenza.

Estas cifras escalofriantes son la evidencia de un crecimiento económico que no “chorrea”, y la justificación del malestar social y el rechazo popular a un sistema injusto y discriminador, donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Los peruanos estamos hartos de esperar, cansados de vivir abusados y excluidos. Exigimos reformas reales que permitan un manejo económico más justo y equitativo. Que las grandes mineras, los bancos y las grandes mineras paguen los tributos y regalías que tienen que pagar, para que haya recursos para dedicar al gasto social. Que el agro y los pequeños y micro empresarios sean realmente apoyados. Que la educación y la salud sean las prioridades en el Presupuesto. Que las regiones y municipios reciban lo que les corresponde por la explotación de sus recursos naturales para poder dedicarlos a proyectos de desarrollo local y regional. Que se emprenda una auténtica reforma del Estado, para que este funcione de manera profesional y transparente, con participación y vigilancia ciudadana, asegurando la eficiencia en el gasto social.

Esas son las reformas y cambios que el país exige. Por ello, exigimos al Gobierno entrante de Alan García, que cumpla con sus promesas, que no pretenda engañarnos con excusas y pretextos. Que el nuevo Gobierno escuche y atienda la demanda popular, porque no aceptaremos ni permitiremos que nos vengan nuevamente con promesas y cuentos del “chorreo”, ese “chorreo” que nunca ha funcionado ni funcionara.