Las provincias de Ayabaca y Huancabamba del departamento de Piura, en el norte del país, culminan hoy martes 30 de mayo, un paro de 48 horas que fue convocado por las organizaciones sociales y ronderas contra la ejecución del proyecto Río Blanco de la empresa minera Majaz. La medida de protesta que empezó cumplió ayer su primer día sin mayores incidentes.

Según informaron dirigentes de los ronderos, en las capitales de ambas provincias así como en las provincias cajamarquinas de San Ignacio y Jaén, el paro fue acatado de manera pacífica. Para hoy martes se han convocado movilizaciones. Por su parte, las autoridades policiales de Piura, enviaron contingentes policiales de 120 efectivos a esas provincias de sierra piurana.

Según se pudo conocer, el comercio en esos dos días no abrirá sus puertas. Las agencias de transporte de pasajeros que prestan servicio entre Huancabamba y Piura, señalaron que en los dos días habrá servicio, pues no han recibido notificación alguna por parte de los organizadores, para que se abstengan de vender pasajes. Asimismo, aseguraron su participación en la medida de fuerza, el gremio de mototaxistas, la asociación de licenciados, clubes de madres y comisiones de regantes de las comunidades campesinas de Segunda y Cajas, Chonta pampa, Huaricancha y Francisco Santa Cruz Huamán.

Esta medida de lucha se realizará en cumplimiento de lo acordado por el Frente de Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú, en protesta por la futura explotación minera del Proyecto Río Blanco, ubicado en la Comunidad de Segunda y Cajas en Huancabamba, pero que linda con las tres provincias, es decir con Ayabaca, Jaén y San Ignacio, que serían afectadas directamente por la contaminación del medio ambiente en perjuicio del ecosistema.

Las demandas concretas de este frente de desarrollo, es la derogatoria de los Decretos Supremos 022 y 023 que otorgan las concesiones mineras a Majaz y el cese de las operaciones de la empresa por encontrase ilegalmente establecidas en las comunidades de Segunda y Cajas en Huancabamba y Yanta, de Ayabaca.

De igual manera, exigen una consulta popular para decidir sobre el proyecto minero en las provincias involucradas e igualmente que brinden todas las garantías para el trabajo de la comisión de derechos humanos que investiga los sucesos producidos en la Minera y la renuncia del fiscal provincial, Félix Toledo Leiva.