En diciembre del año pasado culminaron las llamadas rondas de negociación del Tratado de Libre Comercio, TLC con los Estados Unidos, EEUU, que Alejandro Toledo quiere firmar “Sí o sí”, con su par estadounidense, el guerrerista George W. Bush. Fiel a su estilo o mejor dicho a su espíritu de sardina, Toledo tuvo que enviar a su primer ministro, el ciudadano norteamericano Pedro Pablo Kuczynski encabezando la delegación peruana para que cierren a como dé lugar las negociaciones.
Mientras tanto, los gobiernos de Ecuador y Colombia, decidieron suspender o prorrogar sus negociaciones para presionar a los EEUU a modificar algunas de sus duras posiciones sobre todo en temas relacionados con la agricultura y la salud. Como ya lo hemos venido anunciando, EEUU exige que nuestros países desmonten su sistema de aranceles y protección en el agro, mientras ellos mantienen sus millonarios subsidios a sus productores. Y en el terreno de la salud, exigen una serie de condiciones para beneficiar a los grandes laboratorios de la industria farmacéutica.
El apuro de Toledo para culminar las negociaciones obedece a su interés personal de que sea en su gobierno cuando se firme el TLC. Para ello, no ha vacilado en acelerar el proceso, abandonar a sus aliados Colombia y Ecuador, e incluso pasar por encima del poder judicial para resolver los juicios pendientes con algunas empresas norteamericanas que tienen problemas con el Estado peruano.
Tal ha sido el apuro, que casi después de un mes de haberse cerrado las negociaciones, recién se ha podido publicar partes del acuerdo en idioma castellano y en Internet, pues los textos fueron difundidos solamente en inglés. Por otro lado, a pesar que oficialmente ya se han cerrado las negociaciones, es evidente que se ha continuado negociando de manera soterradas los temas referidos a la cuestión del agro. Esto ha llevado a que mientras el ministro del TLC Alfredo Ferrero, anuncie que ya no hay nada en discusión, su colega de Agricultura, haya tenido que reconocer que han quedado cuestiones pendientes en materia agrícola.
Sin embargo, no todo es color de rosa para las intenciones de Toledo de firmar el TLC. En el congreso norteamericano no existe la unanimidad que se desearía para ratificar este tratado. El antecedente más cercano es que el TLC con Centro América (CAFTA), solo fue aprobado con dos votos de diferencia; pero tampoco podrá entrar en vigencia pues EEUU exige a estos países que modifiquen sus legislaciones nacionales para adecuarse al CAFTA.
¿Tratado? ¿Acuerdo?
La naturaleza del TLC ha pasado aparentemente desapercibida. Lo que parecería ser apenas un tecnicismo o una cuestión formal, ha resultado siendo fundamental en el carácter del tipo de tratado que se firmaría. Como lo han señalado importantes publicaciones, como La Revista Agraria, incluso está de por medio una cuestión de soberanía.
En resumen, de lo que se trata es de señalar que no es lo mismo un “Tratado” que un “Acuerdo”. Según se ha establecido en las negociaciones, el TLC para el Perú, tiene el carácter de “Tratado”; ello supone, que nuestra legislación nacional, tiene que modificarse y adecuarse a los requerimientos del TLC. En el caso de un conflicto entre el TLC, si entra en vigencia, con una ley peruana, lo que prevalece es el “Tratado”.
Sin embargo, para EEUU, el TLC solo tiene el carácter de un “Acuerdo” (Acuerdo de Libre Comercio o Acuerdo de Promoción del Comercio, como ahora lo llaman). Esto significa que de acuerdo con la legislación norteamericana, en caso de un conflicto entre el TLC y una ley ordinaria de EEUU, ya sea federal o estadual, prevalece la ley. Es decir, una nueva asimetría o diferencia frente al TLC. Otra vez la ley del embudo: lo ancho para los norteamericanos y lo angosto para los peruanos.
Por ello, siguen intensificándose las protestas contra el TLC, como ha ocurrido en las últimas semanas de febrero, en Cusco y Arequipa. Y la luchas continuarán, sobre todo en el sector de la pequeña producción agropecuaria familiar y campesina, donde están más que convencidos que hay que parar al TLC. Y mucho más, si se pretendería ratificar por el este Congreso de la República, en el que salvo honrosas excepciones, están descalificados moral y políticamente para tomar decisiones que afectan el futuro del país.