Los cinco años de gobierno de Toledo han representado un implacable y sistemático sabotaje a las empresas públicas. Se les ha negado recursos, se han paralizando urgentes inversiones, se les ha impuesto administradores corruptos e incapaces, nombrados a dedo. Este sabotaje ha sido desarrollado no desde fuera, sino desde dentro del Estado mismo, por una cuadrilla de tecnócratas y lobbistas de alto vuelo –muchos de ellos reciclados del fujimontesinismo- dedicados a debilitar y desmantelar la presencia estatal en áreas como hidrocarburos, electricidad, puertos, servicios de agua y saneamiento, etc. ¿Su objetivo?, imponer la privatización de esos sectores de enorme valor estratégico y económico, para beneficiar a grandes grupos empresariales con los cuales están relacionados.
Esto explica el constante maltrato a las empresas publicas. A PETROPERU le están bloqueando la modernización de la Refinería de Talara, obra indispensable para poder seguir operando luego del año 2009, en que vence el plazo para adaptarse a nuevos estándares ambientales. Inclusive, el Gobierno ha observado la Ley para fortalecer PETROPERÚ y en el Congreso no debaten ni votan la insistencia. Por su parte, a ELECTROPERU le impidieron usar el gas de Camisea para producir electricidad barata, lo que habría beneficiado a millones de consumidores. A ENAPU le han negado repetidamente autorización para mejorar sus instalaciones en el Puerto del Callao, mientras le fuerzan a rebajar tarifas arbitrariamente, descapitalizando a la empresa. Asimismo, a SEDAPAL, Kuczynski le impidió desarrollar el Proyecto Marca II –que habría incrementado el abastecimiento de agua para Lima- y se perdió el financiamiento barato que tenía asegurado por el JBIC de Japón.
El Ministerio de Economía y Finanzas, PROINVERSION y FONAFE –todos bajo la batuta de Kuczynski- juegan al Gran Bonetón con el maltrato a las empresas estatales, culpándose unas a otras, enredando y demorando aun más urgentes inversiones. Por supuesto, es enorme el costo económico y social de tener empresas estatales artificialmente puestas en situación de crisis. Pero ese costo lo paga el pueblo, no la pandilla privatizadora, que proclama que la crisis de las empresas públicas demuestra que el Estado es “mal administrador” y que hay que privatizar, mientras se prepara para sacarle el jugo a su función pública puesta al servicio de grandes intereses privados.
Para desarrollarse, el Perú necesita sin duda de la actividad privada, que debe promoverse y defenderse. Pero igualmente, necesitamos de un Estado fuerte, con empresas públicas modernas y eficientes. El pueblo es conciente de ello y de la necesidad de defender la presencia estatal en sectores claves, para contribuir al bienestar social, a la redistribución de la riqueza y a regular precios claves. En otros países, las empresas públicas son apoyadas y fortalecidas, porque ellas son las agentes que defienden y salvaguardan los derechos e intereses nacionales. Sólo aquí, en Perú se da el escándalo de ver al Estado saboteado por una cuadrilla de mercenarios.
Los resultados de la primera vuelta son concluyentes: la derrota de Lourdes Flores y la derecha, defensores fervientes de la privatización del Estado, es un mensaje claro para los candidatos en la segunda vuelta: los Peruanos no queremos un Gobierno entreguista que remate el patrimonio público. Alan y el “Comandante” han prometido a diestra y siniestra mantener y fortalecer las empresas estatales, pero sospechosamente, al mismo tiempo están en juntas y coqueteos con los agentes de la pandilla privatizadora, como lo revelan los nombres para Ministro de Economía que Alan García esta barajando. ¿Cumplirán estos candidatos su palabra si llegan a Palacio de Gobierno? Lo dudo. Pero que estén advertidos que el pueblo no aceptará más engaños, pues estamos hartos de que los privatizadores y sus patrones se lleven en peso el patrimonio de todos.