Cuando el Sr. Giampietri fue seleccionado por García para su plancha electoral, fuimos muchos los que alertamos sobre el significado de tal designación, puesto que Giampietri –Vicealmirante retirado- participó directamente en la dirección de los luctuosos sucesos del Frontón, habiendo además encabezado la campaña de ataques contra la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Que García (él mismo cuestionado por el Frontón) nombrase a Giampietri su vicepresidente, debe entenderse como un desplante al tema de los derechos humanos y un desafió a la reconciliación nacional, pues Giampietri representa a los sectores más conservadores y retrógrados del pensamiento político; aquel que no le hace ascos a la idea de sacar los tanques a la calle para poner en orden a los “cholos” sí se ponen “reclamones”.
Esta preocupación por la presencia de alguien como Giampietri en el centro del poder político –con entrada libre a Palacio de Gobierno y posible ejercicio de la función presidencial- se incrementa sí consideramos sus recientes declaraciones sobre la inminencia de un “golpe de Estado”, efectuadas sin ninguna consideración por la incertidumbre y la tensión que pudieran crear entre la población.
Las afirmaciones de Giampietri, que ha salido de frente a hacer sonar sus tambores de guerra, buscando crear una sensación de enfrentamiento inminente, tienen que ser rechazadas de plano. Y es que esas conjeturas –sin pruebas concretas- sobre posibles conspiraciones y rebeliones, son en realidad lo que esta causando, deliberadamente, desestabilización política. García y su partido tienen la obligación de aclarar su posición oficial, señalando sí respaldan o no que las ocurrencias de Giampietri y de otros personajes ligados al APRA, como Benedicto Jiménez, que reclaman iniciar operativos de seguimiento y reglaje, como en la mejor época del Fujimontesinismo. Lo último que necesita el país es tener en el Gobierno a personajes con tendencias autoritarias.
El Perú quiere el cambio y voto por el cambio en estas elecciones. Aquellos candidatos y partidos –como Lourdes Flores y Unidad Nacional- que alababan el actual régimen económico, insistiendo en que no había necesidad de modificaciones ni reformas, se estrellaron contra la realidad de millones de peruanos descontentos, hartos de esperar por un “chorreo” que nunca se da, cansados de ver como sólo una minoría se beneficia y enriquece, mientras las grandes mayorías enfrentan diariamente la pobreza y la exclusión.
Ante la enorme presión popular por el cambio, los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta presidencial han tenido, les guste o no, que asumir el compromiso ante el país de emprender profundas reformas económicas y sociales y de atender urgentes demandas ciudadanas. El ganador de la elección, García, ahora no puede ni debe pretender renegar de sus promesas, que asumió públicamente, de llevar a cabo una reforma tributaria, renegociar los contratos del gas de Camisea, revisar los Convenios de Estabilidad Tributaria, enfrentar las abusivas tarifas de los grandes proveedores de servicios públicos, renegociar el Tratado de Libre Comercio, etc. El Perú quiere y exige el cambio. Eso esta claro.
Sin embargo, aún no se ha terminado de apagar los ecos de las elecciones y ya los representantes de la derecha económica y política están en plena campaña mediática, buscando bloquear y descartar cualquier posibilidad de que se emprendan reales reformas. Llamamientos a no “desestabilizar” al país, se mezclan con acusaciones y declaraciones alarmistas que buscan crear la sensación de que el país va a un proceso de enfrentamiento y que, por lo tanto, hay que imponer “mano dura” y poner “orden”. Así, se ha iniciado la satanización de las demandas populares, calificándolas como obra de subversivos y agitadores, sin querer reconocer ni entender que estas demandas son la expresión del legitimo descontento ciudadano. Y es precisamente en este esquema de la derecha –crear tensiones artificiales para justificar defender el “orden actual”- que las declaraciones de Giampietri entran en juego.
Los peruanos no aceptaremos que se deje cancha libre a quienes pretenden gobernar recurriendo al autoritarismo y el enfrentamiento, buscando el control sobre las fuerzas armadas, instrumentalizándolas como herramientas represivas, para que en el país nada cambie y los grupos de poder puedan seguir disfrutando de sus privilegios mientras millones de peruanos padecen abusos y exclusiones.
García y el APRA tienen que entender algo: el país no les regalado un cheque en blanco y por ello no pueden pretender imponer políticas unilaterales basadas en la exclusión y la represión, sino que tienen que cumplir con sus compromisos ante el pueblo y defender el dialogo y el consenso. Por ello, actitudes y declaraciones como las de Giampietri –que buscan provocar y fomentar el enfrentamiento- tienen que ser encaradas, dejando en claro sí dichas declaraciones representan o no la posición oficial del APRA. Quítenle sus tambores de guerra al Vicealmirante, que el Perú quiere una transformación con paz y justicia social.