Uno de los aspectos más preocupantes sobre el reciente siniestro en el ducto de Camisea –el quinto que sucede– es la actitud equívoca del Gobierno, con un Toledo y funcionarios que pretenden minimizar un problema de enorme gravedad, que amerita una profunda revisión del proyecto gasífero y la toma de decisiones radicales: la renegociación e incluso la eventual resolución del Contrato, si se comprueba que se ha actuado contra los intereses del Estado, desarrollando la explotación del gas en forma precaria, precipitada y descuidada, reflejando la mentalidad de un toledismo desesperado por sacar \"Camisea como sea\".

Este problema de un gobierno que no deja claro de qué lado juega, está encarnado en el comportamiento equívoco del Premier Kuczynski ante los repetidos incidentes en el poliducto Camisea y las responsabilidades de Transportadora de Gas del Perú (TGP), el Consorcio encargado de construir y operar dicho poliducto.

Sucede que la relación de Kuczynski con miembros del Consorcio es directa, de larga data, y no se limita a un par de saludos en alguna reunión. Muy por el contrario, él ha trabajado para estas empresas, desempeñando cargos de extrema confianza. Kuczynski ha reconocido que ha sido amigo del Presidente de Hunt Oil –integrante del Consorcio Camisea– durante 25 años, que fue asesor de dicha compañía, y que él fue quien trajo a Hunt Oil al Perú para participar en Camisea. Pero además, Kuczynski ha sido también Director de Tenaris, empresa del Grupo Techint –otro miembro del Consorcio–, habiendo renunciado a su cargo de Director recién en febrero del 2004, justamente cuando fue nombrado Ministro de Economía.

Así, tenemos a un Premier saltimbanqui, que va de un lado a otro de la mesa de negociaciones, pasando de representar a las compañías responsables por Camisea, a representar al Gobierno que debe exigir cuentas justamente a dichas compañías, dando pie a legítimas dudas. ¿Podemos creer que Kuczynski no tratará de lavarle la cara al Consorcio Camisea? ¿Podemos imaginarlo como fiscalizador diligente e exigiendo cuentas claras a sus colegas y asociados? ¿Podemos asumir que no le temblará la mano para sancionar a sus antiguos patrones?

Eso se conoce como \"Conflicto de Intereses\". En otras palabras: el gato de despensero. Mucho de ese conflicto de intereses ya se reflejó en las originales explicaciones de Kuczynski y su asesora de más peso sobre el siniestro en el poliducto: Primero, se alega un \"sabotaje\" cometido por no se sabe quién (quizás los marcianos). Luego se sale con la teoría de lo \"normal\": Es \"normal\" que el ducto tenga incidentes cada cierto tiempo. Es \"normal\" que en año y medio se den cinco casos de rotura y derrames. Es \"normal\" que este gasoducto que subsidiamos los peruanos con alrededor de US$ 180 millones de dólares –pagados con nuestras facturas de electricidad–parezca construido de cartón. Es \"normal\" que el Consorcio TGP se rehúse a pagar los casi S/. 10 millones de multas por los derrames anteriores. Todo es \"normal\" para nuestro Premier.

Pero hay cosas que no cuadran con la teoría de lo \"normal\" de Kuczynski: No es \"normal\" un gobierno que en vez de cautelar los intereses nacionales se desvela tratando de minimizar lo sucedido. No es \"normal\" un Premier que en lugar de fiscalizar, se dedica a inventar excusas para el Consorcio Camisea, mientras simultáneamente sabotea a una valiosa empresa estatal como PETROPERÚ. No es \"normal\" que altos funcionarios públicos, en vez de servir al Estado, se dediquen a ser los abogados, propagandistas y mandaderos –todo en uno– del Consorcio.

Algo está claro: Camisea debe desarrollarse, pero tiene que desarrollarse bien, con seriedad y eficiencia. El gas es demasiado importante y valioso para el Perú, como para consentir que se maneje con mentalidad de \"estamos entre amigos y aquí no pasó nada\". El país exige y merece que Camisea –que tanto nos ha costado a todos los peruanos– se administre con transparencia, responsabilidad y profesionalismo, y que por sobre todo, los intereses nacionales estén por encima de las componendas privadas.

Por ello, precisamente, personajes como Kuczynski y compañía están descalificados para representar y defender al Estado, visto su evidente conflicto de intereses.
¿Qué hacer ante lo sucedido? Se impone una auditoría integral del gasoducto, que tiene que realizarla un organismo internacional independiente, que nos garantice imparcialidad, porque, lamentablemente, con el Gobierno copado por los lobbistas del Consorcio Camisea, no hay garantía de que desde el Estado se pueda hacer una real fiscalización. Y por supuesto, el costo de esta auditoría lo debería pagar el Consorcio TGP y no el Perú. Además, el Sr. Kuczynski, el Ministro de Energía y Minas y el Presidente de OSINERG deberán rendir cuentas al Congreso y al país por sus acciones en relación con el Proyecto Camisea.

Pero, más importante: lo sucedido evidencia la necesidad de que el Estado tenga un rol más directo y protagónico en el sector de Hidrocarburos, demasiado importante y delicado para dejarlo al libre albedrío de empresas como el Consorcio TGP. Las reiteradas faltas y omisiones cometidas en el ducto de Camisea dan pie para revisar y, de ser necesario, resolver los contratos, imponiendo un nuevo esquema de explotación, con contratistas privados solventes y capaces, donde los intereses nacionales realmente estén asegurados, donde el Estado no se limite a ser el correveidile de las transnacionales y donde el gas de Camisea –que es de los peruanos– realmente se explote por y para los peruanos.